Las tarifas aumentarán mucho menos que la inflación y los subsidios ya crecen a un ritmo del 150% anual

Se alejan rápidamente las metas pactadas con el FMI. En Wall Street igual se entusiasman con el debilitamiento del kirchnerismo. No para de crecer la deuda en pesos: ¿le puede explotar al Gobierno?

Guzmán y Basualdo

El aumento de tarifas es la base del acuerdo con el FMI. Según lo pactado con el organismo, el déficit fiscal debería reducirse del 3% al 2,5%, a partir de la reducción de subsidios económicos. Pero ocurrirá exactamente lo contrario al compromiso asumido con el organismo internacional: las tarifas se incrementarán mucho menos que la inflación proyectada en 2022, es decir se abaratarán en términos reales, y el rojo de las cuentas públicas no solo no se reducirá sino que incluso podría aumentar respecto al año pasado.

Según trascendió el viernes a última hora, la secretaría de Energía avanzó con el ajuste tarifario adicional de alrededor del 20% para luz y gas a partir de junio para los hogares de “clase media” en la zona metropolitana. De esta forma, el ajuste anual llegará al 44%. Para el segmento que percibe la tarifa social la suba sólo será del 20% para todo el año.

Estos incrementos quedaron por lo tanto muy por debajo del ajuste de la inflación, que se proyecta por encima del 70% para todo el año. La diferencia para que los hogares sigan pagando tarifas cada vez más baratas la pondrá obviamente el Estado, a través de nuevos subsidios.

¿Qué pasará con la quita total de subsidios para el 10% de hogares más “ricos”? Por ahora recibirán el ajuste del 20% como el resto de la “clase media”. El incremento más fuerte, que superaría el 100%, llegaría en septiembre cuando ya hayan pasado los meses del invierno que presentan altos consumos de gas. Pero ni siquiera este ajuste alcanzaría para reducir el gasto.

Con este cuadro tarifario confirmado, el ex ministro de Energía, Daniel Montamat, estima que los subsidios energéticos aumentarán de USD 11.000 millones en 2021 a USD 15.000 millones en 2022. Según los últimos datos de la secretaría de Hacienda, los subsidios económicos aumentaron a un ritmo del 160% en abril contra el mismo mes del año pasado. Por supuesto el fuerte aumento de los precios internacionales del gas (que la Argentina debe importar para el invierno) también forman parte de la ecuación.

Los usuarios del AMBA pagan así cada vez menos por el costo real del servicio que reciben, al revés de lo que sucede en el resto del país. Con los congelamientos tarifarios primero y ahora con aumentos insuficientes, el gobierno de Alberto Fernández le dejará a la próxima administración una situación muy parecida a la herencia de Cristina Kirchner a Mauricio Macri en 2015. Ocho años de diferencia y nada ha cambiado.

Las tarifas evolucionan exactamente al revés de lo pactado con el FMI. Se están atrasando en relación a la inflación y permiten un fuerte incremento de los subsidios económicos. Por eso se incumplirá el acuerdo con el organismo, aunque no peligran los próximos desembolsos comprometidos

Los desequilibrios de la economía argentina son cada vez más acentuados. La fuerte aceleración inflacionaria es la mejor muestra del desborde monetario, que parte del gran desequilibrio en las cuentas públicas. El pago del IFE 4 este mes no hará más que aumentar el problema. Y más allá de la “contabilidad creativa” que aplique el Gobierno, será casi imposible cumplir con la meta fiscal que se había firmado con el Fondo para el trimestre.

El kirchnerismo duro insistió esta semana con su set de políticas “heterodoxas” para aliviar la inflación. Ya plantados como opositores, le piden al Gobierno de Alberto Fernández que suba las retenciones a las exportaciones agrícolas para “desacoplar” los precios internos de los fuertes aumentos internacionales, en particular del trigo. Pero no se quedan ahí. También exigen desactivar los aumentos de tarifas y frenar la suba del dólar oficial, por considerarla que es inflacionaria.

Cristina Kirchner y Martín Guzmán REUTERS

Estas exigencias del núcleo duro de Cristina Kirchner, que en realidad aumentarían el peligro de una estampida inflacionaria y de tipo de cambio, hay que entenderlas a partir de la proyección política que hacen en dicho espacio para el 2023. Todas las encuestas coinciden en que la imagen del Gobierno y del Presidente han caído a niveles mínimos, comparables al peor momento de Fernando de la Rúa antes del estallido de la Convertibilidad en 2001.

Cristina tampoco se salva. Si bien está mejor que el Presidente, estaría perdiendo su “núcleo duro” del 30% que siempre la acompañó incluso en los peores momentos. Por lo tanto, los esfuerzos por despegarse de las decisiones de la Casa Rosada aumentarán con el paso de los meses. Pero no le resultará fácil despegarse del fracaso de un Presidente que ella misma eligió.

El kirchnerismo duro es hoy el principal opositor a las políticas del Gobierno, en un intento por despegar a Cristina de los pésimos resultados obtenidos por Alberto Fernández. Exigen suba de retenciones, freno a las tarifas y que no siga aumentando el dólar oficial. Así creen que se puede combatir la inflación

Hacia delante la economía no traerá buenas noticias. Todo lo contrario. El pico de actividad se habría alcanzado en el primer trimestre. A partir de ahora se viene un período de amesetamiento, que alternará algunos meses mejores y otros peores. Pero todo estará enmarcado por ingresos que seguirán corriendo de atrás a la inflación.

Sólo los asalariados con sindicatos fuertes conseguirán a duras penas empardar a los aumentos de precios, con viento a favor. Pero los empleados de rubros más golpeados, los informales, cuentapropistas y quienes reciben planes sociales perderán contra la inflación más alta en 30 años.

La “estanflación” está de vuelta y acompañará lo que resta de la gestión de Alberto Fernández. La principal duda de los empresarios, analistas económicos y de los mercados es coincidente: ¿puede ocurrir una explosión antes de las elecciones presidenciales?

En Wall Street volvieron a mirar a la Argentina, porque se acercan lentamente las elecciones presidenciales. Para los inversores, cuanto peor le vaya al Gobierno mayor será la oportunidad para posicionarse en activos locales, que siguen cotizando a precios regalados

Todas las miradas apuntan a la dinámica de la deuda en pesos. El Tesoro está obligado a emitir bonos en cantidades crecientes para hacer frente al déficit fiscal y para hacer frente a los vencimientos que se suceden mes a mes. En mayo, por ejemplo, colocó títulos por el 120% de los vencimientos del mes. Es decir le alcanzó y le sobró para refinanciar.

Pero no es un dato de todo tranquilizador. Las colocaciones de deuda en pesos tienen una proporción cada vez más abultada de bonos ajustados por CER, es decir inflación, con lo cual el crecimiento de la deuda es exponencial. Pero al mismo tiempo los plazos de colocación son cada vez más cortos: nadie quiere comprar títulos más allá de agosto de 2023. La gran incertidumbre política provoca que las PASO del año próximo resulten una suerte de “muralla”, tal como lo describió en un reciente informe Consultatio Asset Management.

La dinámica de la deuda en pesos será el primer gran desafío que enfrente la próxima administración. Aunque también podría explotarle en la cara a Guzmán, tal como le sucedió a Macri luego de las primarias del 2019. El entonces ministro de Economía, Hernán Lacunza, optó por “reperfilar” el vencimiento de bonos en moneda local en aquel momento, ante la resistencia del macrismo a imponer un cepo cambiario estricto antes de las elecciones presidenciales.

Sin embargo, la perspectiva de un cambio político a fines de podría jugarle a favor al Gobierno para transitar el año electoral con algo más de calma. Por lo pronto, En Wall Street empiezan nuevamente a mirar a la Argentina, pese a todas las veces que los inversores ya se “quemaron” con promesas de un cambio que nunca llegó.

El “combo” de precios de activos que siguen a precios de remate, la creciente debilidad del kirchnerismo y excelentes precios de exportación empezó a captar la atención de fondos internacionales. Los cálculos conservadores que manejan en Nueva York apuntan a la siguiente ecuación: si los cambios políticos se dan de acuerdo a lo que marcan las encuestas actuales, el mercado local debería sin mayores esfuerzos duplicar sus precios en dólares en un plazo no mayor a un año.

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