Quita de subsidios: las dudas que plantean las asociaciones de consumidores por posibles errores

Esta semana, el Gobierno habilitará una página web donde los usuarios de los servicios de gas y electricidad, con ingresos menores a los $350.000 por grupo familiar, podrán registrarse para solicitar mantener los subsidios a la energía. Para realizar la segmentación de los subsidios, se definieron tres grupos de usuarios, según sus niveles de ingreso.

A diferencia del esquema que se había presentado en las audiencias públicas de comienzos de mayo pasado, para definir quiénes conservarán los subsidios se tomarán en cuenta los ingresos de todo el grupo familiar, que no deberán superar el equivalente a 3,5 canastas básicas totales (CBT) que mide el Indec, que hoy es de $333.410. Sin embargo, en la web oficial de implementación de la segmentación (que aun no tienen habilitado el registro), ya se toma un valor actualizado de $350.000.

Según la información oficial, perderán los subsidios quienes tengan ingresos mensuales por hogar por más de $350.000 o cumplan algunas de estas condiciones: tener tres o más vehículos con una antigüedad menor a 5 años, tres o más inmuebles, una embarcación o aeronave, entre otros.

Desde las distintas asociaciones de usuarios y de consumidores plantearon una serie de dudas sobre la implementación de la segmentación, que será retroactiva a comienzos de junio, y sobre cómo se llevará adelante el registro de los usuarios que mantendrán los subsidios.

Claudio Boada, director de la Unión de Usuarios y Consumidores, se mostró a favor del registro pero consideró que finalmente serán más usuarios de los previstos los que perderán los subsidios. Esto es porque el cálculo que el Gobierno presentó en las audiencias tomaba solo los ingresos del titular del servicio y ahora, con la publicación del decreto, se cambió ese punto y finalmente se tomará en cuenta los ingresos de todo el grupo familiar.

“El registro es un acierto, aunque sea difícil de implementar. Tiene que cumplir dos condiciones. Uno, que la declaración jurada sea de efecto inmediato. Y dos, que esté operativo rápidamente, antes de que lleguen las facturas”, precisó Boada. Por otro lado, advirtió que para mantener los subsidios se presentarán declaraciones juradas, que luego podrán ser revisadas por la autoridad que corresponda.

“En otros casos donde se presentan declaraciones juradas, luego se hace un informe ambiental, del grupo familiar. Una declaración jurada no es para tomar a broma porque si los datos no son correctos es una falsificación de documento público”, advirtió.

Desde las asociaciones también señalaron que lo que no se discute en las audiencias es el precio de la energía: el gas en boca de pozo y la energía eléctrica mayorista que se paga a las empresas y a donde van dirigidos los subsidios. Según los datos oficiales, el Estado cubre hoy más del 65% del costo del gas y del 70% del costo de la electricidad que se incluye en la factura. Sin embargo, el 50% de los hogares con mayores ingresos recibe casi el 60% de los subsidios totales.

“Se toma el parámetro del grupo familiar. Por un tema inflacionario, la gente hoy necesita dos o más trabajos. Un salario medio es de $100.000 o $120.000 lo que hace que el 60% de los usuarios queden en el límite del ingreso que se requiere para perder los subsidios”, señaló Osvaldo Bassano, de la Asociacion de Defensa de Usuarios y Consumidores (Adduc).

Aunque se manifestó de acuerdo con la segmentación de subsidios señaló que es innecesario que obliguen a todas las personas a inscribirse, incluidos quienes reciben planes sociales o son jubilados. “El Estado debe garantizar el acceso a los servicios públicos y un trato digno. Esto hace que los jubilados, por ejemplo, tengan que hacer una cola en la Anses para no tener que pagar más por la luz. Los funcionarios y los entes tienen acceso a la información. Hay una falta de coordinación”, dijo.

También indicó las dificultades para registrarse en el caso de los inquilinos, cuando se estima que entre el 30% y el 40% no cuentan con contratos en blanco, o cuando las propiedades están en sucesión o pertenecen a empresas y no a particulares.

Desde el Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (Cepis) argumentaron que un aspecto fundamental para la implementación de la segmentación es minimizar los errores de inclusión y de exclusión, y en tal caso arbitrar los medios necesarios para su rápida correccion y evitar vulnerar los derechos de las personas usuarias.

“Consideramos que el Estado ya cuenta con la información necesaria para conocer la situación de ingresos de cada usuario y usuaria, y que el objetivo es categorizar correctamente, o a pedido de parte, por lo que la creación de un registro es innecesaria. Nadie quisiera pertenecer a un listado de pobreza”, dijo Paula Soldi, directora de Cepis.

“En cuanto a los datos a solicitar, muchos ya están incluidos en la propia letra de la resolución, tanto para los criterios de inclusión en el Nivel 2 (menores ingresos) como así también la inclusión de beneficiarios de programas sociales, que son los datos con los que el Estado ya cuenta. En determinados casos, el matiz se da en el limite entre el nivel de mayores ingresos y los sectores medios. No es lo mismo ser propietario de un inmueble en una zona geográfica cuyo metro cuadrado es más costoso, que tener una propiedad en una zona residencial más humilde. Allí también es importante poner el foco y no asimilar a familias de clase media y clase alta afectándolas en la misma proporción”, agregó Soldi.

Por su parte, la diputada nacional por Mendoza Jimena Latorre criticó que el Gobierno no haya podido identificar a los usuarios de mayores ingresos por el secreto fiscal. “Los organismos del Estado ya tienen esos datos. La demanda de los sectores vulnerables ya está registrada. Siguen cazando en el zoológico”, dijo a Infobae.

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