El Ministerio de Economía delegará por decreto en la Secretaría de Energía la última parte del proceso de segmentación de tarifas: determinar bajo qué criterios se eliminarán por completo los subsidios energéticos para la porción de la población con ingresos más altos. Mientras Martín Guzmán admite que no podrá reducir el peso de las subvenciones en el presupuesto a la velocidad que preveía el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el Gobierno oficializó el segundo y último aumento en las boletas del año y las empresas distribuidoras apuran una adaptación de sus sistemas para el nuevo esquema de pago de la energía.
El jefe del Palacio de Hacienda anticipó este fin de semana en una entrevista radial que en los primeros días de junio un decreto pasará al área de Energía que conduce Darío Martínez el trabajo que resta hacer en el nuevo mapa de subsidios que se desprendió el programa económico consensuado con el FMI. Surgieron, de ese acuerdo, tres universos diferenciados: quienes tienen tarifa social, quienes no contarán con ese ayuda y, dentro de ese continente, el porcentaje de mayores ingresos, que no tendrán subvenciones y pagarán la tarifa plena.
Martín Guzmán admitió que no podrá reducir el peso de las subvenciones en el presupuesto a la velocidad que preveía el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional
Para los dos primeros casos, tras las audiencias de mitad de mayo, el Ministerio de Economía activó la oficialización de los próximos aumentos, que serán los últimos del año. “Se resolvió de una forma que además protege el poder adquisitivo de las trabajadoras y trabajadores”, defendió Guzmán en declaraciones a AM 750, al asegurar además que “es importante seguir en la línea de lo que habíamos programado”. “Ahora no debería haber dudas. Y eso lo hablamos en el diálogo con los empresarios en los últimos días: si en algún momento plantearon dudas sobre el programa económico, ahora que no quede ninguna duda”, mencionó. Entre esas dudas, nombró el ministro, estaba la cuestión sobre cómo resolvería el Gobierno la cuestión de las tarifas y los subsidios.
“Se hizo lo que se había anunciado en el programa económico que es tener un esquema en el que se segmentan las actualizaciones”, reiteró Guzmán. Para la energía eléctrica, los usuarios con tarifa social experimentarán una suba de la factura en el Gran Buenos Aires de 7,7% promedio. De esa forma, a lo largo del año su boleta habrá tenido un aumento de 21,6%, un porcentaje equivalente al 40% del incremento registrado por el Coeficiente de Variación Salarial (CVS) durante el año pasado, tal el criterio acordado entre el Poder Ejecutivo y el FMI.
Para el resto de los usuarios residenciales ese 40% del CVS se convierte en un 80%, para así asegurar, según comentó Guzmán, que los ingresos no se vean afectados en términos reales por el reajuste de tarifas. Así, este segmento de la población tendrán en promedio incrementos en sus facturas de luz a lo largo de 2022 inferiores al 42,7 por ciento.
“Hay un universo que tiene capacidad económica plena que quedará segmentado y esto se va a instrumentar vía un decreto que determina que la autoridad de aplicación es la Secretaría de Energía con la conducción de Darío Martínez, va a determinar los criterios específicos sobre los cuales se implementa esta segmentación”, anticipó el ministro de Economía. Sería la última etapa del proceso de segmentación de tarifas.
La propuesta planteada durante la audiencia pública que discutió este tema consiste en que la tarifa plena alcance a titulares de servicios con ingresos equivalentes a 3,5 canastas básicas totales (son unos $333.410 con los datos de abril), tres o más inmuebles, tres o más vehículos de menos de 5 años de antigüedad o sean propietarios embarcaciones de lujo o aeronaves.
Habrá tres universos diferenciados: quienes tienen tarifa social, quienes no contarán con ese ayuda y, dentro de ese continente, el porcentaje de mayores ingresos, que no tendrán subvenciones y pagarán la tarifa plena
Para los usuarios del Área Metropoliana de Buenos Aires habría también criterios geográficos, para que de esa manera dejen de recibir subsidios quienes vivan en los 13 barrios identificados como de alta capacidad de pago (Puerto Madero y zonas de Recoleta, Palermo, Belgrano y Núñez, una parte de Colegiales, algunas manzanas de Villa Urquiza, Retiro, Saavedra y Villa Devoto y una zona de Caballito, en la Ciudad de Buenos Aires) junto con “el Bajo” de los partidos de Vicente López y San Isidro en el GBA y en 466 countries y urbanizaciones cerradas.
En ese contexto, Guzmán reconoció este sábado que el Gobierno no podrá recortar subsidios a la velocidad que estaba prevista en un principio en el acuerdo con el FMI y que el staff del organismo no ofreció resistencia en ese aspecto porque “es algo lógico”. “Hubo un impacto en la guerra de los subsidios energéticos y esto implica que la velocidad en la cual se puede ir atacando la reducción de los subsidios es otra”, mencionó el jefe del Palacio de Hacienda.
La cuestión de las tarifas, además de la nueva estimación de inflación -que actualizará el techo de 48% planteado en un primer momento-, formó parte de la primera revisión del FMI a las metas trimestrales, de finales de marzo, cuya finalización formal todavía no fue anunciada por el staff, a tres semanas de un nuevo vencimiento que el país debería abonar al organismo por poco más de USD 2.700 millones el 21 y 22 de junio. Aún resta que en ese tiempo los técnicos elaboren el informe y lo eleven al directorio antes de que Washington active el nuevo desembolso.
“El punto de las proyecciones de inflación, por supuesto habrá que revisarlas porque hubo también un impacto de la guerra y de la situación de las expectativas sobre la inflación. La situación se está calmando y la inflación del mes de mayo va a ser menor al mes de abril. Esto se viene viendo con mucha claridad”, mencionó Guzmán.
Y la cuestión de la inflación, precisamente, también es un tema que estará incluido en el decreto que prepara el Gobierno con los números presupuestarios actualizados, un compromiso asumido con el FMI al no contar el Poder Ejecutivo con un proyecto de ley de ingresos y gastos aprobado en el Congreso. “Cuando actualicemos el Presupuesto, que naturalmente habrá que actualizar, ahí revisaremos las proyecciones de inflación. Se sigue trabajando en el objetivo central de recuperar el poder adquisitivo de los salarios”, dijo Guzmán.
Para la consultora Equilibra, este año el Gobierno no solo no logrará reducir 0,6% del PBI los subsidios como preveía en el acuerdo con el FMI sino que terminará con un incremento de 0,7 por ciento del Producto
Entre las consultoras ya se da por descontado que será difícil para el Gobierno en un contexto como el actual llevar adelante la poda de subsidios y que eso puede poner presión a la meta de reducción del déficit primario acordada con el FMI. Para Equilibra, “la velocidad a la que están evolucionando algunas líneas de gasto representa un indicio adicional de que el objetivo fiscal difícilmente se cumpla”, mencionó en un informe reciente.
“En particular, los subsidios energéticos (que antes de la guerra en Ucrania se esperaba que cayeran 0,6 puntos del PBI) treparon 166% en lo que va del año, debido al salto en el precio internacional de la energía y la postergación del aumento/segmentación tarifaria. De esta manera, en el acumulado del año ya alcanzan el 0,6% del PBI, incluso por encima del primer cuatrimestre de 2016, año que cerró con subvenciones energéticas de 2,5% del PBI. Dado que el gasto en este rubro treparía aún más en los meses de menores temperaturas, cuando la demanda de gas y electricidad aumenta para calefaccionar hogares, prevemos que cerraría 2022 rozando 3% del PBI (fueron 2,3% del PBI en 2021)”, concluyó esa consultora.
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