El anticipo del Presupuesto 2023: las metas fiscales que Guzmán le dejó a Batakis y los duros objetivos para el próximo año

Uno de los últimos temas con los que trabajó Martín Guzmán antes de presentar su renuncia como ministro de Economía fue el adelanto del Presupuesto 2023, en coordinación con el equipo técnico del FMI y que marcaría la dirección de la política económica que tendría su gestión el año próximo. La nueva jefa del Palacio de Hacienda Silvina Batakis deberá definir si continuará ese camino en el proyecto de ley definitivo que se presenta a mediados de septiembre o buscará modificaciones.

Si bien el adelanto del presupuesto no los incluye, la negociación técnica con el FMI ya incluía algunos supuestos macroeconómicos para el año próximo: el déficit primario debería según esa hoja de ruta reducirse desde 2,5% del PBI hasta 1,9% del Producto. El techo de emisión monetaria sería de 0,6% del PBI (1% este año) y acumulación de reservas por USD 4.000 millones.

De todas formas, la hoja de ruta también plantea que el PBI crecería en 2023 en un 3%, lo que marcaría una desaceleración respecto del 4% que aguardaba Guzmán para este año. Analizado por componentes del Producto, el consumo privado avanzaría 3,2%, la inversión un 4,8%, las exportaciones un 8,1% y la importaciones un 5,6 por ciento.

También proyecta una inflación de 57% para 2022 -la actualización acordada con el FMI incluía un 62% como tope-, que se reduciría a 50% el año próximo, 44% en 2024 y 33% en 2025. El tipo de cambio nominal mayorista para fines de 2023 se espera en $223,5, lo que implicaría una actualización de 49,5 por ciento, indicó el documento.

Respecto a la exportaciones, el Gobierno ya estima que este año superarían los USD 100.000 millones anuales, lo que implicaría una suba de 17,4 por ciento, mientras que las importaciones orillarían los USD 90.000 millones. Para 2023, en tanto, prevé ventas al exterior por poco más de USD 105.000 millones y compras por casi USD 95.000 millones.

Como se trata de un presupuesto plurianual, también incluye estimaciones para 2024 y 2025, años en los que espera un 2,8% y 2% de mejora del PBI, respectivamente.

El anticipo presupuestarios que dio a conocer el Poder Ejecutivo este miércoles marca como prioridad la creación de “condiciones de estabilidad” que “vuelvan sostenible en el tiempo” el crecimiento económico. En ese sentido marcó tres prioridades de gestión de la política fiscal, entre ellos un tema espinoso para el Gobierno nacional como los subsidios y las tarifas.

Por un lado, marcó que “el objetivo de crecimiento con generación de empleo debe ser acompañado de condiciones de estabilidad que lo fortalezcan y lo vuelvan sostenible en el tiempo. En este sentido, el Gobierno Nacional entiende que la acumulación de reservas es una condición necesaria para el fortalecimiento de los instrumentos para reducir la inflación al que debe alinearse el conjunto de la política macroeconómica”.

Por otro, apuntó que buscará “mejorar la focalización de las transferencias al sector privado, optimizando los efectos multiplicadores y la progresividad general del gasto. En este sentido se está avanzando en establecer nuevas pautas y condicionalidades para la asignación de subsidios energéticos. Esta segmentación de subsidios se llevará adelante teniendo en cuenta las condiciones socioeconómicas de los hogares con el objetivo de mejorar el impacto distributivo en la asignación y así, su focalización”.

En otro aspecto, aseguró que el Presupuesto del año próximo necesitará “priorizar la inversión de capital, como así también en ciencia y tecnología. El incremento progresivo del gasto de capital sobre el gasto total es un objetivo que apoya la consolidación de la tendencia de crecimiento. Un pilar fundamental de la política económica es que la inversión pública complemente la inversión privada, como en el caso del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner, cuya primera fase se espera que esté terminada a mediados de 2023 y que reduzca una gran parte de las importaciones de energía y por ende el costo general del sistema energético”.

Por último, el tercer eje será “mantener una política de seguridad social activa. Se actualizarán los montos de las Jubilaciones y Pensiones, Asignaciones Familiares, de la Asignación Universal por Hijo, etc. También se envió a ese Honorable Congreso el proyecto de ley para la creación del Sistema Integral de Cuidados de Argentina (Sinca), que genera un registro de trabajadores y trabajadoras del cuidado y destina un presupuesto particular a la ampliación de la infraestructura pública de cuidados”, menciona el anticipo presupuestario.

El programa económico que Guzmán le legó a Batakis “planteará metas fiscales que se basan en una combinación de crecimiento del gasto público en términos reales que apuntalan la demanda agregada y, como correlato, un incremento de los recursos fiscales de la mano de un aumento de la actividad, el empleo y los ingresos reales”, afirma ese documento.

Y por último, prevé “una reducción gradual del déficit sumado a un mayor financiamiento vía crédito en moneda doméstica y financiamiento de Organismos Internacionales y Bilaterales de créditos permiten tener como objetivo una reducción gradual de las transferencias”.

Al anticipar la acciones de política económica para el año próximo, el anticipo elaborado por Guzmán había puesto especial énfasis en la necesidad de “repriorizar” el gasto en obra pública a través de la selección de proyectos, un tema que formó parte de las negociaciones con el Fondo Monetario.

“Con el objetivo de lograr una mayor eficacia y eficiencia en el gasto de capital, y, a la vez, enlazar el actual crecimiento económico con los objetivos de mediano y largo plazo en materia de estabilidad macroeconómica, se establecieron criterios de selección y priorización de proyectos en la demanda de inversión”, menciona el documento.

“En primer lugar, se priorizarán los proyectos que se encuentren en ejecución, ya sea para reponer como para ampliar el stock de capital y, dentro de los de mayor envergadura, los que cuenten con estudios de prefactibilidad. Luego, con la intención de asegurar la sostenibilidad del crecimiento económico y mejorar el contexto socioeconómico nacional, se establecieron criterios de priorización para seleccionar los proyectos a iniciar en 2023″, continuó.

En ese sentido, marcó cinco criterios para continuar o no un proyecto de inversión pública: si incrementa las posibilidades de generar empleo; si incorpora desarrollo tecnológico; si aumenta las exportaciones o reduce las importaciones; si morigera los desequilibrios regionales o bien si adapta o mitiga el cambio climático

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