El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y Enargas, dos organismos técnicos a cargo de la regulación de los servicios públicos de energía eléctrica y gas, convalidaron lo dispuesto por la secretaría de Energía de la Nación el viernes pasado: aumentos promedio desde junio del 16% para la luz y de hasta 25% para el gas. Lo hicieron por medio de la comunicación de los cuadros tarifarios a las distribuidoras.
Ambos organismos están bajo el control de funcionarios kirchneristas y hace unas semanas, mientras se realizaban las audiencias públicas, circuló una versión de que podrían trabar la ejecución de los cuadros tarifarios impulsados por el ministro Martín Guzmán. Ese rumor fue desmentido categóricamente desde el entorno de la vicepresidenta Cristina Kirchner y el movimiento de hoy lo confirma.
En un comunicado de este mediodía el ENRE destacó que “aplicó la actualización del Precio Estacional de la Energía”.
“En consecuencia con lo dispuesto por la Secretaría de Energía de la Nación, el ENRE instruyó a las distribuidoras Edesur y Edenor a realizar la adecuación del cuadro tarifario para las personas usuarias. El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) aplicó lo establecido en la Resolución SE N° 405/2022, por la cual la Secretaría de Energía de la Nación determinó el aumento de los precios de la energía para el Mercado Eléctrico Mayorista a nivel nacional, disponiendo la actualización del cuadro tarifario para las distribuidoras de energía eléctrica del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA)”, detalló el organismo intervenido por Soledad Manin, una funcionaria que responde a Federico Basualdo, el subsecretario de Energía Eléctrica que intentó echar sin éxito Guzmán hace una año.
“A través de las Resoluciones ENRE N° 171 y N° 172 /2022 se establecieron los cargos que deberán implementar, en sus respectivas áreas, las concesionarias del servicio público de distribución de energía eléctrica Edenor y Ededur a las personas usuarias residenciales, no residenciales y grandes usuarios. La actualización refleja la modificación estacional del precio de la energía y es independiente de los ingresos de las empresas de transporte y distribución”, dijeron.
“Cabe destacar que el cuadro tarifario para hogares tendrá un incremento promedio del 16,53% para aquellos que no perciban tarifa social y de un 7,7% para los que perciban dicho beneficio. Asimismo, para los usuarios comerciales el incremento promedio será del 16% y para las categorías T2 y T3 del 19%”, agregó en ENRE.
Para el caso del gas, Energía dispuso que “el PIST aumentará entre un 41.7% y un 46.3%. Eso significará un aumento en factura promedio para usuario tipo con consumo promedio de entre 18,55% y el 25%”. En este caso, la tarifa social no subirá.
El Enargas a cargo de Federico Bernal, instruirá a las distribuidoras de gas de todo el país, Metrogas, Naturgy y Camuzzi, entre otras, a aplicar la suba en las boletas de los consumidores.
Segmentación
Luego de la oficialización durante el fin de semana de los aumentos en las tarifas de gas y electricidad, desde el Gobierno confirmaron que seguirán adelante con el proyecto de segmentar las tarifas de acuerdo a los niveles de ingresos de los usuarios. De esta forma, el 10% de los usuarios de más poder adquisitivo dejará de recibir subsidios.
Según anticipó este martes el secretario de Energía Darío Martínez en declaraciones radiales, la resolución para implementar las tarifas segmentadas por ingresos será publicada a fines de esta semana. “Cumplida la etapa de los aumentos viene la segmentación. Estaremos terminando la resolución esta semana y daremos a conocer los criterios. No es para todo el mundo. La quita va a regir con los consumos de junio”, señaló a la radio Urbana Play.
Estaremos terminando la resolución esta semana y daremos a conocer los criterios. No es para todo el mundo. La quita va a regir con los consumos de junio
A comienzos de mayo, se realizó una audiencia donde se presentó el esquema de segmentación que diseñó Santiago López Osornio, subsecretario de Planeamiento Energético, y funcionario de confianza del ministro de Economía Martín Guzmán. “El actual esquema de subsidios es uniforme para todos los usuarios. Un millonario recibe el mismo subsidio que un trabajador; un empresario recibe el mismo subsidio que un obrero. Es un esquema pro-rico y hay margen para mejorar la eficiencia distributiva. Podemos establecer segmentos donde el subsidio esté relacionado con la capacidad de pago y que los sectores de más poder adquisitivo dejen de recibir ayuda del Estado”, señaló López Osornio en su presentación, el 12 de mayo pasado.
Como adelantó Infobae, la propuesta es que comiencen a pagar la tarifa plena los titulares con ingresos equivalentes a 3,5 canastas básicas totales (son unos $313.916 con los datos de marzo), tres o más inmuebles, tres o más vehículos de menos de 5 años de antigüedad o sean propietarios embarcaciones de lujo o aeronaves.
Para los usuarios del AMBA también se consideró tomar en cuenta criterios geográficos: dejarán de recibir subsidios quienes vivan en los 13 barrios identificados por el ENRE como de alta capacidad de pago. La mayoría —más de tres cuartos— se encuentran en la ciudad de Buenos Aires en Puerto Madero y en zonas de Recoleta, Palermo, Belgrano y Núñez, una parte de Colegiales, algunas manzanas de Villa Urquiza, Retiro, Saavedra y Villa Devoto y una zona de Caballito. El resto, en el Gran Buenos Aires, ubicados en “el bajo” de los partidos de Vicente López y San Isidro. Y en 466 countries y urbanizaciones cerradas.
En tanto, accederán a la tarifa social y mantendrán los niveles de subsidios quienes vivan en los barrios populares identificados por el Renabap; titulares de programas sociales; empleadas doméstica; jubilados, pensionados, beneficiarios de pensiones no contributivas, monotributistas y trabajadores en relación de dependencia que perciban una remuneración bruta menor a dos salarios mínimos; entre otros.
Según el informe presentado el gasto en energía en relación al ingreso es sustancialmente más alto para los hogares más pobres. En cambio, el gasto en los servicios de gas y electricidad tiene baja incidencia dentro del gasto total de los hogares de altos ingresos. Por ejemplo, en el decil de más altos ingresos se destina un 0,9% de los ingresos al consumo de energía eléctrica y un 2,2% al consumo de gas natural.
El Estado cubre hoy más del 75% del costo del gas y de la electricidad que se incluye en las facturas. En el segmento de la generación de energía, los usuarios solo abonan un parte de este costo, entre el 20% y el 25%, según la estación del año. Y el Estado Nacional cubre la diferencia por medio de transferencias a Cammesa (Compañía Administradora del Mercado Mayorista). La diferencia de las facturas entre regiones del país se debe al componente de la distribución, de jurisdicción provincial.
Como la segmentación puede traer “errores de exclusión” —personas cuya situación socioeconómica cambió cambiado respecto a las situación que fue relevada o cuando la titularidad no se corresponde con quienes usan el servicio (inquilinos)— habrá un mecanismo de pedido de reconsideración, con la intervención de organismos del Estado, como la Anses.
Durante las audiencias, las empresas distribuidoras advirtieron que la segmentación puede demorar al menos dos meses, ya que implican modificaciones necesarias en los sistemas informáticos que tendrán un costo no previsto. “Las distribuidoras estiman un lapso de tiempo requerido no menor a ocho semanas”, dijo Daniel Martini, director ejecutivo de la Asociación de Distribuidores de Gas (Adigas), quien pidió que se reconozcan las “limitaciones” para poner en marcha el esquema.
Según el directivo de asociación, una de las trabas es las dificultades para establecer que el titular sea la misma persona que recibe el servicio. Por instrucción del Enargas, las empresas enviaron comunicaciones a más de 3 millones de usuarios para que regularicen la titularidad y solo respondió el 2,5% del total.
Por su parte, Claudio Bulacio, representante de la Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica (Adeera), señaló que la quita se subsidios debe ser gradual. “En la propuesta de la Secretaría de Energía, la deficiencia en la información y en la vinculación entre el usuario y el titular podría generar problemas de implementación. Se requiere adecuar los sistemas comerciales y de facturación de las empresas y este proceso no puede demorar menos de dos meses o 60 días como mínimo”, detalló.
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