La renuncia de Roberto Feletti a la Secretaría de Comercio Interior es el último capítulo de una serie de episodios fallidos en el control de los precios al consumidor, en diversas circunstancias, con gobiernos civiles y militares, pero con un denominador común: el rotundo fracaso para bajar la inflación en la Argentina por la falta de una macroeconomía robusta.
Entre los casos más resonantes de las últimas décadas, se destacan los de Ricardo Campero y Ricardo Mazzorín en el gobierno de Raúl Alfonsín, Pablo Challú en la gestión interina de Eduardo Duhalde y Guillermo Moreno con Néstor y Cristina Kirchner.
La historia de los controles de precios, claro está, tuvo su apogeo en el siglo XX en el gobierno de Roberto Ortiz, que en 1939, con el inicio de la Segunda Guerra Mundial, impuso un esquema de “Precios Máximos” para fabricantes, intermediarios, importadores y mayoristas, con penas de multas, clausuras y hasta prisión. “En el debate parlamentario se reconoció cuán discrecionales eran las facultades que se le otorgaban al Poder Ejecutivo que solo se justificaron por la emergencia”, recordó el historiador Roberto Cortés Conde en su libro “La Economía política de Argentina”. Allí subrayó que estos controles se fortalecieron curiosamente un año después de la guerra, un día antes de que Juan Perón asumiera la presidencia por primera vez, por un decreto del presidente Edelmiro Farrell, que se utilizó durante la administración justicialista. Sin embargo, en esa presidencia la inflación pasó del 18,7% en 1946 al 34% en 1949, lo que obligó a Perón a aplicar un plan de ajuste con congelamiento de precios y salarios en su segunda gestión a partir de 1951, cuando la suba de precios había llegado al 50 por ciento anual.
En 1973, el encargado de controlar los precios fue el entonces joven Roberto Lavagna, cuando la inflación rondaba el 40% anual, durante la gestión del ministro José Ber Gelbard. En 1977, durante la dictadura, José Martínez de Hoz intentó una “tregua” de precios que tampoco dio resultado, ya que la inflación fue del 160% y del 169% en 1978.
Más cerca en el tiempo, Campero fue parte del gabinete económico de Bernardo Grinspun, el primer ministro de Economía de Ricardo Alfonsín, y ejerció su tarea en 1984 y 1985, cuando la inflación fue del 688%y del 385%, respectivamente, hasta que Juan Sourrouille asumió la titularidad del Palacio de Hacienda y despidió a este radical histórico defensor de los controles acérrimos.
Con Sourrouille, asumió Ricardo Mazzorín, que pasó a la historia no por bajar el nivel de precios –en 1986 la inflación fue del 82%, en 1987 del 174% y en 1988 del 387%- sino por la importación de pollos de Hungría para bajar los precios internos de este producto, que derivó en un escándalo por la existencia de animales contaminados.
En el gobierno de Carlos Menem, hasta el inicio del plan de convertibilidad, se intentó aplicar el control de precios durante la gestión de los ministros relacionados al plan Bunge & Born, ya que la inflación se había transformado en hiperinflación en 1989, al llegar a 4923%. Alberto Albamonte recordó en un reportaje con Ambito Financiero que el presidente “en un momento me quiso designar como secretario de Comercio. En ese momento el Ministro de Economía era Miguel Ángel Roig, que quería poner precios máximos, entonces pensé: voy a manejar el tema de precios con hiperinflación y con un desborde de los precios relativos terrible, eso generaría una recesión feroz”.
“Entonces le dije a Menem que no lo podía acompañar porque no estaba convencido de las medidas que se estaban tomando. Le dije: esto lamentablemente termina en hiperinflación, y fue efectivamente lo que sucedió”, expresó Albamonte, al recordar que en 1990 la suba de precios fue de 1343% y en 1991 bajó al 84% con el nuevo plan promovido por Domingo Cavallo como ministro.
En 2002, luego de la explosión de la convertibilidad y de una década sin inflación, en el gabinete del entonces ministro de Producción José Ignacio de Mendiguren asumió el industrial Pablo Challú, que fue despedido en abril cuando asumió la cartera económica Roberto Lavagna, quien estaba en desacuerdo con la aplicación del programa de precios máximos impulsada por De Mendiguren y Challú. Ese año, la inflación llegó al 41 por ciento.
Con la salida de Lavagna, el hombre fuerte de los precios internos pasó a ser Guillermo Moreno, quien trascendió su rol como secretario y tuvo más poder que los ministros de Economía Felisa Miceli, Miguel Peirano, Martín Lousteau, Carlos Fernández y Hernán Lorenzino.
Sin embargo, además de estar a cargo de la intervención del Indec y de las maniobras de manipulación de las estadísticas –tal como figura en la acusación por la que va a juicio oral- no logró bajar los precios, que fueron del 18,7% en 2007, 23% en 2008, 14,6% en 2009, 27,2% en 2010, 23,3% en 2011, 23% en 2012 y 29,7% en 2013, cuando asumió como ministro Axel Kicillof y logró desplazarlo en 2013, aunque sin blanquear las estadísticas reales ni reducir la inflación, que fue del 38,7% en 2014 y del 27,8% en 2015, pese a los controles que ejecutó su propio secretario de Comercio, Augusto Costa.
Luego de un período sin controles durante el gobierno de Mauricio Macri –en el que tampoco se pudo reducir la inflación- la secretaría volvió a tener peso propio con el gobierno de Alberto Fernández, primero con Paula Español, ligada a La Cámpora, que renunció en octubre de 2021, luego de que la inflación alcanzara al 36% en 2020 en plena pandemia y mientras se aprestaba a llegar al 50,9% en 2021 pese a la vigencia del programa de “Precios Máximos”.
Su sucesor, hasta ayer, fue Roberto Feletti, quien intentó redoblar los controles con programas de “Precios Cuidados”, discursos grandilocuentes en contra de las empresas, fideicomisos y amenazas de aplicar la ley de abastecimiento a diversos sectores, mientras la inflación se aceleraba mes a mes para llegar al 58% en el último. Renunció por “discrepancias” con los ministros Martín Guzmán y Matías Kulfas, o sea con el presidente Alberto Fernández, mientras pedía en voz alta una suba de las retenciones, curiosamente en sintonía con el Jefe del Estado, dejando de lado las recetas tradicionales que utilizan los países para bajar los precios, como la política fiscal y monetaria.
A su reemplazante, Guillermo Hang, no le espera un panorama auspicioso, ya que los analistas prevén una suba de precios superior al 70% este año, pese al atraso cambiario y tarifario, que le dejará al próximo gobierno, una vez más, una pesada herencia.
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