Inflación: el Gobierno presiona por los aumentos y crece la tensión entre los súper y las empresas por el abastecimiento

Tras el sacudón que volvieron a reflejar los precios durante los primeros días de julio, el Gobierno aprovechó el cambio de gestión en el Ministerio de Economía y en la Secretaría de Comercio para volver a la carga con los controles de precios y los pedidos a los supermercados para que no acepten listas con aumentos superiores al 3,5 por ciento.

Así se los transmitieron los funcionarios esta semana a las empresas de consumo masivo y a las cadenas de retail, en el marco de la discusión por la inflación y el abastecimiento. Pero como ya sucedió en el pasado, estas bajadas de línea no son gratuitas, sino que generan enormes rispideces comerciales que atentan justamente contra lo que el Gobierno quiere evitar: que haya faltantes en las góndolas. Las empresas envían nuevas listas de precios, las cadenas las rechazan y luego comienza el tironeo. Y ésa es la intensa negociación que se está dando por estas horas entre los proveedores y los súper.

Luego del encuentro con el Gobierno, la Asociación de Supermercados Unidos (ASU) remarcó que se trabajó sobre la necesidad de reforzar los mecanismos de detección de alertas tempranas para informar sobre posibles faltantes en categorías críticas y se refirió a los “bajos niveles de entrega de mercadería por parte de la industria”. Los supermercados transmitieron la “preocupación de los clientes ante la tensión entre las nuevas listas de precios que se reciben y el abastecimiento suscitado en los últimos días”.

Pero las empresas se defienden y aseguran que están entregando de forma normal y de acuerdo a los promedios mensuales históricos. “Lo que sucede -dicen en la industria- es que la demanda se incrementó entre 20% y 25% y en eso hay mucho de especulación”. Y las cadenas justifican estos mayores pedidos con un mayor consumo, que puede atribuirse al temor a la escasez, no sólo porque las empresas optan por comercializar en canales donde pueden ajustar más los precios, sino también por las restricciones a las importaciones de insumos, que pueden generar problemas en la producción. De hecho, hubo en los últimos días problemas con el papel higiénico, por ejemplo. Y hay amenazas con otros alimentos como el café.

De acuerdo con fuentes del sector comercial, en los últimos días las empresas enviaron a los supermercados listas con incrementos que oscilan entre el 5% y el 15% y los argumentos fueron variados: desde la incertidumbre política, el dólar, las restricciones para importar y las paritarias. Pero el Gobierno volvió a comprometer a las cadenas y a plantearles que no acepten listas superiores al 3,5%, ya que, de lo contrario, contribuirán a generar una inflación mayor. La gran pregunta es si este esquema es sostenible y si podrán, de esa forma, evitar los problemas de abastecimiento en algunas categorías básicas.

Tampoco hay una norma escrita, como fue el caso de los precios máximos de 2020, donde las empresas no tenían opción. Ahora, como sucedió durante gestiones de Comercio anteriores, los pedidos, como así también los compromisos, son verbales. En la práctica, luego la cadena intenta obtener la mejor negociación posible con su proveedor para seguir recibiendo la mercadería y vender.

Los intentos del nuevo secretario Martín Pollera, quien llegó a la Secretaría con un perfil más parecido al de Roberto Feletti que al de Guillermo Hang, buscan atenuar en parte lo que será la inflación de alimentos de este mes, que igualmente ya acumula, según la consultora LCG, un incremento del 4% en las primeras dos semanas. Con estos datos, la firma mantiene su proyección de que la suba de precios de julio oscilará entre el 6% y el 8%. Hoy el Indec dará a conocer el número de junio, que habría superado el 5%, una cifra alta para un mes que es estacionalmente bajo en materia inflacionaria.

De todos modos, lo que pueda lograr el flamante equipo a partir de las presiones a proveedores y supermercados es poco en relación a la incidencia que tienen las cadenas en la medición del IPC. El canal tradicional representa el 70% de las ventas de consumo masivo y es ahí donde las empresas aplican los mayores aumentos, que son imposibles de controlar. Por otra parte, aseguran en la industria, no permitir trasladar los aumentos de costos a los precios genera, a la larga, una olla a presión que desborda por algún lado. La lectura generalizada del sector empresario es que, con esta estrategia, el Gobierno está buscando ganar tiempo para tratar de generar un cambio de expectativas a partir de los anuncios que se están realizando en materia económica.

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