FMI: a tres semanas del vencimiento por USD 2.700 millones, se demora la primera revisión de metas y el nuevo desembolso

El calendario de pago de deuda muestra que en tres semanas el Estado deberá pagar al Fondo Monetario Internacional unos USD 2.700 millones como parte del esquema de devolución del préstamo Stand By de 2018. Con ese deadline cada vez más cerca, aún no finalizó la primera revisión trimestral de metas que iniciaron en las últimas semanas el Gobierno argentino y los funcionarios técnicos del organismo para habilitar el segundo desembolso del programa que le permitiría a la Casa Rosada afrontar los pagos a Washington del próximo trimestre.

La misión virtual que realiza el staff técnico del FMI con los funcionarios argentinos del Ministerio de Economía y el Banco Central sigue su curso y tanto desde Buenos Aires como desde la capital norteamericana evitaron precisar qué fecha de finalización tiene la revisión de metas del primer trimestre. Por lo pronto, desde despachos oficiales aseguran que “en los próximos días” habrá novedades. En rigor, las conversaciones se habían iniciado más temprano, a mediados de abril, cuando Martín Guzmán estuvo presente en Washington para la cumbre de primavera del Fondo Monetario.

Más adelante los contactos continuaron a nivel de funcionarios técnicos, pero los tiempos se estiraron considerando que se trata no solo de una evaluación de cumplimiento de las primeras metas trimestrales plasmadas en el programa económico que comenzó formalmente en marzo, sino también de la rediscusión de algunas de las variables y objetivos del plan. Tal como habían anticipado el FMI y el propio Gobierno cuando se aprobó el Extended Fund Facility (EFF) hasta 2024, la guerra en Ucrania y el shock de precios internacionales trastocó algunas de las previsiones iniciales.

Esa recalibración es la que insumió más tiempo y esfuerzo en el ida y vuelta técnico. Las dos principales variables que estuvieron en discusión entre las dos partes fueron la nueva proyección de inflación y un sendero más lento de reducción de los subsidios, en caso de que sea eso posible en un año como el 2022, con un fuerte salto del costo que tiene para el Estado conseguir la provisión de abastecimiento.

Entre las consultoras ya se da por descontado que será difícil para el Gobierno en un contexto como el actual llevar adelante la poda de subsidios y que eso puede poner presión a la meta de reducción del déficit primario acordada con el FMI. Para Equilibra, “la velocidad a la que están evolucionando algunas líneas de gasto representa un indicio adicional de que el objetivo fiscal difícilmente se cumpla”, mencionó en un informe reciente.

“En particular, los subsidios energéticos (que antes de la guerra en Ucrania se esperaba que cayeran 0,6 puntos del PBI) treparon 166% en lo que va del año, debido al salto en el precio internacional de la energía y la postergación del aumento/segmentación tarifaria. De esta manera, en el acumulado del año ya alcanzan el 0,6% del PBI, incluso por encima del primer cuatrimestre de 2016, año que cerró con subvenciones energéticas de 2,5% del PBI. Dado que el gasto en este rubro treparía aún más en los meses de menores temperaturas, cuando la demanda de gas y electricidad aumenta para calefaccionar hogares, prevemos que cerraría 2022 rozando 3% del PBI (fueron 2,3% del PBI en 2021)”, concluyó esa consultora.

La nueva proyección de inflación, que estará más cerca del 65% que espera el mercado según el REM que elabora el Banco Central que del 48% como tope anual que habían planteado el Gobierno y el FMI, quedará explicitada en el decreto de actualización de partidas presupuestarias que termina por estos días de diseñar el Ministerio de Economía, y que incluirá una nueva pauta de gasto para todas las áreas del Estado. El proyecto de ley original fue rechazado por el Congreso y, en la actualidad, el sector público trabaja con los números del presupuesto del año pasado.

Las metas que revisó el staff del FMI y que el Gobierno da por descontado que tendrán el visto bueno del organismo serán, en rigor, cinco. Las tres principales serán el déficit primario, la acumulación de reservas y el límite a la asistencia monetaria desde el Banco Central al Tesoro.

Sobre el primer aspecto, el Gobierno sobrecumplió por poco menos de $30.000 millones la primera meta fiscal trimestral que había acordado con el Fondo Monetario Internacional, aunque el Poder Ejecutivo contó con un ingreso extra que le permitió ajustarse al objetivo fiscal. Se trata del rubro “rentas de la propiedad” por el cual el Estado tuvo en marzo un ingreso de $157.800 millones, lo que implicó un salto superior al 1.000% en comparación con igual mes del año previo.

Se trata de ingresos que obtiene el Estado que no están relacionados a la recaudación tributaria sino con entradas por “ganancias contables” o intereses que obtuvo el fisco por inversiones financieras, plazos fijos y otro tipo de activos, como el resultado de las inversiones que hace el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) del Anses. Para la próxima revisión, el Gobierno acordó con el FMI en los últimos días ponerle un tope a la contabilización de ese tipo de ingresos, que será de 0,3% del PBI.

El primer objetivo exigible por parte del Fondo Monetario para el sendero fiscal era de $222.264 millones, poco más de 0,3% del PBI. De esta forma, Hacienda sobrecumplió ese objetivo por $29.529 millones. Otras dos metas centrales del acuerdo también fueron alcanzadas, sostienen en el Gobierno: las reservas deberían haber aumentado USD 1.200 millones en forma neta, mientras que la monetización del déficit tendrá como techo una suma de $236.800 millones. Para ambos casos en el BCRA aseguran que los objetivos se cumplieron.

Otros dos objetivos exigibles aunque con menor relevancia son el tope de deuda flotante que puede tener el Tesoro, algo que desde Secretaría de Hacienda aseguraron a Infobae que se cumplió, y la obligación de no acumular atrasos en el pago de la deuda externa.

Más allá de la primera evaluación, en la que el Gobierno parece tener todo alineado para aprobar y contar con el segundo desembolso, las metas del segundo trimestre ya aparecen con alguna dificultad adicional. La más difícil sería la de acumulación de reservas, ya que el programa económico acordado prevé que el BCRA sume contar con USD 4.100 millones de reservas netas adicionales en relación con el fin de 2021.

Además tendrá topes de $566.800 millones para el déficit primario y de $438.500 millones para el límite de financiamiento desde el Banco Central al Tesoro, aunque se trata de valores nominales que podrían tener algún ajuste de la mano de un recálculo de la proyección de inflación anual como la que preparan Economía y el FMI. De todas formas, en términos del PBI se mantendrían en lo previsto: 2,5% y 1%, respectivamente.

La hoja de ruta de devolución del préstamo Stand By de 2018 especifica que entre el 21 y 22 de junio el Gobierno debería girar unos USD 2.700 millones. En ese momento ya debería contar con el segundo desembolso desde el FMI. Para que eso suceda todavía restan algunos pasos: la finalización de manera formal de la revisión de metas, la elaboración del informe por parte del staff, su elevación al directorio y su aprobación. El margen de tiempo es cada vez menor.

Pero ese segundo desembolso, que será de unos USD 4.000 millones, deberá también servirle al Poder Ejecutivo para cubrir los vencimientos que habrá a lo largo del trimestre antes de contar con un eventual tercer envío de fondos. Serán otros USD 1.300 millones el 8 de julio y, por último, otros USD 980 millones entre el 29 de julio y el 1° de agosto.

De todas maneras, habrá también otra serie de metas que el Poder Ejecutivo deberá cumplir a lo largo de junio en el marco del acuerdo con el FMI, aunque no se trata de objetivos exigibles, sino más bien de una guía de políticas que la Casa Rosada se comprometió a llevar adelante durante 2022.

Junio tendrá tres metas de ese tipo: primero, la “elaboración de una propuesta de hoja de ruta por parte de la Secretaría del Tesoro, en comunicación con el personal técnico del FMI, para mejorar la presentación de informes financieros y de presupuesto de otras entidades del sector púbico”.

En segundo lugar, “establecer una regulación anual para la fijación de prioridades y criterios de selección de los proyectos de inversión”. “Los criterios darán prioridad a los proyectos en curso de ejecución y, entre los proyectos mas grandes, aquellos con estudios de prefactibilidad y factibilidad. Con esta base, se adoptará una regulación para determinar las prioridades y criterios de selección de los proyectos a ser incluidos en el Presupuesto de 2023″, anticiparon.

Y por último, aunque sin detalles, el Banco Central publicará “un plan sujeto a plazos para simplificar el sistema de encaje legal y mejorar la transmisión de la política monetaria”.

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