El Gobierno retoma en la agenda el impuesto a la renta inesperada, un aporte que buscará aprobar en el Congreso y para el que el Ministerio de Economía terminará de definir los detalles técnicos en las próximas semanas, aseguran, con reuniones técnicas con el sector privado. Martín Guzmán aún no da pistas sobre qué formato tendrá ese tributo especial que cobrará a un puñado de empresas que se vieron beneficiadas por el shock de precios internacional por la guerra en Ucrania.
En el Palacio de Hacienda aseguran que ese tema, junto con la elaboración del decreto que actualizará los números del presupuesto vigente de 2021 para darle más fondos a todas las áreas de Gobierno y que incluirá una nueva proyección inflacionaria, forman parte de la agenda de junio de Guzmán. En los primeros días del mes tendría lugar esa resolución que dará un marco nuevo de gastos e ingresos para lo que resta del año, mientras que más tarde estaría finalizado el diseño del nuevo tributo, que se cobraría por única vez a un grupo de empresas de sectores como el agro o la energía.
En algunos de los sectores que estarían alcanzados por el impuesto a la renta inesperada consultados desde Infobae no confirmaron que haya por el momento reuniones de tipo técnicas con funcionarios del Ministerio de Economía para avanzar en un consenso sobre el impuesto.
La definición inicial dada por el ministro de Economía asegura que apuntarán a aquellas ganancias “extraordinarias” que no responden a un incremento de la inversión sino al efecto del shock internacional de precios que provocó la guerra en Ucrania. Guzmán decidió poner en pausa la implementación inmediata de una medida tributaria de esa naturaleza, tal como se preveía en un principio, y buscará algún tipo de consenso entre el sector privado, considerando que la iniciativa deberá pasar por el Congreso.
En términos generales, se trataría de una alícuota sobre la renta que no se corresponda con incrementos en la inversión sino que tenga como explicación el salto de precios internacional. “Es un un conjunto de empresas que tienen ganancias netas imponibles altas en términos absolutos”, explicó el ministro Guzmán. Esas ganancias deberían ser superiores a los $1.000 millones en el año.
Según el jefe del Palacio de Hacienda, se trata de una “fracción muy pequeña”, de empresas. En ese sentido, remarcó que en 2021 le hubiera correspondido pagarla a un 3,2% de las ripañías totales.
Además, Guzmán aseguró que “la ganancia neta imponible real tiene que haber aumentado de forma significativa en 2022 en relación con 2021″ y que “el resultado ordinario (el margen de ganancia) también tiene que ser anormalmente elevado en 2022″, para que las empresas sean consideradas dentro del impuesto. Por otra parte, dijo que “se incluirá un criterio en que si la renta inesperada se canaliza hacia la reinversión el monto de la contribución será menor”. Como “zanahoria” plantea que tendrán un descuento de ese gravamen quienes reinviertan esas utilidades inesperadas.
“Se está dialogando de forma constructiva para conformar un proyecto de ley que esté bien fundado y que tenga solidez. lo que se busca es redistribuir ingresos inesperados por la guerra y que no tengan que ver con la inversión o la producción”, afirmaron cerca de Guzmán. Los contactos de tipo técnico no son solo con el sector privado sino dentro del propio Gobierno.
El panorama para ese trámite legislativo puede ser complejo para una iniciativa nacida en el Palacio de Hacienda. Guzmán y el presidente de la Cámara de Diputados Sergio Massa tuvieron un cruce público reciente por el reajuste del mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias, lo que terminó por apurar la decisión de Economía de activar esa actualización del tributo.
Sostenido por el presidente Alberto Fernández, el ministro de Economía navega, por un lado entre un fortalecimiento de su posición intra gabinete, luego de haber conseguido una silla “pesada” en el equipo económico como la Secretaría de Comercio Interior que dejó vacante Roberto Feletti días después de tener “arreglada” su continuidad en el cargo.
Ese área pasó a reportar de manera directa a Guzmán desde el punto de vista del organigrama estatal y por tener en ese lugar a Guillermo Hang, funcionario del riñón “guzmanista”. Pero por otro, un soporte político en el Frente de Todos que se limita a Fernández, y con cuestionamientos abiertos en las otras dos alas de la coalición de Gobierno. Es en ese contexto en el que el ministro de Economía buscaría enviar un proyecto de ley con peso específico como el de la renta inesperada.
Un ingreso extraordinario para el fisco en medio del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional podría resultar un “alivio” para el cumplimiento de las metas fiscales consensuadas con el organismo. El programa económico prevé un déficit primario de 2,5% del PBI para este año. Las metas del primer trimestre fueron alcanzadas pero las del segundo, tercero y cuarto trimestres podrían tener una “actualización” en términos nominales por la pauta inflacionaria nueva que contemplarán el Palacio de Hacienda y Washington, más en línea con el 65% anual de suba de precios que estiman en en mercado y lejos del tope de 48% previsto en un primer momento.
“Con casi todas las categorías de gasto corriendo por encima de la inflación y sin la ayuda extra de los ingresos captados por las rentas de la propiedad, es casi un hecho que el gobierno no podrá cumplir con la meta fiscal de 2,5% del PBI pactada con el FMI para este año. Incluso la meta fiscal de junio ya está bajo amenaza: si depuramos el resultado fiscal base caja de los primeros meses del año de los ingresos extras captados por las rentas de la propiedad y del costo fiscal del nuevo IFE, ya estaría incumplida. El gasto debería más que ajustarse, pero todo indica que hasta el momento no es algo que esté en los planes de la administración actual”, aseguró un informe reciente de Consultatio.
Para la consultora Sarandí, por su parte, “el Gobierno tendría dos alternativas para aprobar las metas con el FMI sobre fin del año”. Por un lado, sostuvo que necesitaría “elevar al Congreso el anunciado proyecto de ley para capturar parte de la renta inesperada (y garantizar su aprobación)”. Como alternativa, “solicitar una dispensa (waiver) al FMI, con el propósito de flexibilizar las exigencias fiscales en un año donde casi ningún país del mundo va a reducir el déficit público”. Según Sarandí, el impuesto nuevo podría aportar hasta un 0,41% del PBI.
El segundo tema que forma parte de la agenda urgente de Guzmán podría verse concretado en los primeros días de junio: es la actualización, vía decreto, de los números del presupuesto vigente, que es el de 2021 tras el fracaso parlamentario de la iniciativa oficial para este año. Ese decreto tendrá un dato que el mercado espera con especial atención: cuál es la nueva pauta de inflación anual con la que trabajarán el Poder Ejecutivo y el Fondo Monetario Internacional en lo que resta del año.
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