La maldita herencia de la deuda en default nunca se termina: la jueza Loretta Preska le ordenó al Banco Nación en Nueva York, entregar información para embargar activos y pagarle a un bonista que sigue en cesación de pagos y que tiene una sentencia favorable.
Se trata de Roberto Fiore, un tenedor que, con apenas 1,9 millones de euros, sigue generando reclamos que le provocan dolor de cabeza al estado argentino por el default del 2001, según precisó el experto en deuda Sebastián Maril.
Maril informó que la jueza Preska, quien heredó las causas que llevó adelante el juez Thomas Griesa, le ordenó a la sucursal del Banco Nación en Manhattan que brinde “documentos, mails, información sobre cuentas o cualquier objeto, para iniciar una inspección (Discovery) con el propósito de embargar activos y para pagar una sentencia a un acreedor con bonos en default”.
Por ahora, la entidad que preside Eduardo Hecker no formuló comentarios sobre este caso, que fue patrocinado por el estudio Melchionna PLLC’s de Manhattan y caratulado como “Renzo Beltramo versus la República Argentina”.
No es el único expediente, indicó Maril: “Hoy Argentina tiene Discovery para pedido de embargos en los siguientes casos: Attestor Master Value USD 68 millones (este ya embargo USD 35 M el año pasado); Trinity Investments USD 163,4 millones; Bainbridge Fund USD 93 millones; Titan Corsortium USD 325 millones (por Aerolíneas, en un caso del CIADI); y el de Roberto Fiore por 1,9 millones de euros”.
“Todos los discoveries excepto en de Aerolíneas, son por deuda en default y no reestructurada 2005 y 2010: los famosos Holdouts”, indicó Maril a Infobae.
“Son ‘pequeños’ problemas que no solucionamos y se vuelven grandes dolores de cabeza, especialmente cuando los dólares escasean”, apuntó.
En los canjes del 2005 y 2010, el gobierno argentino logró sumar al 93% de los acreedores que cayeron en default luego de la declaración de cesación de pagos del gobierno argentino a fines del 2001. En 2011, luego de 10 años de esa decisión argentina, el juez Thomas Griesa empezó a dictar sentencias cuando el gobierno argentino le cerró la puerta al resto de los bonistas -los denominados “fondos buitre” e inversores institucionales e individuales que sí querían negociar- con una “cláusula cerrojo”.
En 2014, la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos dejó en firme los fallos contrarios al país porque la presidenta Cristina Kirchner y el ministro Axel Kicillof decidieron cancelar a último momento un acuerdo al que habían llegado el Banco Central y un grupo de bancos nacionales y extranjeros para solucionar el problema.
En 2016, el gobierno de Mauricio Macri retomó las negociaciones con los fondos que tenían fallos favorables y acordó por medio del equipo del ministro Alfonso Prat Gay una salida negociada con una quita cercana al 30% -convalidado por el Congreso- y un importante recorte en los intereses devengados desde fines del 2001.
En 2020, el gobierno de Alberto Fernández realizó a través del ministro Martín Guzmán otra reestructuración de la deuda con los acreedores privados, que logró una amplia adhesión del 99% de los participantes, aunque, al no generar pagos inmediatos y no llevarse adelante en un clima de recuperación de la confianza de los inversores, no se tradujo en una mejora de la situación financiera local en los mercados, tal como se refleja en los débiles precios de los bonos argentinos, tanto bajo ley nacional como extranjera, con un riesgo país que hoy se acercó a los 2.500 puntos básicos.
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