Más “fuego amigo” sobre Guzmán: un director del Banco Nación criticó el gasto en subsidios y el aumento de la deuda interna

Bajo fuego kirchnerista y sin poder mostrar aún resultados positivos en la “guerra contra la inflación” que declaró el presidente Alberto Fernández, Martín Guzmán recibió ahora otra salva crítica de Claudio Lozano, miembro del directorio del Banco Nación, el más grande banco del Estado y el mayor del sistema financiero argentino, que sacó conclusiones muy negativas del gasto fiscal de los primeros cuatro meses del año.

Lozano ya había dicho que el acuerdo con el FMI “no es más que un default diferido y garantiza impunidad”. Ahora, en un breve informe del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas, que firmó con Mariana Ribolta y Eugenia Ventura Flossi, apuntó a los subsidios a la energía, los combustibles y la minería y al aumento de la deuda pública y subrayó el peso de la deuda interna (que crece a fuerza de lo que Guzmán llama “financiamiento neto positivo”) y un aspecto hasta ahora poco señalado por el “fuego amigo”: los intereses de la deuda “en moneda nacional” ya superan los de “préstamos del sector externo”.

La brecha no es poca: 52 vs 28% del total en intereses de deuda, con el 20% restante etiquetado como “servicios de la deuda en moneda extranjera”, que tiene tanto acreedores locales, incluso estatales, como extranjeros.

El trabajo intenta develar “el orden de prioridades que la Administración Nacional estableció en los primeros cuatro meses del año” y descuenta del gasto previsional los ingresos específicos del sistema, reduciendo el aporte extra del fisco al 9% del gasto público total.

Hecha esa distinción, destaca que en el primer cuatrimestre los subsidios a la energía representaron el 17% del gasto total (sin contar la parte auto-financiada de Anses). En los debates tarifarios esos subsidios se asocian a los usuarios residenciales “cuando en realidad también incluyen el gas y la energía eléctrica con que se subsidia a grandes consumidores industriales”, dice el escrito, que recuerda el subsidio a la oferta del “oligopolio petrolero y gasífero” (encabezado por YPF, de mayoría estatal) y señala que también “hay subsidios importantes” en los contratos del Estado con las centrales térmicas.

Gasto diferido

El segundo rubro del gasto enero-abril, precisa el trabajo, fue el pago de la deuda pública: 15% del total. Lozano & Cía cuestionan la reestructuración de deuda privada y el acuerdo con el FMI, supuestos logros de Guzmán, por diferir pero no resolver el problema. Los compromisos en divisas, precisan, son de USD 7.598 millones este año –a cubrirse en buena parte con envíos del FMI- pero subirán a USD 13.800 millones en 2025, a USD 14.400 millones en 2026 y a USD 18.000 millones en 2027.

Más notable aún, el estudio destaca que 52% de “la función Deuda Pública” es en moneda local. Es cierto, dice, que la deuda en pesos es más manejable que la deuda en dólares, pero –subraya- “ya representa una magnitud muy considerable que no puede desestimarse en tanto subordina o limita la autonomía del Estado y de la gestión del gobierno respecto al establishment económico-financiero”.

Cuestiona así la estrategia de fuerte aumento de la deuda en pesos, ajustada a inflación o atada al dólar, que defienden Guzmán y Kulfas con argumentos como que endeudarse en pesos es como hacerlo con un familiar, ignorando el hecho de que en vez de ir achicando la cuenta, cada vez le piden y deben más. Además, dice el trabajo, “esta deuda en pesos luego se va a juntar con las deudas en dólares que ahora se ha diferido”.

Lozano y sus coautoras concluyen que en el primer cuatrimestre el 32% del gasto público fueron subsidios “al oligopolio petrolero” y “compromisos con el establishment financiero”, que esa deuda “por sí sola equivale a lo gastado en 19 funciones del Estado” y representa “un 50% más que lo invertido en promoción y asistencia social, un 66% más que la inversión en educación, cultura y seguridad social, un 114% más que lo invertido en salud y 275% más que la inversión en vivienda”.

“La Argentina del 40% de pobres y casi 10% de indigentes” –rematan- “está obligada a reflexionar sobre las prioridades del gasto público”.

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