Qué gastos deberá recortar Batakis en la segunda mitad del año si quiere mantener y cumplir el acuerdo con el FMI

La primera mitad del año cerró con un Gobierno que expandió el gasto público en términos reales -muy por encima de la inflación- el cual pone presión a la meta de déficit fiscal primario que acordó con el Fondo Monetario Internacional. Ese aumento de las erogaciones y de emisión monetaria por parte del Banco Central para asistir al Tesoro podría implicar un riesgo cambiario y de precios que necesitan evitar en los próximos meses. La salida de Martín Guzmán del Ministerio de Economía vino acompañada por dudas sobre la continuidad del programa económico vigente con el FMI, algo que deberá definir la Casa Rosada en los próximos días.

Días antes de su renuncia, Guzmán había intentado anticipar algunas señales de que el Ministerio de Economía perfilaría un segundo semestre como de “consolidación” fiscal. En ese sentido, el decreto presupuestario que actualizó partidas y fondos para todas las áreas del Estado y que Guzmán dejará como herencia para el próximo inquilino del Palacio de Hacienda plantea que, en términos reales, algunos ítems terminarán con un recorte en comparación con el año previo.

El acuerdo con el FMI cumplió en la última semana tres meses de vida y ya debió someterse a una recalibración de metas, principalmente por las dificultades que tuvo el Gobierno para cumplir con la hoja de ruta original en términos de gasto público y de acumulación de reservas, que en el Poder Ejecutivo identifican como el objetivo más relevante y más difícil de alcanzar al mismo tiempo.

Según la recalibrada hoja de ruta, el Gobierno ganó un margen de $308.000 millones para el tope de déficit primario en medio de la aceleración del gasto público de los últimos dos meses, y consiguió que la exigencia de acumulación de reservas sea USD 700 millones más leve que en el programa original.

El desempeño de política económica del Gobierno hacia el fin del segundo trimestre que finalizó el último jueves -y que a priori sería evaluado por el Fondo Monetario entre agosto y septiembre- contó con nuevos márgenes de acción, lo que simplificaría el cumplimiento de los objetivos comprometidos.

Un informe de Analytica, con datos oficiales acumulados a mayo sostiene que “en base a nuestro modelo de consistencia macro-financiera, el déficit fiscal acumulado en el primer semestre se ubicaría en $650.000 millones, unos $83.000 millones por encima de la meta”. Guzmán, en una de sus últimas actividades como ministro, el jueves por la tarde, había asegurado que el Gobierno se perfilaba para haber cumplido todas las metas del segundo trimestre con el FMI.

Dónde habrá podas

Los desafíos no serán menores. Uno que el FMI marcó como central será “moderar la demanda interna” en el marco del cumplimento de la meta de reducción del déficit fiscal.

“Cumplir con el objetivo de déficit fiscal primario del 2,5% del PBI en 2022 es fundamental para moderar la demanda interna, limitar la financiación monetaria del déficit y apoyar la acumulación de reservas, y requerirá implementación y seguimiento de los compromisos presupuestarios”, destacaron.

Las metas recalibradas del acuerdo con el FMI implican que entre el segundo trimestre y el tercero el rojo fiscal primario -es decir, el que no toma en cuenta el pago de intereses de la deuda- podría incrementarse hasta los $1,14 billones. Como referencia, hacia fines de junio la meta trimestral fue, como tope, de $874.000 millones. Y hacia fines de diciembre el tope sería de $1,88 billones. Ese salto entre el objetivo del tercero y del cuarto trimestre se explica en que por cuestiones estacionales es un momento de fuerte alza del gasto.

Para Invecq, el decreto presupuestario que el Gobierno presentó hace dos semanas “vuelve a reafirmar el objetivo de 2,5% del PBI de déficit fiscal primario para fin de año, manteniendo lo que ya se venía trabajando en línea con el acuerdo firmado con el FMI. Sin embargo, el análisis de la dinámica que viene tomando el gasto en los primeros meses del año así como de su evolución esperada, comparado con el crecimiento observado y proyectado de la actividad económica, deja en evidencia que cumplir tal meta será, cuanto menos, desafiante”.

“El déficit acumulado del primer cuatrimestre se incrementó casi 3,5 veces respecto al mismo período del año anterior, y el gasto primario lleva siete meses aumentando a un ritmo muy superior a la inflación. Combinado con un crecimiento económico que ya muestra señales de desaceleración y será apenas cercano al 3% este año, es difícil que se pueda mejorar la marca del 2021, cuando el déficit fiscal alcanzó el 3% del PBI”, manifestó.

Otro reporte, de PxQ, en tanto, consideró que “el Gobierno parece querer utilizar el anuncio de la demorada segmentación tarifaria para poner al gasto público en una trayectoria compatible con la meta del FMI”.

“También en el marco de las señales, Economía aclaró que el resultado fiscal del primer semestre estuvo afectado por aumentos transitorios en las prestaciones sociales debido a la aceleración de la inflación producto del shock internacional. Sin embargo, a priori no parece que la reducción de los subsidios vaya a ser suficiente para alcanzar la meta fiscal de -2,5% para 2022″, explicó la consultora fundada por el ex viceministro de Economía Emmanuel Álvarez Agis.

Si bien no dio demasiadas precisiones, el Gobierno había asegurado ante el FMI: “Estamos repriorizando el gasto a través de modificaciones en bienes y servicios, transferencias corrientes, subsidios y priorización de gastos de capital. Finalmente, manejaremos cuidadosamente la masa salarial del sector público, para asegurar que crezca consistentemente con la tasa de crecimiento de la economía, mientras que el gasto en pensiones continuará siguiendo la fórmula de las pensiones”, dio como pista sobre cómo manejará el gasto en la segunda mitad del año.

Algunos de los números que dejó plasmado el Gobierno en su decreto presupuestario hacen prever por dónde pasaría la “consolidación fiscal” del segundo semestre que debería encarar el Poder Ejecutivo, salvo algún cambio de planes que acompañe al reemplazante de Guzmán. De acuerdo a un trabajo realizado por la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), el gasto corriente pasará de representar el 20,5% del PBI al 20,1% cuando finalice este año.

Al analizar por sectores también se puede ver qué áreas del gasto perderán peso a lo largo de 2022 y cuáles ganarán en esa “repriorización” que hará el Poder Ejecutivo. El gasto en jubilaciones y pensiones, con el aumento de partidas, pasará de equivaler al 7,6% del PBI hasta 7,8%, con sus $5,7 billones presupuestados. También ganará un leve terreno la inversión real directa, que pasará de representar 0,5% del tamaño de total de la economía a 0,6 por ciento.

Otras áreas, por su parte, perderán peso. Los gastos de capital en conjunto (está incluida la mencionada inversión real directa) pasarán de implicar el 2,6% del PBI al 2,1%, con un fondeo total de $1,5 billones. En ese sentido, habrá un ajuste de las transferencias de capital, que eran de 1,8% del PBI en 2021y con sus actuales $995.000 millones serán el 1,3% del PBI. La inversión financiera también retrocedería desde 0,2% a 0,1% del PBI.

Otro ejercicio que hizo la OPC fue medir qué cambios hubo desde el proyecto de Presupuesto 2022 original que había presentado Guzmán en el Congreso (y que fue rechazado) en comparación con el fondeo que determinó por decreto. Los sectores que más fondos “perdieron” en términos nominales fueron la inversión real directa (25,1%) y la inversión financiera (13,8 por ciento).

El porcentaje de ejecución de partidas, en ese sentido, podría dar otra pista sobre ese camino. Con números hasta esta semana, la ejecución presupuestaria era de 41,54% en términos generales. Ministerios como los de Mujeres, Géneros y Diversidad (55,9%), Desarrollo Social (49,6%), Trabajo (45,7%) están por encima del promedio, mientras que otros como Agricultura (26,4%), Ciencia y Tecnología (26,5%) Cultura (30,5%), Ambiente (34,6%), Transporte (35,6%), Salud (37,7%) y Obras Públicas (38,5%) están más subejecutados.

Sobre este último área del Estado, en detalle: la Dirección Nacional de Vialidad ejecutó el 38,5% de sus partidas totales, mientras que el Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento lo hizo en 55,56 por ciento.

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