Con las nuevas medidas que impactan sobre el sector importador, el Banco Central apunta a un ahorro de por lo menos USD 1.000 millones mensuales de sus reservas al menos hasta septiembre, considerando que las nuevas restricciones cambiarias se prolongarán al menos un trimestre. No se trata, aclaran en la entidad, de una caída del volumen de importaciones, sino de un cambio en la modalidad de pago: los incrementales respecto al año pasado deberían conseguirse a través de la financiación de las propias casas matrices de las compañías o de sus proveedores.
Posiblemente se termine dando un resultado intermedio: algunas empresas podrán conseguir esa financiación por 180 días que exige el BCRA, pero otras deberán necesariamente reducir el volumen de importaciones.
El Central justificó las nuevas restricciones en materia de comercio exterior a las “necesidades extraordinarias” de divisas para atender la importación de energía. Las compras de gas licuado de petróleo y de gasoil y fueloil provocaron un fuerte desbalance cambiario sobre todo en junio. Al revés de lo que se esperaba y lo que es habitual en esta época del año, el BCRA acumula un fuerte saldo vendedor en el mes, a pesar del fuerte ingreso de dólares de la cosecha gruesa.
Hasta el viernes, el rojo llegaba a USD 600 millones, cuando en años anteriores llegó a rozar un saldo positivo de casi USD 2.000 millones. Ayer la situación empezó a cambiar, pero de manera artificial. Las nuevas reglas provocaron, como es costumbre, un freno total del comercio exterior hasta clarificar los alcances. Eso le permitió al BCRA quedarse con un saldo de USD 250 millones, que posiblemente se sostenga en valores parecidos en los próximos días.
La acumulación de reservas es, además, una de las exigencias del FMI en el marco del acuerdo firmado en enero. Si bien el objetivo establecido para el trimestre no se cumplió, tanto el Gobierno como el organismo decidieron flexibilizar la meta trimestral, pero se sostiene el objetivo de sumar USD 5.800 millones de reservas netas durante todo el año.
Tras una reunión con el titular del BCRA, Miguel Pesce, desde la UIA advirtieron que las nuevas restricciones podrían generar problemas para la producción. Y prometieron seguir evaluando el impacto de las medidas. El peligro latente es que los faltantes de productos importados o que dependen de insumos importados, se agudicen en los próximos meses.
Las medidas tendrán una duración de tres meses, pero lo más probable es que se prorroguen porque el frente cambiario seguirá complicándose. El endurecimiento del cepo tendrá consecuencias sobre la producción y no está claro si evitará finalmente una devaluación brusca del tipo de cambio oficial
La particular lectura del BCRA ante las nuevas restricciones es que “se impulsa la recuperación del crédito comercial que Argentina vio caer significativamente como efecto de la pandemia por Covid 19″.
En la práctica, existen fuertes dudas respecto a la viabilidad de las empresas de acceder a la financiación de sus importaciones por 180 días, cuando superen en un 5% los montos del año pasado. Para las grandes empresas la situación puede ser más sencilla, que en general cuentan con proveedores de muchos años y tienen margen para obtener mayor crédito comercial. Pero para las empresas más chicas la situación podría complicarse sustancialmente. Además, el BCRA también estableció nuevas reglas para evitar que se adelanten importaciones, lo que también representa un desafío adicional para el sector.
Las pequeñas y medianas empresas, aclararon desde el BCRA, quedan exceptuadas de las exigencias vigentes de financiar sus importaciones por un incremento de 15% respecto al año anterior, con un límite de hasta un millón de dólares anuales.
Más allá de las disposiciones incluidas en la Comunicación “A” 7.532, el BCRA también informó que dispuso en coordinación con el Ministerio de Desarrollo Productivo ampliar las posiciones arancelarias de bienes equivalentes a los producidos en el país que tendrán acceso al mercado a partir de 180 días y la de bienes suntuarios que podrán acceder a partir de los 360 días. Es decir que se ampliará la lista de productos importados cuya compra deberá ser financiada a seis meses y un un año de plazo. En los hechos significará que una importante cantidad de bienes finalmente no podrán ingresar al no contar con esta facilidad financiera.
Entre otros puntos se aclaró además que “se facilitará la prefinanciación de exportaciones”, por lo que se supone que más compañías podrán acceder a esta modalidad en el mercado local. “Esto acelerará el ingreso de divisas especialmente del complejo cerealero, pasando la obligación de liquidar las divisas que se ingresen de 5 a 15 días, y la financiación a largo plazo para precancelar deudas locales en moneda extranjera”.
SEGUIR LEYENDO:
Últimas Noticias
Dónde invertir los dólares del blanqueo: claves del mercado inmobiliario y a qué prestar atención para una operación exitosa
Pymes industriales: en noviembre la producción aumentó 3,9% respecto de octubre
Papá Noel “carry trade”: ¿cuántos regalos más puede llevar al arbolito?
¿Qué hacer ante un shock externo negativo?
