El antecedente del kirchnerismo en materia de gasoductos es ominoso. Se trata del “Gasoducto del Noreste Argentino”, que Néstor Kirchner anunció por primera vez en noviembre de 2003 y se inauguraría, dijo aquella vez, en 2006.
Hace más de un mes, Infobae recordó aquí la historia de ese proyecto, a cargo de la misma entidad (Enarsa, luego Ieasa, otra vez Enarsa) del “Gasoducto Néstor Kirchner”.
“La última obra de Enarsa) es el Gasoducto del Noreste Argentino (GNEA), una idea de Techint para traer gas de Bolivia que el gobierno de Néstor Kirchner redefinió en 2006, cuando firmó un acuerdo para proveer gas durante 20 años y traer 26 millones de metros cúbicos por día. Para transportar esa cantidad era necesario el GNEA, que después de muchas vueltas se inició en 2013, tuvo enormes sobrecostos y aún no entró en servicio; ni siquiera se terminó el primer tramo”, le había dicho a Infobae el ingeniero Jorge Lapeña, presidente del Instituto Argentino de Energía General Mosconi, exsecretario de Energía y expresidente de YPF durante el gobierno de Raúl Alfonsín, y director del Enargas durante el de Mauricio Macri.
Lapeña ya notaba que para que en mayo 2023 (como promete el Gobierno) el nuevo gasoducto operara debían conocerse los pliegos y la licitación y haberse recibido ofertas y adjudicado la obra, pero lo único que había era un concurso para seleccionar proveedor de caños y una puesta en escena en Vaca Muerta, donde el presidente Alberto Fernández “lanzó” la obra, luego presentada como “en marcha” por la propaganda oficial.
La parte más compleja es el montaje de las cañerías, soldaduras, tapas, y en las páginas de Ieasa (como todavía se llamaba el organismo encabezado por Agustín Gérez, un abogado santacruceño ligado a Máximo Kirchner) no hay siquiera un adelanto del pliego, ni fecha tentativa, explicó entonces Lapeña.
Semanas después sobrevino la renuncia de Antonio Pronsato, suerte de “gerente técnico” del proyecto, viejo funcionario K ligado a Julio De Vido, aparentemente por desavenencias con el ala K más joven, ligada a La Cámpora. Hace días, el gobierno presentó el pliego de licitación de obra y se desataron las acusaciones cruzadas entre Enarsa y el exministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, fulminado por el enojo de Cristina Kirchner y echado por un tuit de Alberto Fernández.
El antecedente del GNEA es pésimo, desde los plazos vaticanos de la obra, hasta el robo de 35 kilómetros de caños en la localidad de Aguaray, en Salta, por el que fueron acusados empresarios y el intendente de esa localidad, hasta otro robo de años en Formosa, en obras abandonadas y a la intemperie y denuncias a empresas participantes.
Caño recortado
Algunos de esos caños aparecieron recortados y usados en comederos para vacas, otros aparecieron en Quilmes, y otros aún, denunció en su momento el periodista Antonio Oieni, del diario El Tribuno, de Salta, en Bolivia.
El titular de una de las empresas adjudicatarias del primer tramo, Raúl Vertúa, de Servicios Vertúa SA, estuvo detenido en la llamada “Causa Cuadernos” después de que la Justicia constató, a partir de un número de patente anotado por el chofer Oscar Centeno, que en uno de los vehículos de la firma se transportaron USD 850.000 de supuestas coimas. Vertúa dijo a la Justicia que Roberto Baratta, mano derecha del entonces ministro de Planificación, Julio De Vido, solo le había pedido una “contribución” y que había 11 personas habilitadas para conducir ese vehículo. Imposible controlar tanto.
En 2017, la Sindicatura General de la Nación (Sigen) realizó una auditoría sobre Enarsa y el GNEA. El sumario del informe precisa que la auditoría abarcó “los aspectos técnicos, administrativos y legales desarrollados en el trámite de los procesos licitatorios de construcción de obras, de adquisición de cañería, de contratación de los servicios de inspección de obra, de revisión de ingeniería y asistencia técnica, así como también el estado de ejecución de las obras del gasoducto”.
Lapidario
El trabajo destacó “la “carencia de planificación del proyecto, toda vez que las múltiples alteraciones y rectificaciones del trazado del gasoducto, las diversas inversiones presupuestadas y los distintos enfoques constructivos … permiten inferir una formulación incompleta, poniendo bajo serio cuestionamiento su concepción misma y su viabilidad.”
La Sigen señaló también la ausencia de estudios de preinversión, sucesivos incumplimientos y extensiones de plazos y precisó que hacia 2017 se habían desembolsado USD 2.217 millones y que en los pliegos se advertían cláusulas “susceptibles de restringir la concurrencia de oferentes”, en un escenario de “mínimos parámetros de exigencia vinculados a los antecedentes contractuales de naturaleza técnica e indicadores económicos financieros mínimos exigidos a los oferentes que no guardan una razonable relación asociada a la envergadura de la construcción del gasoducto licitado”.
¿Y dónde está el expediente?
La documentación de las licitaciones, agregaba, no se tramitó “a través de expedientes formales”. Además, faltaba “evidencia que acredite las publicaciones de la convocatoria del proceso licitatorio en el Boletín Oficial”.
Otro pasaje de la Auditoría, de olor a presente, decía: “debido a la simultaneidad cronológica entre los procesos de adquisición de los caños y los procedimientos de contratación de las obras que los requerían, la provisión en tiempo y forma de ese insumo crítico no estaba garantizada en atención al ajustado o nulo margen de coordinación entre los tiempos de fabricación de los caños y su traslado a obra para la construcción en el tiempo estipulado”.
Nada de lo anterior era financieramente inocuo pues -seguía el informe- “debido al atraso registrado en la ejecución de todas las obras (divididas en 9 tramos), se encuentra pendiente de inversión una parte significativa del monto adelantado a las contratistas en concepto de anticipo, generando por tanto un beneficio financiero adicional a las contratistas, en particular, el anticipo otorgado a Servicios Vertúa SA, cuya obra no registra movimiento desde el mes de diciembre de 2015″.
A cuatro años del inicio, la auditoría precisaba que “del análisis realizado sobre la base de la documentación suministrada por Enarsa surge que al 28/02/17 el estado de la obra del GNEA muestra un promedio de 66,15% de avance”. El 33,85% de la obra faltante, estimaba, representa una suma estimada de USD 563,2 millones (ya erogados), según los cálculos practicados por esta Auditoría”.
Conexión
El GNEA aún no se terminó, aunque el segundo tramo del “Gasoducto Néstor Kirchner”, con el que se conectaría, serviría para llevar a las provincias del nordeste argentino el gas que Bolivia nunca pudo proveer en las sumas comprometidas en 2006.
Un antecedente (positivo) como para comparar, esta vez internacional, fue apuntado a Infobae por un empresario del sector: el Gasoducto de Camisea, en Perú. De 730 kilómetros de longitud, se construyó para evacuar el más importante yacimiento gasífero de la historia peruana. La obra se inició en 2001 y se habilitó en 2004 y si bien se hizo en una topografía más difícil (selva, cerros) no requirió casi expropiaciones o servidumbres de paso a lo largo de la traza, otro aspecto que, en el caso del Gasoducto Kirchner, aún no se despejó.
Sobre aviso
Si algo no puede aducir el gobierno es que no estaba al tanto de la necesidad del gasoducto o que no tuvo tiempo para encarar el proyecto.
El gasoducto, en otro formado, había sido licitado en julio de 2019 por el gobierno de Macri. Se presentaron 4 grupos oferentes, pero la adjudicación se postergó dos veces, primero tras el cimbronazo de las PASO de agosto de ese año, y luego después de la elección presidencial que consagró la fórmula Fernández-Fernández.
El actual gobierno se tomó más de un año para anular aquella licitación: lo hizo recién el 30 de diciembre de 2020, un año y 20 días después y se tomó otros 14 meses, hasta febrero 2022, para licitar los caños de la obra, bajo un modelo diferente. El anterior preveía la financiación privada, mediante el peaje que el adjudicatario (a través de una nueva empresa, Transportadora de Gas del Centro) tendría por la concesión del gasoducto durante 17 años. El actual es 100% con fondos públicos, parte con una porción de la recaudación del impuesto a “las grandes fortunas” y el resto con aportes del Tesoro, en tanto Enarsa tendrá la concesión por 35 años.
Gasoducto Federal
La necesidad del proyecto había sido advertida en mayo de 2020 por el entonces secretario de Energía, Sergio Lanziani (que dependía de Kulfas) en un “Programa Quinquenal” de obras energéticas en el que subrayando la urgencia de lo que llamó, tentativamente, “Gasoducto Federal”, a raíz de la “saturación de los gasoductos desde cuenca neuquina en 2019″ y la “imposibilidad de crecimiento de producción de gas natural sin ampliaciones” (ver Gráfico).
En agosto de 2020, Kulfas echó a Lanziani. En su reemplazo fue designado el neuquino Norman Darío Martínez, y Energía pasó a depender de Economía, esto es, de Guzmán. Fue así que recién en 2021 empezó a hablarse del “Gasoducto Kirchner”.
“Había optimismo, la idea era que la obra empezara en enero de este año, ahora es mucho más difícil llegar”, dijo un operador privado del sector petrolero. Ni hablar ahora, que entre caños y válvulas se metió la infinita y patética interna del gobierno, con un feo olor a gas.
SEGUIR LEYENDO: