Renunció el último funcionario que respondía al ex ministro Guzmán

Se trata de Diego Bastourre, ex secretario de Finanzas, quien había sido designado por el saliente ministro de Economía en el directorio del BCRA. Silvina Batakis, a cargo del Palacio de Hacienda, colocaría en su reemplazo a un economista ligado a Massa

Diego Bastourre presentó hoy su renuncia al directorio del BCRA

El ex secretario de Finanzas, Diego Bastourre, quien había sido designado como director del Banco Central por el ex ministro de Economía Martín Guzmán renunció hoy a su cargo y se espera que en las próximas horas la flamante titular del Palacio de Hacienda, Silvina Batakis, anuncie a Pablo Mayer Carrera como su reemplazante.

Se trata de un funcionario cercano al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa.

Bastourre presentó hoy su dimisión ante las autoridades del Banco Central. El funcionario saliente se desempeñó desde 2005 y hasta diciembre de 2019 como economista e investigador de la Subgerencia General de Investigaciones Económicas del BCRA. Luego pasó a ser secretario de Finanzas, cargo que ocupó hasta el inicio de 2021 cuando volvió a la dirección de la autoridad monetaria.

En tanto, Pablo Mayer Carrera, su posible sucesor en el directorio del Central, es director general de Inversiones del FGS y licenciado y Magister en Economía de la Universidad de Buenos Aires. Además es profesor en la Maestría en Finanzas y la Especialización de Mercado de Capitales de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Calificadas fuentes oficiales indicaron a Infobae que hay una intención de coordinar de forma más virtuosa el manejo de la deuda en pesos luego del derrumbe del último mes, con la interacción entre el Ministerio de Economía, el Banco Central y el FGS de la Anses, a partir de conversaciones desarrolladas entre la ministra Silvina Batakis y el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa.

El objetivo es comenzar la coordinación formal entre el nuevo secretario de Finanzas, Eduardo Setti, con Lisandro Cleri y Federico D´Angelo del FGS; y el propio Pablo Mayer Carrera.

Cabe destacar que en medio de la tensión financiera, el Gobierno ofrecerá un incentivo para que los bancos sigan comprando bonos soberanos y permitir la refinanciación de la deuda. El objetivo de la medida es que el BCRA respalde las colocaciones de bonos en pesos ofrecidas por el Ministerio de Economía.

La operatoria, acordada entre la ministra de Economía, Silvina Batakis, y el presidente del Central, Miguel Pesce, comenzará a aplicarse en la licitación de deuda que se realizará este miércoles. Con el objetivo de reducir la volatilidad de los precios de los instrumentos del Tesoro, ofrecerá a las entidades la opción de venta (put option) sobre títulos del Gobierno Nacional adjudicados a partir de julio de 2022 y que tengan vencimiento antes del 31 de diciembre de 2023.

Además, el BCRA continuará participando en el mercado secundario para reducir la volatilidad de los instrumentos del Tesoro y, para los títulos de deuda adjudicados a partir de julio de 2022, con posturas de compra al precio similar al valor de la licitación primaria más un spread máximo de 2%.  

El Banco Central ya compró más de 1,2 billones de pesos en títulos para sostener sus precios, pero a cambio de incrementar la emisión monetaria, lo que provoca mayor inflación, según alertan analistas de mercado. 

Los “put” serían un paso más de la entidad para reforzar la promesa oficial de que no habrá un reperfilamiento, confiaron fuentes oficiales.  La puesta en práctica de este sistema se está realizando entre técnicos del Central y el nuevo secretario de Finanzas, Eduardo Setti.  

Este miércoles el Tesoro deberá cubrir vencimientos por apenas $11.000 millones, pero a fin de mes vencerán $ 480.000 millones y en septiembre otros $ 1,2 billones. Con este respaldo, el Gobierno busca despejar las dudas sobre la capacidad para renovar la deuda.

Este jueves el Directorio del BCRA realizará su reunión habitual, en la cual prevé analizar una suba de tasas de interés, incluidas las de plazos fijos. También reduciría de cuatro a tres meses el plazo mínimo que los bancos pueden colocar depósitos en papeles del Tesoro, encajes por los cuales obtienen un rendimiento.

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