El directorio del FMI aprobó las metas del primer trimestre del acuerdo con la Argentina y desembolsará USD 4000 millones al país

El directorio del organismo se reunió para aprobar las pautas del período enero-marzo y girarle al Gobierno el dinero para pagar los próximos vencimientos; qué ocurrirá con las metas del segundo trimestre

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El Gobierno espera una flexibilización
El Gobierno espera una flexibilización de las metas trimestrales para evitar el pedido de un "waiver"

El directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó en Washington las metas del primer trimestre del año del acuerdo que firmó con la Argentina para el pago del crédito de USD 44.000 millones.

Según Reuters,el directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó el viernes la primera revisión del acuerdo con Argentina por una deuda de 44.000 millones de dólares, dijo una fuente con conocimiento del tema. La aprobación permite que el organismo realice el desembolso de unos 4.000 millones de dólares”.

El Gobierno confiaba en que el trámite fuese favorable para poder recibir USD 4000 millones que servirán para pagar los próximos vencimientos con el organismo multilateral que conduce Kristalina Georgieva.

El equipo económico afirma que las metas del período enero-marzo se cumplieron, aunque los expertos afirman que la meta fiscal se logró con la ayuda de contabilidad creativa respecto de la valuación de los bonos que tiene el Tesoro.

El problema es la segunda serie de metas trimestrales, que vencerán la semana que viene, que están bajo presión por el bajo nivel de acumulación de reservas que consiguió el Banco Central y la aceleración del gasto público de los últimos meses. Por esa razón, el Gobierno espera que el Fondo Monetario Internacional habilite hoy un recálculo de esos objetivos previstos para fin de junio, de modo tal de no poner en peligro el cumplimiento del acuerdo.

El encuentro tuvo dos temas en la mesa: por un lado, la aprobación de la primera evaluación de metas, es decir las que tuvieron lugar hasta el 31 de marzo. Con esa luz verde llegará el segundo desembolso de divisas hacia el país desde que se puso en marcha el acuerdo. En marzo habían sido 7.000 millones de Derechos Especiales de Giro (DEG), lo que representó unos USD 9.700 millones, de los cuales quedaron en forma neta en el Banco Central unos USD 6.300 millones tras el pago de intereses al propio organismo.

El Gobierno espera que, con la aprobación de las metas, lleguen USD 4000 millones del FMI para poder seguir pagando los vencimientos al organismo multilateral

Ese segundo desembolso desde Washington implicará USD 4.000 millones para el Banco Central, aunque una parte de ese total se utilizará para devolver el préstamo Stand By de 2018 al Fondo, de acuerdo al calendario vigente. De acá a finales de septiembre, la Casa Rosada tiene comprometidos pagos al organismo por poco más de USD 4.900 millones más.

De todos modos, tanto en Buenos Aires como en el staff del FMI entienden que la discusión del cumplimiento de las metas del primer trimestre no fue el tema más importante del encuentro. El debate que vale es el que llegará después: cómo marchan -en forma provisoria, ya que la evaluación formal será en agosto o septiembre- los objetivos trimestrales del período que va de abril hasta la semana que viene. Es en ese momento en que los números se vuelven más nebulosos.

Esto se debe a que la intención del Ministerio de Economía, que cuenta con el aval del equipo técnico del Fondo Monetario, es “recalibrar” las metas intermedias trimestrales, es decir, modificar la secuencia de acumulación de reservas y de déficit primario por la que el Gobierno llegaría a cumplir los objetivos anuales previstos, que no fueron modificados.

Martin Guzman y Miguel Pesce
Martin Guzman y Miguel Pesce

El argumento oficial es que, en términos de acumulación de divisas en el Banco Central, por ejemplo, el impacto de la guerra fue tal que la estacionalidad habitual de ingreso fuerte de dólares a la autoridad monetaria por la liquidación del complejo agroexportador se vio trastocada por el gasto adicional que tuvo que hacer el Poder Ejecutivo para pagar las importaciones de energía para los meses fríos a precios mucho más altos que el año pasado. En realidad, la desconfianza, el fuerte pago de importaciones y la alta brecha cambiaria conspiraron contra este objetivo.

En el frente fiscal, afirman, hubo un alza del gasto público por el refuerzo de ingresos que el Gobierno determinó para un sector del mercado laboral y para jubilados, que tendría un costo para el Tesoro que rondará los $210.000 millones y que impactarán en las cuentas públicas de mayo y junio. Además de un incremento en los subsidios energéticos por el shock de precios internacional, que se sumaron a una inflación que ya era alta previamente al inicio de la guerra en Ucrania, en torno del 53% anual en febrero.

Ese segundo giro de dólares desde Washington implicará USD 4.000 millones más para la autoridad monetaria, aunque una parte de ese total se destinará a devolver el préstamo Stand By de 2018 al Fondo Monetario

Estos dos aspectos, según el equipo económico, llevaron a la necesidad de recalibrar las metas trimestrales que finalizan el 31 de junio. Según estimaciones privadas, el Banco Central solamente pudo recuperar un cuarto de los USD 4.100 millones que debería haber acumulado a esta altura del año. En los despachos oficiales aseguran que contaban, a esta altura del año, con desembolsos de financiamiento neto de organismos internacionales como el BID, el CAF o Fonplata que ahora se esperan recién para el tercer trimestre, que podrían “reajustar” la meta hacia abajo; hay una demora en el desembolso de los bancos, que para Washington se debe a la pobre ejecución del Gobierno.

Las pautas trimestrales expresadas en pesos tienen, en ese sentido, un factor adicional que podría hacerlas cambiar en el corto plazo: la nueva estimación de inflación que blanqueó el Gobierno la semana pasada luego de presentar el decreto presupuestario. Así, la expectativa oficial de suba de precios pasó de tener un tope de 48% anual acordado con el FMI a un rango de entre 52% y 62%, aún así lejos de las previsiones del sector privado, que se ubican por encima del 72%.

Foto de archivo - Edificio
Foto de archivo - Edificio del Fondo Monetario International (FMI) en su sede de Washington, Estados Unidos. REUTERS/Yuri Gripas

La pauta original con el Fondo preveía que a fines de junio el rojo primario debería ser, como mucho, de $566.000 millones. Con los datos oficiales hasta mayo, ese número acumulado sería de $462.000 millones, por lo que el margen de acción fiscal que tendría el Gobierno para este mes sería de poco más de $100.000 millones más de déficit primario, un objetivo que resultaría ambicioso considerando que en junio impactará la segunda parte del pago de refuerzo de ingresos por unos $85.000 millones.

Además, en relación con la asistencia monetaria desde el Banco Central al Tesoro Nacional, el número acumulado hasta este miércoles era de $292.000 millones, según datos del BCRA, con una meta trimestral que finaliza la semana próxima de $438.500 millones. Esta meta sería la menos compleja para cumplir para el Gobierno, más allá de que ese límite, al estar expresado en pesos, pueda terminar por cambiar con la nueva proyección inflacionaria. Existe, de todas formas, un asterisco sobre este aspecto.

De las tres metas del segundo trimestre, la más compleja es la acumulación de reservas y, al parecer, la más sencilla sería la de política monetaria, mientras que la pauta fiscal también está bastante desajustada

El Gobierno vendió a fines de mayo al BCRA la mitad de su tenencia de DEGs del FMI que había conseguido de manera “neta”, es decir, que no serán utilizados para pagar vencimientos de deuda y que según el acuerdo pueden ser utilizados como “apoyo presupuestario”. El destino que le dio el Tesoro a esos DEGs fue cancelar (devolver) parte de la asistencia que hizo el Banco Central al Ministerio de Economía a lo largo del año, lo que le dio así al Ejecutivo un margen mayor para, cuando lo necesite, volver a acudir a esa herramienta.

En los despachos oficiales son optimistas sobre la habilitación que daría el directorio del organismo para establecer una ruta modificada con una secuencia distinta a la original. Un cambio de esa naturaleza, a priori, evitaría que el Gobierno tuviera que solicitar un waiver, o perdón.

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