El directorio del FMI aprobó la primera evaluación de metas que hizo el staff del organismo y habilitó un recálculo de las mismas para los próximos tres trimestres, incluido el que termina esta semana. Según la recalibrada hoja de ruta, el Gobierno ganó un margen de $308.000 millones para el tope de déficit primario en medio de la aceleración del gasto público de los últimos dos meses, y consiguió que la exigencia de acumulación de reservas sea USD 700 millones más leve que en el programa original.
El desempeño de política económica del Gobierno hacia el fin del segundo trimestre que finaliza este jueves -y que será evaluado por el Fondo Monetario entre agosto y septiembre- tendrá nuevos márgenes de acción, lo que simplificaría el cumplimiento de los objetivos comprometidos. “Una nueva repriorización de nuestras políticas garantizará el logro de nuestros objetivos fiscales para fin de año, que consideramos esenciales para cumplir también con nuestros objetivos de acumulación de reservas y financiamiento monetario para fin de año”, mencionó el Gobierno en un nuevo memorando de entendimiento publicado este viernes por el FMI.
“Ante las incertidumbres sin precedentes que están afectando nuestra recaudación de ingresos y las prioridades de gasto, estamos listos para continuar priorizando el gasto público, incluida la asignación entre transferencias, capital y gastos corrientes, en el futuro para garantizar que se cumpla nuestra meta fiscal de fin de año”, continuó el Poder Ejecutivo en su propio informe técnico tras la primera evaluación trimestral, y al hacer un diagnóstico de la marcha de su política en este segundo tramo del año.
El Gobierno ganó un margen de $300.000 millones para el tope de déficit primario en medio de la aceleración del gasto público de los últimos dos meses, y consiguió que la exigencia de acumulación de reservas sea USD 700 millones más leve que en el programa original
En ese sentido, el Gobierno solicitó -y el FMI aprobó- un reajuste nominal de metas como el déficit primario, el límite de asistencia monetaria desde el Banco Central al Tesoro, la deuda flotante, el mínimo de recaudación tributaria y de erogaciones en programas sociales, que responden además de a un cambio de “estacionalidad” del gasto -entre mayo y junio el Poder Ejecutivo gastará $210.000 millones en el refuerzo de ingresos para el sector más vulnerable del mercado laboral y para jubilados-, a una nueva nominalidad proyectada, tras el cambio en la estimación de inflación anual hasta 62 por ciento.
Pasado en limpio: hasta este jueves el Ministerio de Economía tendrá una meta de techo al déficit primario que será de $874.000 millones. Como referencia, en el acuerdo original firmado en marzo, ese tope era de $566.000 millones, un incremento levemente superior a los $300.000 millones. De acuerdo a datos de la Secretaría de Hacienda con números acumulados a mayo -a falta de un mes- el Gobierno tenía un rojo fiscal primario de $462.000 millones. De esta manera, el Estado tendría un margen adicional de gasto superior a los $400.000 millones en junio.
En un tramo del memorando, el Gobierno aseguró: “Estamos repriorizando el gasto a través de modificaciones en bienes y servicios, transferencias corrientes, subsidios y priorización de gastos de capital. Finalmente, manejaremos cuidadosamente la masa salarial del sector público, para asegurar que crezca consistentemente con la tasa de crecimiento de la economía, mientras que el gasto en pensiones continuará siguiendo la fórmula de las pensiones”, dio como pista sobre cómo manejará el gasto en la segunda mitad del año.
Otro indicador exigible por parte del FMI que fue recalibrado fue el límite para la asistencia monetaria del BCRA al Tesoro, que de los tres objetivos centrales del acuerdo aparecía, a priori, como el menos complejo para cumplir aún con las cifras originales del programa. Con el nuevo recálculo, el tope de $438.500 millones pasó a ser de $475.800 millones. En ese aspecto, el número acumulado de financiamiento monetario del déficit hasta la semana pasada era de $292.000 millones, según datos del BCRA.
Por último, la meta de acumulación de reservas, que aparecía como la más difícil de alcanzar. La hoja de ruta elaborada antes de la puesta en marcha del acuerdo preveía un acopio de divisas en la autoridad monetaria de USD 4.100 millones hacia el fin del segundo trimestre. Con la revisión y recalibración que habilitó el FMI ese objetivo intermedio pasó a ser de USD 3.450 millones, lo que implicaría USD 650 millones de margen. El Gobierno considera que puede alcanzar esa meta gracias al financiamiento neto de Derechos Especiales de Giro (DEG) que envió el Fondo y por los nuevos giros desde organismos bilaterales y bancos de desarrollo por unos USD 600 millones de acá a fin de mes.
Hasta este jueves el Ministerio de Economía tendrá una meta de techo al déficit primario que será de $874.000 millones. Como referencia, en el acuerdo original firmado en marzo, ese tope era de $566.000 millones, un incremento levemente superior a los $300.000 millones
Con un plano menor de exigencia, otros objetivos que forman parte del acuerdo también fueron recalculados. La meta de deuda flotante, que es la diferencia entre el gasto contabilizado en la base caja y lo efectivamente devengado, pasó de $535.900 millones hasta $612.200 millones. Como nota técnica, el FMI solicitó que en esa cuenta los denominados gastos figurativos (es decir, transferencias intra sector público) pasen a ser considerados, algo que no tenía lugar en el acuerdo original.
El piso de recaudación tributaria que estima el programa con el FMI fue reestimado hacia arriba: pasó de 4,7 billones de pesos hacia fines del trimestre que termina este jueves hasta 5,1 billones. También cambió el mínimo de gasto en programas sociales seleccionados (Asignación Universal por Hijo, Tarjeta Alimentar y Becas Progresar) que tendrán un piso garantizado de fondeo de $332.000 millones, cuando anteriormente era de $318.000 millones, un margen mayor de solo $14.000 millones.
En el nuevo memorando, el Gobierno consideró que “el entorno global se ha vuelto cada vez más desafiante y se ha extendido a nuestra economía”. “Si bien no se espera que estos acontecimientos tengan un impacto material en el crecimiento de Argentina o el balance externo, están generando una mayor inflación y una presión al alza sobre los subsidios a la energía, aunque el impacto total de estos shocks externos continúa evolucionando”, explicó el Poder Ejecutivo.
“Reconociendo las implicaciones del entorno global cambiante en nuestra economía, hemos vuelto a priorizar nuestras políticas para proteger a los más necesitados y salvaguardar la estabilidad macroeconómica a través de la implementación firme de programas”, continuó.
Con la recalibración, la meta de reservas pasó a ser de USD 3.450 millones, lo que implicaría USD 650 millones de margen. El Gobierno cree que puede alcanzarla por el financiamiento neto que envió el Fondo y por los giros de organismos bilaterales y bancos de desarrollo por unos USD 600 millones
“Abordar la alta inflación persistente a través de la implementación continua de nuestra estrategia múltiple sigue siendo de suma importancia. En este sentido, seguimos comprometidos con la implementación decisiva de nuestro marco mejorado de política monetaria y cambiaria para alentar la demanda de activos en pesos y lograr nuestras metas de acumulación de reservas”, mencionaron los funcionarios involucrados en la negociación.
“Se espera que la inflación disminuya gradualmente durante el transcurso de este año y en 2023–24 a medida que se disipe el impacto del shock de precios de las materias primas y la implementación de nuestra estrategia múltiple para abordar la inflación dé sus frutos”, dijo sobre la inflación el Gobierno, cuyo pico atribuyó centralmente al alza de precios internacional por la guerra en Ucrania.
“Las perspectivas económicas de Argentina dependerán significativamente de la evolución de los shocks externos, incluida la guerra en Ucrania, y la magnitud y duración de los efectos indirectos asociados. Conscientes de estos riesgos y reconociendo el espacio limitado de políticas y el financiamiento disponible, estamos listos para adaptar nuestras políticas según sea necesario para asegurar la estabilidad macroeconómica a través del cumplimiento continuo de los objetivos del programa”, continuó el paper presentado por el Gobierno al FMI.
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