Cepo light, tarifas, subsidios y gasoducto: Guzmán busca destrabar la agenda energética mientras recalibra el acuerdo con el FMI

En el cuaderno rojo que lleva a todas sus reuniones y actividades, Martín Guzmán tiene anotado como uno de los temas de cabecera, pasadas las páginas más densas de la reestructuración de deuda con el FMI, la agenda energética, que activó en las últimas semanas y en la que tiene varios frentes abiertos. Desde el más urgente, como el abastecimiento de gas para el invierno y los aumentos de tarifas para reducir subsidios, hasta los de mediano plazo, como la puesta en marcha del gasoducto Néstor Kirchner y la flexibilización de los controles cambiarios para inversiones en ese sector.

La energía ganó peso en la agenda del fortalecido ministro, que con la anexión de la Secretaría de Comercio Interior ya concentra el grueso de la política anti inflacionaria, salvo obviamente al Banco Central- cuestión que también está en el núcleo del acuerdo con el Fondo: el sendero de reducción de subsidios es uno de los temas que aún rediscuten los equipos técnicos de Economía y el Fondo, en la misión virtual que realiza la primera evaluación de cumplimiento de metas.

Las tarifas y los subsidios no son objetivos ni metas en el programa económico, pero la política tarifaria es una de las preocupaciones centrales del Staff y el directorio del FMI, que auspicia un recorte de esa cuenta para priorizar el gasto en otras áreas. El consenso alcanzado entre las partes era que este año la masa de subvenciones se reduzca al 0,6% del PBI. Pero apenas salió a la luz el acuerdo, esa línea de llegada pareció alejarse, por el cambio de condiciones internacionales.

El shock de precios global de alimentos y de energía obligó a Buenos Aires y a Washington a “recalibrar” algunas de las variables del programa, principalmente la estimación de inflación y el recorte de subsidios. El encarecimiento de la energía implicará para el Estado un gasto mayor y una cuenta más onerosa. La meta de recorte de subsidios aparece cada vez más dificíl si se observa el gasto en los primeros cuatro meses del año. Según datos de Hacienda, en ese período la cuenta ascendió a $439.817 millones, contra $165.448 millones de igual período de 2021. En suma, un aumento nominal de 165 por ciento.

La posibilidad de iniciar un camino de reducción efectiva de subsidios se pone en tensión ante ese aumento acumulado de la cuenta de subvenciones. Y el trámite para que, tras las audiencias públicas, los aumentos estipulados por el Ministerio de Economía -y cuestionados desde el kirchnerismo- se cristalicen puede no ser tan simple.

Para el caso del gas, el Gobierno llevará adelante aumentos para los usuarios que no tienen tarifa social a partir de junio. Los porcentajes de reajuste van desde 18,5% hasta 25,5%, según la zona. Será el segundo aumento del año y con esas cifras se alcanzará el tope que estipula el acuerdo con el FMI, que es un porcentaje equivalente al 80% del coeficiente de variación salarial (CVS) de 2021, que fue de 53,4 por ciento. De esa forma, la suba será, como mucho, de 42,7 por ciento.

Diferenciados

Para el caso de la electricidad, el Gobierno pondrá en marcha incrementos diferenciados para los usuarios del AMBA, también a partir de junio. Con el 16,52% que se aplicará en promedio para hogares sin tarifa social, también se alcanzarán los topes.

Una vez que se oficialicen los incrementos, su pase a la factura podría tardar un par de meses más, según deslizan entre las empresas distribuidoras. Eso sucedería porque las compañías deben, en primer lugar, terminar de adaptar sus sistemas al nuevo esquema de subsidios que quedará establecido. Los tres universos serán: tarifa social, sin tarifa social y sin ningún tipo de subsidio, por lo que la fecha que estiman para ver concretado los aumentos es agosto.

Más allá de la urgencia, hay dos proyectos que aparecen en el radar más próximo de acción del ministro Guzmán, también ligados a la energía, y que buscan plantear algún escenario de mediano y largo plazo, incluso en medio de una coyuntura exigente.

Por un lado, el Gobierno tiene como una obra de infraestructura prioritaria el gasoducto Néstor Kirchner, una obra clave para el Gobierno que permitirá ampliar la capacidad de transporte del gas que se produce en la formación no convencional de Vaca Muerta.

Con 558 kilómetros de extensión va a ser construido en dos etapas, la primera contempla el trazado entre el punto de ingreso en la localidad neuquina de Tratayén hasta la localidad del oeste bonaerense de Salliqueló. Permitirá incrementar la capacidad de transporte en 24 millones de m3 por día con un costo aproximado de USD 1.500 millones y será financiado con fondos del tesoro y lo recaudado en 2021 por el impuesto a las grandes riquezas.

La segunda etapa permitirá llegar con gas natural al sur de la provincia de Santa Fe, en la localidad de San Jerónimo, lo que abrirá la posibilidad de llegar a grandes centros urbanos e industrias del centro y norte del país, como así también la posibilidad de exportación a Brasil y norte de Chile.

La parte que aún no fue licitada es la construcción propiamente dicha, más allá de que ya se haya adjudicado a Techint la provisión de los caños. A priori, se esperaba la presentación de ofertas para el 20 de mayo, la adjudicación de obras para el 15 de junio y el inicio de obras para agosto de 2022. Aún no fue presentado el pliego de licitación, por lo que los tiempos tendrán alguna demora. Según la hoja de ruta original, -y en el caso de que a fines de mayo pudiera entregarse el estudio de impacto ambiental-, las estimaciones oficiales calcualban que la obra estaría ingresando en servicio el 31 de mayo de 2023.

En el mismo sentido va la resolución que prepara Guzmán para flexibilizar el cepo cambiario para inversiones que se dirijan hacia el sector energético, una promesa que el ministro de Economía viene repitiendo en distintas ocasiones ante empresarios. Será un atajo tras el fracaso del tratamiento de una ley integral de hidrocarburos con facilidades similares a las que tendrá ese decreto. La interna oficialista y un diseño de la iniciativa que fue objetado por gobernadores petroleros y empresas enterró el proyecto de ley, que fue presentado en septiembre del año pasado.

Una interpretación que hacen en algunos despachos oficiales es que una de las consecuencias geopolíticas de la guerra en Ucrania será una cambio en algunas cadenas comerciales y de insumos, y que los países centrales procurarán cambiar sus fuentes de abastecimiento de energía para dejar de depender de Rusia. Guzmán suele reiterar en reuniones que en la última cumbre del G20 y el Banco Mundial, ese tema aparecía en el tope de agenda de los líderes internacionales, con mayor urgencia que otros como la pandemia o la deuda global.

Según esa lógica, el sector energético argentino tendría una oportunidad para sumarse a esa “nueva globalización” y convertirse en abastecedor de petróleo y de gas de nuevos mercados, como la llama habitualmente el ministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas.

Guzmán avizora que las condiciones internacionales serían favorables para que la Argentina pueda exportar, en un futuro, GNL. “Hemos mantenido encuentros que nos ayudan a posicionar la estrategia que está trazando el gobierno argentino para producir Gas Natural licuado. La estrategia incluye una articulación con empresas energéticas nacionales, internacionales, y varios países miembros del G20 a efectos de garantizar la demanda para la producción que la Argentina tiene el potencial de generar”, dijo el ministro.

Actualmente el sector es el cuarto en importancia en el abanico de exportaciones argentinas, por detrás de la soja, el maíz y la industria automotriz y exporta más que la carne, el trigo y el oro. Según datos del Indec, en 2021 el complejo petroquímico vendió al exterior por un valor total de 5.208 millones de dólares (USD 4.306 millones en petróleo y gas), es decir un salto de 42,3% respecto a 2020, aunque la cifra de ese año estuvo influida por el impacto económico global y local de la pandemia. En comparación con 2019, de hecho, la suba es mínima (2,6%), ya que ese año el rubro exportó USD 5.076 millones.

Dentro de ese conglomerado de actividades, el subcomplejo petrolero exportó aceites crudos de petróleo en 1.848 millones de dólares (USD 365 millones más que en 2019), combustibles y lubricantes a buques y aeronaves por 835 millones de dólares, naftas por 446 millones de dólares, propano y butano licuados; y gas natural en estado gaseoso. Los principales clientes fueron Estados Unidos, Brasil, Medio Oriente, la Unión Europea y Chile.

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