Aviones, cuentas bancarias y propiedades en la mira: un grupo de fondos del exterior buscan embargar activos argentinos para cobrar juicios

Un grupo de fondos de inversión que realizaron juicios contra la Argentina activaron en los tribunales de los Estados Unidos reclamos para buscar embargos sobre activos nacionales en el extranjero, como hace algunos años lograron los fondos buitre con la fragata Libertad en medio del cruce judicial por la deuda en default.

Los activos de bandera argentina que podrían estar en la mira van desde cuentas bancarias que pertenezcan al Estado nacional en entidades financieras extranjeras hasta propiedades o aviones que formen parte del patrimonio de empresas públicas o con mayoría de tenencia estatal. Es una de las estrategias a las que suelen acudir fondos acreedores en juicio contra el país para intentar forzar el pago de sus sentencias.

Según recopiló Sebastián Maril, CEO de Latam Advisors, hubo en las últimas semanas novedades en los tribunales que dan a entender que algunos fondos intentarán avanzar en este tipo de acciones legales y buscar así una prenda de negociación con el Gobierno argentino. De acuerdo a Maril, en la mayor parte de los casos se corresponde con fondos que ganaron juicios por deuda que cayó en default y cuyos tenedores decidieron no ingresar en los canjes de deuda que abrió el Estado nacional.

Hay, en ese aspecto, un arco variopinto de litigantes, desde fondos inversores hasta tenedores individuales, que con su sentencia firme a favor y sin posibilidad de que los abogados apelen, avanzan hacia lo que se conoce como el enforcement, es decir, la ejecución de ese fallo judicial.

Maril lo lista de esta manera: por un lado, el fondo Attestor y Bainbridge, como los fondos inversores que ya iniciaron reclamos para conseguir cobrar sus sentencia por la vía de la confiscación de activos argentinos en suelo extranjero. “El primero fue Attestor, en noviembre de 2021 pidió el embargo de activos argentinos en la reserva federal de Nueva York. Según el Presupuesto 2020 había unos 35 millones de dólares depositados para utilizar como collateral (garantía) para los bonos brady de la década del 80, y no los repatrió nunca”, dijo ante Infobae.

El caso Attestor podría tener novedades pronto, ya que este mismo miércoles ese fondo y los abogados que representan al Estado argentino tuvieron una audencia con la jueza Loretta Preska, que podría determinar si esos 35 millones de dólares pueden ser objetos de un embargo como el que solicita Attestor, más allá de que su reclamo judicial sea en realidad por un monto más alto, de unos 68 millones de dólares.

Un segundo caso que enumera Maril es el del fondo Bainbridge. Al igual que Attestor, son acreedores que no ingresaron en las propuestas de canje de deuda defaulteada y que fueron hasta el final por la vía judicial para cobrar la totalidad de su tenencia de los títulos viejos, sin quita. Se trata, en este caso, de un reclamo de 96 millones de dólares.

“Bainbridge ayer pidió certificar en otra jurisdicción la sentencia firme de Thomas Griesa. Cuando se certifica un fallo en otra jurisdicción lo que están intentando es que ese fallo se cumpla en otro estado, seguramente porque haya activos argentinos”, consideró Maril. Hay otros dos casos en el radar, pero aún no avanzaron en concreto hacia embargos contra la Argentina: son Trinity Investments (USD 163,4 millones por reclamo de deuda en default) y Titan Corsortium (USD 325 millones por un caso en el tribunal del Ciadi sobre Aerolíneas Argentinas).

Otro ejemplo, tal como lo reflejó Infobae, es uno en que la jueza Loretta Preska le ordenó al Banco Nación en Nueva York, entregar información para embargar activos y pagarle a un bonista que sigue en cesación de pagos y que tiene una sentencia favorable. Se trata de Roberto Fiore, un tenedor que, con apenas 1,9 millones de euros, sigue generando reclamos que le provocan dolor de cabeza al estado argentino por el default del 2001, según precisó Maril.

Maril informó que la jueza Preska, quien heredó las causas que llevó adelante el juez Thomas Griesa, le ordenó a la sucursal del Banco Nación en Manhattan que brinde “documentos, mails, información sobre cuentas o cualquier objeto, para iniciar una inspección (Discovery) con el propósito de embargar activos y para pagar una sentencia a un acreedor con bonos en default”.

Por ahora, la entidad que preside Eduardo Hecker no formuló comentarios sobre este caso, que fue patrocinado por el estudio Melchionna PLLC’s de Manhattan y caratulado como “Renzo Beltramo versus la República Argentina”.

En términos generales, explica Maril, el reclamo de embargo sobre activos de un país es utilizado como parte de una estrategia dura de negociación con el Estado al cual busca cobrarle su sentencia a favor. “En el caso de los holdouts intentaron embargar pagos de deuda, pero si Argentina enviaba esa plata, por orden judicial quedaba embargada. Estuvo también el caso de la fragata Libertad, pero puede ser cualquier activo argentino salvo lo que tenga inmunidad diplomática, como es una embajada. La embajada argentina en Washington tiene una propiedad abandonada que no usa y un fondo intentó embargarla, pero la corte falló en contra”, ejemplificó Maril.

También, abundó, podría aparecer en esa lista de activos en la mira “aviones, en caso de que pertenezcan a Aerolíneas Argentinas o que la justicia pueda determinar que se trata de un alter ego (una figura legal del derecho comercial que implica que determinado ente pueda ser equiparado, por ejemplo, al Estado argentino)”, dijo Maril. “También podrían ser activos de YPF o de Arsat”, continuó.

“Mauricio Macri y Cristina Kirchner hicieron un buen trabajo porque repatriaron y ‘escondieron’ muchos activos de este tipo. Este tipo de estrategia suelen ser utilizadas más que nada como extorsión. Lo embargan para negociar, tienen abogados expertos para este tipo de cosas, pero obviamente a un fondo no le interesa tener una fragata, no la puede vender”, concluyó Maril.

La cuestión de los embargos de activos argentinos por parte de litigantes en cortes extranjeras trae a la memoria el caso de la fragata Libertad, la embarcación insignia de la Armada Argentina que fue confiscada por fondos buitre en 2012 en un puerto de Ghana, luego de que el fondo NML de Paul Singer consiguiera que un tribunal de ese país retuviera la nave en Accra, la capital de ese país.

El fondo buitre utilizó ese embargo como una prenda de negociación en el duro intercambio que sostenían en ese momento con el gobierno de Cristina Kirchner como parte del juicio de los holdouts en Nueva York, que buscaban tener un tratamiento igualitario respecto a los tenedores de bonos reestructurados a quienes el Gobierno le pagaba habitualmente intereses.

El reclamo sobre la fragata Libertad fue llevado por la Casa Rosada ante el Tribunal Internacional del Mar y a Naciones Unidas, que le dieron la razón a la Argentina al considerar que se trataba de un buque de guerra, por lo que gozaba de inmunidad soberana y no podría ser embargado. De esa forma, la fragata regresó al país en los primeros días de enero de 2013, tres meses después de ser confiscada.

¿Podría volver a sucederle lo mismo a la fragata Libertad en el futuro? Para Maril la respuesta es incierta más allá del antecedente del Tribunal del Mar, el buque insignia de la Armada estará cerca de territorio hostil: entre julio y agosto amarrará en el puerto de Baltimore, a 300 kilómetros de Nueva York, como parte de su 50° viaje de instrucción que comenzó en abril.

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