La actual crisis energética mundial, ahondada por los altos precios internacionales del petróleo y el gas a raíz de la invasión rusa y la guerra en Ucrania, es la tercera más importante de los últimos 50 años, después de los shocks petroleros de 1973 y 1979, destacó en un reciente informe especial la revista británica The Economist.
Se presenta, además, en medio de la llamada “transición energética” azuzada por la necesidad de revertir, contener o al menos aminorar el cambio climático y sus consecuencias mediante la “descarbonización” de la matriz energética mundial, que hoy depende en un 84% del petróleo, el gas natural y el carbón, tres hidrocarburos.
El cierre de la provisión de gas y petróleo rusos a Europa (por voluntad mutua) tiene efectos paradójicos: desde respuestas de urgencia contrarias al objetivo final, como la reactivaciónd de centrales térmicas en base a carbón en Alemania, hasta la vuelta de la carta nuclear, que había sido dañada por el accidente en 2011 en la central de Fukushima en Japón.
A dos puntas
La apuesta a la electrificación y la electromovilidad, con la automotriz Tesla como caso de alta visibilidad, impulsó la inversión en la extracción de minerales clave, como níquel, cobalto, grafito y litio, desarrollo a priori favorable a la Argentina, que conforma con Chile y Bolivia un “triángulo de litio” que en la Argentina abarca Catamarca, Jujuy y Salta.
La apuesta a la electrificación y la electromovilidad, con la automotriz Tesla como caso de alta visibilidad, impulsó la inversión en la extracción de minerales clave. La otra es el hidrógeno
La otra, tecnológicamente más desafiante pero a priori más “limpia”, es al hidrógeno, el gas más abundante del universo, pero unido a otros elementos en estados líquidos, gases o sólidos. Su principal ventaja es que su combustión produce agua y es un vector de energía, y sus desafíos, que requiere energía para su separación, además de resolver la logística de almacenaje y transporte.
Lo cierto es que países técnicamente avanzados, como Alemania, Japón y Corea del Sur están interesados en producir hidrógeno en la Argentina a partir de fuentes renovables como la eólica (los vientos de la Patagonia) y la solar (provincias del NOA). De ahí lo de “Hidrógeno Verde”.
Con las provincias del norte enfocadas en la explotación del litio, el sur picó en punta por el Hidrógeno, y Río Negro primereó entre las patagónicas: el primer paso de su arquitectura legal data de 2003, cuando sancionó la ley provincial 3.796 que declaró “de interés provincial toda actividad que se desarrolle para la obtención de hidrógeno para su uso como combustible”, dispuso una partida presupuestaria para financiar “estudios, implementación y uso progresivo del hidrógeno a través de convenios con el Invap y otros organismos” e instituyó un premio “al aporte al desarrollo del hidrógeno como combustible, en el ámbito científico y técnico”.
Inversión australiana
En agosto 2021, además, la gobernadora Arabela Carreras firmó un “Acuerdo Marco” sobre Hidrógeno Verde con el entonces ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Matías Kulfas, y el exrugbier Agustin Pichot en representación de Fortescue, una empresa australiana. Esta presentó un proyecto de “Iniciativa Privada” que la legislatura provincial convirtió en la ley 3.494.
Y en noviembre último, después de anuncios de Fortescue en la Cumbre del Clima en Glasgow, de una potencial inversión de USD 8.400 millones que el presidente Alberto Fernández y el canciller Santiago Cafiero celebraron como hecho, Carreras firmó el decreto 1433 de “cesión” de 625.000 hectáreas de tierra para el proyecto de la firma australiana.
“Se aprobó por unanimidad”, dijo a Infobae el secretario de Planificación rionegrino, Daniel Sanguinetti, y fue el paso “de anuncio a proyecto concreto”, con expedientes administrativos y documentación entre Fortescue y el estado provincial.
Actualmente, agregó Sanguinetti, “la empresa está haciendo todo tipo de estudios”, desde el izamiento de mástiles para medir vientos y definir la exacta ubicación de los parques eólicos, hasta la localización y diseño del puerto de salida y la ingeniería de producción y transporte. Antes de elegir Río Negro, Fortescue había recorrido varias provincias, dijo el funcionario provincial. Lo que ahora falta, agregó, es una ley nacional que brinde un marco y seguridad jurídica a la inversión en el sector. La venía trabajando, con gran reserva, el exministro Kulfas. Un allegado al tema dijo a Infobae que el nuevo ministro, Daniel Scioli, ya señaló que avanzará con el proyecto.
Fuego y Viento
Más al sur, Tierra del Fuego levantó la mano a partir de sus vientos y su comodín financiero, el régimen de promoción fueguino, sancionado en 1972 (ley 19.640 y normas complementarias, que el actual gobierno nacional prorrogó hasta 2038). La exención a “industrias” de los impuestos al Valor Agregado, Ganancias y Aranceles de Importación es una ventaja que la estadounidense MMEX dio por hecha cuando recientemente anunció una inversión de USD 500 millones para construir un campo eólico de hasta 300 MW y una planta de electrólisis para producir 55 toneladas de hidrógeno verde por día, 100% para exportación.
“Conocemos bien la Argentina y la entrada a través de Tierra del Fuego, que es una zona franca; un proyecto centrado en la exportación es la mejor vía para instalarse”, dijo en su momento a Infobae Nabil Katabi, gerente de Financiamiento de Proyectos de MMEX.
Viento, agua, ¿condición fiscal?
La aplicabilidad de la promoción fueguina al hidrógeno tiene, sin embargo, sus bemoles, al punto que en una reciente presentación en el Consejo Federal de Inversiones, Martín Guglielmone, exdirector del Enargas y fundador de Fractal ARG -consultora especializada en Hidrógeno que asesora a la secretaría de Asuntos Estratégicos de la Presidencia de la Nación, a cargo de Gustavo Béliz- marcó la necesidad no solo de marcos legislativos provinciales y nacionales específicos, sino también la de asegurar que el régimen fueguino rija para la inversión en el sector.
A la presentación asistieron Béliz, el gobernador fueguino, Gustavo Melella, el vicecanciller Pablo Tettamanti y, por el Ministerio del Interior, la secretaria de Provincias, Silvina Batakis. Melella relativizó las dudas sobre la aplicabilidad del beneficio fiscal diciendo que “no solo Tierra del Fuego sino la Argentina deberían sentirse orgullosas del desarrollo tecnológico a partir del régimen fueguino”. Gracias a él, subrayó, Mirgor (empresa de Nicolás Caputo, amigo “de la vida” del expresidente Mauricio Macri) en plena pandemia de coronavirus produjo 2.000 respiradores en 45 días, cuando en la Argentina se producían 30 por mes. “Tenemos viento, agua y condición fiscal, la ley tiene 50 años (y 16 más por delante), lo que brinda seguridad jurídica para invertir en la provincia”, dijo el mandatario fueguino.
Tenemos viento, agua y condición fiscal, la ley tiene 50 años (y 16 más por delante), lo que brinda seguridad jurídica para invertir en la provincia (Melella)
Por cierto, las posibilidades son apetitosas. Guglielmone expuso un estudio de Fractal, investigadores del Conicet y especialistas de Chile que estimó que a partir de una zona de vientos al norte de Río Grande, un área de “suficiente tierra inhabitada”, la isla tendría una capacidad de 6 a 10 Gigas de electricidad/año; esto es, entre 15 y 25% de los 40 Gigas de capacidad instalada actual de la Argentina.
Los puntos más débiles, reconoció, son el transporte al exterior (puertos de Rotterdam, en Europa, y de Kobe, en Japón) y el costo del capital. Prudente, Guglielmone expuso un caso de 2 Gigas anuales, que exigiría un parque de entre 190 y 390 km2 de extensión, electrolizadores de tecnología alcalina y uso de agua de mar a tratar por planta de ósmosis inversa. Así se podrían exportar USD 700 millones anuales en forma de “amoníaco verde”, menos riesgoso que el hidrógeno, cuya condensación aún presenta desafíos, aunque la tecnología avanza rápidamente. Para aspirar a 2,5 G, precisó el experto, hacen falta USD 6.000 millones de inversión, más de la mitad en parques eólicos. “Son órdenes de magnitud”, subrayó a Infobae.
Inversiones de miles de millones de dólares parecen de fantasía en una Argentina cuya tasa de “riesgo-país” llegó el viernes a 2.400 puntos básicos, pero el interés internacional está ahí, y seguramente el presidente Alberto Fernández apelará a él este fin de semana cuando asista como invitado a la Cumbre del G7 en Munich, Alemania, a la que llegará tras participar, también como invitado, en la Cumbre de los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), donde se abstuvo de condenar la invasión rusa a Ucrania y elogió al régimen chino, un aliado de Moscú.
En cualquier caso, ofrecerse como solución energética no sonará muy creíble por parte de un país en el que en más del 80% de las provincias falta gasoil justo cuando el sector económico más eficiente del país más lo necesita.
Donde los cóndores se atreven
Los enormes parques eólicos para producir volúmenes significativos de “Hidrógeno Verde” son, a su vez, un reto ambiental. La Fundación BioAndina Argentina ya planteó que los 625.000 hectáreas (6.250 km2) de parques eólicos que planea Río Negro llevarían a la desaparición del “Cóndor Andino” en la Costa Atlántica. “Estamos muy preocupados: el cóndor andino se había extinto por un siglo; pudimos devolverlo a su antigua área y hace 30 años trabajamos en el programa de Conservación”, dijo Eduardo Jacome, presidente de la Fundación.
Más de 600.000 hectáreas de aerogeneradores en la Meseta de Somuncura, dijo, borrarían ese esfuerzo. “Las aspas de los aerogeneradores, que uno ve girar despacito, en realidad van a 100 kilómetros por hora y acabarían con la población de cóndores en la costa”, explicó.
“Algunas organizaciones o fundaciones son alarmistas en sus presentaciones”, dijo en tanto Sanguinetti, el secretario de Planificación rionegrino, que subrayó que es posible la “convivencia” a partir de planes de manejo y mitigación y subrayó que la provincia creó un “Instituto del Hidrógeno Verde” que, con la Universidad Nacional de Río Negro, investigará los efectos ambientales y temas químicos y sociales asociados al proyecto y las energías renovables. La meseta de Somuncura, explicó, “no es una zona ni productiva, ni habitable; casi no hay actividad humana”.
La Universidad Nacional de Río Negro, investigará los efectos ambientales y temas químicos y sociales asociados al proyecto y las energías renovables (Sanguinetti)
La provincia, explicó, tiene 4 millones de hectáreas de tierras fiscales. De momento, la cesión es por un año, para la etapa de estudios definición técnica e ingenieril del proyecto, en el que la energía eólica generada se transmitiría por cables de alta tensión a Punta Colorada, en la parte costera de Sierra Grande, donde se emplazaría el complejo químico, cercano a su vez al puerto de salida del hidrógeno o amoníaco verde.
Aunque la extensión señalada en el caso de Tierra del Fuego es menor, también allí podrían surgir objeciones a parques eólicos que podrían intersectarse con rutas de aves migratorias.
Otros aspirantes
También Santa Cruz, cuya gobernadora, Alicia Kirchner, se reunió este viernes con el ministro Daniel Scioli, y Chubut apuestan al potencial eólico. El diputado nacional chubutense Gustavo Menna dijo que su provincia tiene “los mejores vientos”, con una tasa de aprovechamiento del 70%, al tope de la capacidad de generación eólica del mundo.
En la costa provincial sobre el Atlántico, contó Menna a Infobae, hay una ola de compra de campos para proyectos eólicos, “pero se trata de un sector capital intensivo y han dicho que es necesaria una ley”.
Por cierto, la propia provincia no dio buenas señales cuando la legislatura de Puerto Madryn presentó una ordenanza para imponer una suerte de “impuesto al viento” que detraería unos USD 20 millones anuales de los parques eólicos ya existentes, lo que motivó la queja de la Cámara Argentina de Energías Renovables (Cader).
Sanguinetti, el ministro de Planificación de Río Negro, aclaró a Infobae que la provincia no tiene ninguna idea de aplicar ningún tipo de “impuesto al viento”, aunque sí regalías por la cesión de tierras a quienes exploten los parques eólicos.
En Chubut, el gobierno provincial exhibió su instinto al imponer el “Fondo Ambiental Patagónico” y gravar, entre otras, a las plantas terrestres de procesamiento de pescado, a las que empezó a enviar intimaciones de pago. Más aún, hace 10 días, el gobernador Mariano Arcioni alentó el corte de rutas para impedir la salida de la provincia a camiones con productos de pesca que llevan su producción a procesar a Mar del Plata, localidad a la que acusó de “trabajar en negro”.
Más allá de lo que haga el actual gobierno chubutense, la provincia tiene antecedentes como para reclamarse pionera de hecho alberga el primer proyecto en funcionamiento, a pequeña escala, de Hidrógeno Verde. Se trata de Hychico, empresa de la petrolera y petroquímica Capsa, que a 20 kilómetros de Comodoro Rivadavia desarrolló la primera planta de Hidrógeno Verde del país, por electrólisis de agua, y el primer reservorio natural de Hidrógeno, a 800 metros de profundidad, que carga a través de un hidrógenoducto de polímero.
¿Y dónde está el proyecto?
Pero la cuestión pendiente más importante es qué normativa nacional regirá las inversiones en hidrógeno. Es la perla que completaría la “Estrategia Nacional de Hidrógeno 2030″ en la que trabaja la secretaría de Asuntos Estratégicos que encabeza Béliz. En su discurso del 1 de marzo de 2021, al abrir el período de sesiones ordinarias del Congreso, Alberto Fernández dijo que la enviaría al Congreso, una promesa aún pendiente.
Según Béliz, “el hidrógeno nos une, más allá de la grieta”, pues podría ser “un puente geográfico entre provincias para consolidar el federalismo, un puente productivo para alinear los esfuerzos del sector público y el sector privado y un puente exportador, para una integración regional y global inteligente”.
Sin embargo, ninguno de los gobiernos provinciales interesados conoce el proyecto que trabajaba Matías Kulfas, quien en su última salida internacional, en una conferencia sobre Hidrógeno en Barcelona, España, admitió que el gobierno nacional y las provincias analizaba la posibilidad de aplicar derechos de exportación al hidrógeno que la Argentina todavía no produce. Por esos mismos días, el físico Juan Carlos Bolcich, presidente de la Asociación Argentina del Hidrógeno, advirtió que para el desarrollo del nuevo combustible es necesario “que las regulaciones no se conviertan en un exceso”.
En 2006 el Congreso aprobó una “Ley de promoción del Hidrógeno” que impulsaba una serie de incentivos durante 15 años. Nunca se reglamentó y venció en 2020
Bolcich, un pionero del tema, sabe de qué habla. En 2006 el Congreso aprobó una “Ley de promoción del Hidrógeno” que impulsaba una serie de incentivos durante 15 años. Nunca se reglamentó y venció en 2020, al cabo una vida vegetativa durante su supuesto período de vigencia.
Quien sí presentó un proyecto de “Ley del Hidrógeno” fue el chubutense Menna. La necesidad de un marco legal, le dijo a Infobae, fue evidente a partir de 2019, cuando Japón explicitó su interés importador y era necesario cambiar la Ley 26.123 (que nunca entró en vigencia), pues no distinguía el “hidrógeno verde” de otras variedades no tan ambientalmente amigables.
Sigue siendo una asignatura pendiente.
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