Renta inesperada: los tributaristas criticaron el proyecto al afirmar que desincentivará la inversión y resultará confiscatorio

Los tributaristas expresaron su rápida desaprobación al nuevo impuesto a la renta anunciado por el Gobierno al afirmar que será confiscatorio y desalentará la inversión productiva.

En diálogo con Infobae, los expertos afirmaron que el proyecto de sobrealícuota del 15% en Ganancias posiblemente no sea aprobado por el Congreso y apostaron a que la oposición, si cumple con sus promesas, no lo votará. De hecho, el propio oficialismo ya le había advertido al ministro Martín Guzmán que el timing para enviar un nuevo aumento impositivo al parlamento es malo y le sugirieron usar facultades de la AFIP para recaudar el mismo dinero sin tener que pasar un mal trago político.

Para Guzmán, es un paso para tratar de no incumplir las metas fiscales con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en un contexto de incesante aumento del gasto público: 85% anualizado, contra 60% de la inflación.

En este sentido, Cecilia Goldemberg de Andersen dijo que “la excepcionalidad de las ganancias en algunos sectores, en virtud de la guerra con Ucrania o de algún otro factor no justifica la creación de una carga adicional para solventar gastos que son los de siempre, ni para solventar el enorme costo que tiene el Estado en materia de subsidios y de gasto social”.

“No responde a una política en la que se asienten las bases para un crecimiento futuro, inversión en capacidad humana o en infraestructura u otra que nos permita proyectarnos hacia una etapa mejor”, afirmó.

“Definitivamente un impuesto extraordinario para cubrir gastos ordinarios es desalentador para la inversión y en el mediano plazo ya va a jugar en contra”, indicó.

“Las empresas a las que iría dirigido este impuesto ya tienen incrementadas sus alícuotas del 25% (que debiera estar rigiendo en la actualidad) al 35% (luego de la modificación de la Ley 27.630 de junio 2021)”, afirmó.

“Si bien se puede leer que en otros países se está avanzando en este impuesto adicional, la comparación es incorrecta toda vez que la situación de Gran Bretaña, España, Italia no se condice con los costos estructurales de nuestro país que pretende seguir financiando con nuevas cargas impositivas”, concluyó.

Sesgo anti inversión

César Litvin dijo que “este proyecto de impuesto profundiza el sesgo anti inversión de la política tributaria argentina: crear un nuevo impuesto a los 165 existentes y muestra un verdadero ataque a la actividad productiva”.

“Hay que destacar que las empresas que tuvieron renta inesperada ya pagan Ganancias sobre esa misma renta a una tasa cercana al 40% en términos efectivos. Cobrar una sobretasa sobre estas ganancias inesperadas puede generar en algunos casos una confiscatoriedad del impuesto, que, de comprobarse, afectaría la garantía constitucional del derecho de propiedad. Considero que la oposición en un acto de sensatez no dará el voto para este nuevo disparate”, expresó.

En tanto, Andrés Saladino dijo que “hay es un permanente ‘echar mano a las finanzas privadas para solventar gastos del Estado, lo que trae aparejado una total falta de seguridad y estabilidad jurídica, desincentivando la inversión que tanto se requiere y pregona”.

“Los planteos sobre constitucionalidad y como evitar pagarlo dependerán de la situación particular de cada empresa a quien les afecte. No vemos que se pueda hablar de inconstitucionalidad en abstracto. Pero la acumulación de impuestos sobre una misma manifestación de capacidad puede, en un caso concreto, devenir en una carga confiscatoria, lo que tiene que ser acreditado ante la Justicia”, afirmó.

Martín Kerner, candidato a presidente en el CPCE porteño (también fue consultada la presidenta del organismo, Gabriela Russo, pero optó por no opinar por ahora) dijo que “ya existe un impuesto a las Ganancias que grava esta particularidad; recordemos que el año pasado y por imperio de la Ley 27.630, se incrementó del 30% al 35% la alícuota del Impuesto a las Ganancias para todas las empresas con utilidades impositivas anuales superiores a los $ 50 millones (alícuota que según lo dispuesto oportunamente por la Ley 27.430 de Reforma Tributaria debería ser del 25% a partir del período fiscal 2020)”.

“El gravamen no podría ser retroactivo, por lo que se aplicaría sobre las utilidades del período fiscal en curso (esto es 2022), y la supuesta recaudación se daría recién en el año 2023 a menos que se estableciera un anticipo o ingreso a cuenta, cuestión no sencilla dado su carácter temporal y la mecánica de determinación que se utilizaría”, precisó.

A su vez, Mariano Ghirardotti sostuvo que “se sabe que la mayor parte de la recaudación de unas, relativamente pocas, empresas grandes, este impuesto si finalmente se establece que estarán gravadas las empresas que tengan una ganancias imponible de $ 1.000.000.000 ira directamente al corazón de la recaudación, siempre que sus utilidades no provengan de inversión, sino del efecto incremento de precios generado por la guerra”.

“Esto desincentiva la inversión, y suma más impuestos a un elenco sobre nutrido de los mismos, si bien se justifica en la necesidad, en el cumplimiento de las metas con el FMI (que lo avala), además de que quienes han venido con la idea hablan de impuestos similares, creados por Italia, el Reino Unido o España”, dijo Ghirardotti.

“Hay una búsqueda desesperada que realizan los expertos del Gobierno de cualquier impuesto novedosos en el exterior, y su importación sin más a un país con una situación económica precaria, y con un sistema tributario complejo e infinitamente oneroso, resulta criticable ya que las economías de dichos países distan de ser comparables con la nuestras, y su situación económica no puede extrapolarse a la local”, explicó.

“Es un contrasentido estar tratando de atraer inversiones, y estar constantemente cambiando las reglas de juego; el Estado ya participa de cualquier renta inesperada en un 35% del resultado gravado con Impuesto a las Ganancias, en las retenciones a las exportaciones, en la mayor liquidación de divisas, que se pagan al valor oficial, y luego en parte se venden a un valor muy superior a quien necesite hacer gastos en dólares; es decir aumentar la participación en la renta de las empresas porque les fue muy bien pareciera una medida abusiva”, agregó.

Quizás “desde la óptica jurídica no hay doble imposición, dado que es el gobierno nacional el que impone este nuevo impuesto, pero sin duda que la hay desde la óptica económica, toda vez que hay identidad de objeto y de sujeto, y también puede ser considerado confiscatorio por la proporción de la renta afectada”, indicó Ghirardotti.

“Si la oposición votara a favor, estaría incumpliendo promesas de campaña, y está claro que la gente no cree más en coincidencias como viajes familiares, que permiten que el gobierno de curso a estos incrementos tributarios”, advirtió, en referencia a la sesión del aumento a Bienes Personales en la que se aprobó por la falta de algunos legisladores nacionales.

En tanto, Ana Sabio señaló que “el hecho de anunciar un impuesto más y querer darle un carácter sancionatorio para los que ‘más se beneficiaron’ con una situación tan triste como una guerra -vale aclarar que nadie se beneficia con una guerra- afecta inevitablemente a los que menos tienen, porque repercute en los precios, en el consumo, en el ahorro, y afecta en un todo a la calidad de vida de la población en general”. De hecho, “sabemos que menores impuestos son la mejor herramienta fiscal para obtener una recaudación eficiente”, aclaró.

“Tener un plan a largo plazo y coherencia en las decisiones e implementaciones de políticas públicas es fundamental para incentivar la producción e inversión; desde la educación de la población hasta su seguridad jurídica para creer y generar recursos que potencien el crecimiento en nuestro país”, sostuvo.

“Hay tantísimas herramientas para aplicar que generan beneficios fiscales de hecho y redundan en beneficios para la sociedad, como uno tan simple pero potente como es acceder a créditos hipotecarios, este beneficio implica valores, dignidad, incentivo al trabajo, sentido de pertenencia y legado que deberíamos volver a practicar”, indicó la experta.

“Por más que sigan anunciando con ‘nombres marketineros’ a nuevos impuestos, éstos no son atractivos. Más de 160 impuestos vigentes ¿no son suficientes?”, se preguntó. “Es excesivo y sigue siendo un abuso para el productor e inversor contribuyente”, sentenció.

Su par Alejandra Schneir dijo que “el proyecto del impuesto especial a la renta inesperada no parece oportuno en estos momentos, si bien el objetivo del mismo es recaudar para para redirigir esos fondos a sectores vulnerables o carenciados.”

“Creo que aumentar la presión tributaria que ya es alta en nuestro país, lo único que logra es desalentar la inversión, a pesar que este nuevo impuesto este dirigido a un grupo pequeño de empresas, no parece justo que alcance a empresas que por determinadas circunstancias tuvieron resultados extraordinarios positivos. Y cuando son negativos, el Estado no acude em ayuda del empresario”, expresó.

Infierno tributario

En tanto, el abogado experto en impuestos Diego Fraga dijo que “una vez más hablamos de introducir más impuestos en uno de los principales infiernos tributarios del planeta, que tienen como correlato un nivel de servicios públicos subsaharianos”.

“La inseguridad jurídica tributaria en la Argentina es tal que en la mitad de un ejercicio fiscal todavía las empresas no saben cuánto va a ser lo que van a tributar en el año. Por esto, es capcioso y de mala fe citar ejemplos de otros países en los cuales se puede llegar a debatir la creación de este tipo de tributos”.

Por otra parte, “la aleatoriedad de las rentas es algo propio del propio capitalismo. Si utilizásemos ese mismo criterio, el Estado también debería ser socio de las empresas en las pérdidas, algo que -por supuesto- jamás va a ocurrir”.

Además, “las rentas empresarias ya están alcanzadas con una de las alícuotas más altas del mundo (del 40% si computamos lo que tributan la sociedad más sus accionistas), introducida -también intempestivamente- por este gobierno y sin casi consensos con otras fuerzas”.

“A esto cabe agregar la insólita presión fiscal sobre las empresas que se ejerce desde las provincias con el impuesto sobre los ingresos brutos, en gran parte de los casos detraído mediante perversos sistemas de recaudación”, aclaró Fraga.

“Estos factores afectan gravemente la competitividad de las empresas y la producción que desde el propio Gobierno dicen defender”, dijo el abogado, al anticipar el mal clima que se generalizará a medida que avance esta iniciativa del ministro destinada a mostrar buenos resultados fiscales ante el FMI.

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