Dólares para freelancers y empresas tech: el Gobierno flexibilizó el cepo para la economía del conocimiento

El Gobierno flexibilizó las normas cambiarias para los exportadores de servicios al permitir a particulares que trabajan para el exterior que puedan cobrar en dólares sin verse obligados a liquidar sus divisas en el mercado formal y a las empresas del sector acceder a dólares a tipo de cambio oficial si aumentan sus exportaciones. En ambos casos, el límite para acceder a este beneficio será de USD 12.000 anuales.

La decisión la adoptaron los ministros de Economía, Martín Guzmán, y de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, en conjunto con el presidente del Banco Central, Miguel Pesce, para “flexibilizar los controles de capital para la economía del conocimiento” con el objetivo de fomentar el crecimiento de las exportaciones: a mayor venta de servicios al exterior, más acceso al mercado único libre de cambios (MULC).

Luis Galeazzi de Argencon dijo que el cambio “es algo inteligente y bueno para todos; los resultados se van a ver en poco tiempo, porque potenciará las capacidades del sector y reforzará las reservas”. El sector podrá acceder al mercado cambiario por el 50% del incremental de las exportaciones, siempre que este sea destinado exclusivamente al equivalente de hasta el 20% de los salarios pagados.

Asimismo, para aquellas personas humanas que brindan servicios al exterior en forma particular se habilita la posibilidad de ingresar directamente sus honorarios en dólares en entidades financieras del país, hasta un límite de USD 12.000 anuales, sin necesidad de liquidarlos en el mercado de cambios.

Los conceptos de las exportaciones de servicios incluidas dentro de la normativa del BCRA son: Mantenimiento y reparaciones, Servicios de construcción, de telecomunicaciones, de informática, de información, de investigación y desarrollo, jurídicos, contables y gerenciales, de publicidad, investigación de mercado y encuestas de opinión pública, arquitectónicos, de ingeniería, relacionados con el comercio, empresariales, audiovisuales y conexos, personales, culturales y recreativos, otros servicios de salud y Cargos por el uso de la propiedad intelectual.

Las normas buscan regular un fenómeno que se potenció en pandemia: el boom de profesionales que exportan servicios al exterior en forma independiente y muchas veces no registrada, y la competencia que eso genera para las empresas exportadoras de servicios a la hora de tratar de conseguir empleados.

El desdoblamiento cambiario y la digitalización que aceleró la pandemia hace que los profesionales que trabajan para clientes en el exterior prefieran la informalidad a tener que pesificar los pagos que perciben. Las billeteras digitales, los innumerables recursos financieros y el desarrollo del mercado cripto permiten hoy a, por ejemplo, un programador vender su trabajo a un cliente en cualquier parte del mundo y cobrarlo sin que la AFIP ni el Banco Central se enteren. Consultoría, redacción free-lance y otros servicios en la Web también se mueven con la misma modalidad.

La tecnología está disponible y los incentivos apuntan a esa dirección: si el exportador de servicios informal cobrara en su cuenta bancaria, se vería obligado a vender cada dólar que percibe a menos de $120 por unidad en su banco. En cambio, en el mercado cripto o en las “cuevas”, puede obtener más de $200 por cada uno.

El plan del Gobierno confirmaron fuentes del Ejecutivo y del Banco Central a Infobae, busca poder regularizar a esos profesionales. Y darles a las empresas la posibilidad de pagar en dólares a parte de su personal para tener mejores posibilidades de tentarlos.

Para los particulares que exportan servicios, la ventaja de poder cobrar directamente en dólares es que, a la hora de necesitar afrontar gastos, podrían retirarlos físicamente o pasarlos a pesos a través de tipos de cambio paralelos en blanco como el dólar MEP que se opera en la Bolsa y que hoy pagaba más de $208 por billete verde. Claro que, a diferencia del freelancer informal, sus ingresos terminarían pagando impuestos.

En el anuncio del nuevo esquema, en representación de las empresas, estuvieron presentes Sebastián Mocorrea, Presidente de Argencon; Luis Galeazzi, Director Ejecutivo de Argencon; Clara Mendiberri, Managing Director de JPMorgan; Néstor Nocetti, fundador y CEO de Globant; Sergio Kaufman, CEO de Accenture; Sergio Candelo, Presidente de la Cámara de la Industria Argentina del Software de Argentina (CESSI); María Laura Palacios, Vicepresidenta de CESSI y CEO de G&L Group; Liliana Garay (InvGAte) y Ernesto Galindez, CEO de TGV.

El esquema no es un proyecto nuevo del Gobierno, pero generaba resistencias en la industria de la economía del conocimiento dado que esa forma de trabajo a distancia informal compite con el sector en la búsqueda de empleados.

Según datos distribuidos por el Ministerio de Economía, el sector de la economía del conocimiento está conformado por cuatro cadenas productivas: servicios empresariales, industrias culturales, investigación y desarrollo, y software y servicios informáticos.

Tiene un peso del 5,4% en el PBI y del 7,1% del total de exportaciones de bienes y servicios.

Además, el sector de la economía basado en el conocimiento recibe una serie de beneficios importantes (Ley con beneficios tributarios, eliminación de retenciones a las exportaciones) y muestra un gran crecimiento en el empleo registrado en los últimos años (por ejemplo, el empleo en la cadena Software y servicios informáticos creció 7,18% promedio anual entre 2016 y 2021).

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