Mientras Economía y el FMI avanzan en la primera revisión del acuerdo, alertan que por la inflación deberán cambiar las metas fiscales

Mientras el Gobierno y el Fondo Monetario Internacional concluyen la primera revisión trimestral de metas cuyo cumplimiento habilitaría otros USD 4.000 millones de desembolsos del organismo, el avance del gasto público enciende alarmas en el tablero de la política económica. Hasta abril, por ejemplo, el gasto en subsidios a las tarifas energéticas habían aumentado casi 80% en términos reales y, en términos generales, el gasto público lo hizo casi 15%, tensionando el cumplimiento de los objetivos fiscales y monetarios.

Economía planteó como un activo del programa acordado que el gasto público pueda aumentar en términos reales, contra la idea de “ajuste” que suelen contener los planes consensuados con el organismo internacional.

Sin embargo, según un informe reciente de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), el gasto corriente tuvo un crecimiento real -descontando a la inflación- de 14,6 por ciento, mientras en ese mismo tramo los ingresos corrientes tuvieron un avance de apenas 2,9 por ciento. En el primer cuatrimestre del año, según la OPC, el déficit primario fue de 564.000 millones de pesos. De todas formas, como aclaración, no es un dato estrictamente comparable a la información oficial que publica la Secretaría de Hacienda.

El reporte de la OPC, que depende del Senado de la Nación, marca que buena parte del aumento del gasto público se debe a los subsidios a la energía acumulados en los primeros cuatro meses del año. Hasta abril fueron unos $420.000 millones, un 78,7% más que en igual tramo del año pasado.

Los subsidios son parte central de las discusiones que involucran a los funcionarios nacionales y los del Fondo desde hace algunos días, en el marco de la primera revisión trimestral. Los precios internacionales trastocaron los planes y proyecciones de gasto originales para asegurar el abastecimiento de energía durante los meses de mayor demanda, en invierno. Esto implica un gasto público mayor y complica la meta de recortar las subvenciones en 0,6% del PBI.

Tal el marco conceptual de la “repriorización” que busca Economía: las metas principales no se modificarán, pero algunas medidas clave -como la caída del gasto en subsidios- se aplicarían con flexibilidad en el primer año de vigencia del acuerdo.

Otros puntos del gasto público se aceleraron en los primeros meses del año se deben al aumento del gasto social, en el contexto de una delicada situación laboral y de ingresos para millones de personas. Las partidas para el programa Potenciar Trabajo crecieron 70% en términos reales, hasta los $130.000 millones, las catalogadas como “política alimentaria” un 44% y las becas Progresar, un 263%, precisó la OPC.

Así las cosas, algunos analistas creen que las metas fiscales podrían estar en peligro en los próximos meses. La próxima revisión del FMI sería en septiembre para analizar el cumplimiento de los objetivos de déficit, de emisión monetaria y de acumulación de reservas explicitados hasta fines de junio. El memorando de política económica acordado prevé para mitad de año un techo de déficit primario de $566.000 millones, número muy similar al rojo primario detectado por la OPC en los primeros cuatro meses del año, aunque con la salvedad de que no son cifras estrictamente comparables.

Esta semana se conocerá la información de Hacienda sobre el resultado fiscal de abril, lo que permitirá perfilar el cumplimiento de la segunda meta fiscal. “Esperamos ingresos creciendo al 80% anual, en línea con la recuperación de la recaudación y el aporte de las rentas de la propiedad a partir de contabilizar como ingreso por intereses la colocación de deuda sobre la par. Este último explicó casi 30% del aumento de los ingresos en marzo y estimamos un aporte en torno al 10% este mes. Del lado de los gastos, esperamos un crecimiento de 87% anual, lo que implica cierta aceleración respecto a la dinámica previa”, adelantó la consultora LCG.

“En total esperamos un déficit superior a los $60.000 millones, lo que implicará que un total de $255 mil millones en 4 meses (0,3% del PBI). La meta comprometida con el FMI para el segundo trimestre asciende a $566 mil millones, pero seguramente será corregida contemplando el escenario de mayor inflación no previsto en el acuerdo”, consideró la consultora.

En términos de asistencia monetaria del BCRA para financiar al Tesoro, el techo para junio es de $438.000 millones. Según un informe reciente de la consultora PxQ, que realiza periódicamente un semáforo de las metas con el Fondo Monetario, hasta la semana pasada el Gobierno todavía tenía un margen de $150.000 millones para pedirle dinero al Banco Central para cubrir su déficit. Una cifra superior ya incurriría en un evento de incumplimiento.

La acumulación de reservas, por su parte, es el que aparece como objetivo más complejo para el Poder Ejecutivo. Según PxQ, otra consultora, la autoridad monetaria acopió unos USD 1.683 millones en lo que va del año, mientras la meta a fines de junio es de USD 4.100 millones. Así, al BCRA le quedarían por comprar en las próximas seis semanas poco más de USD 2.400 millones para alimentar su colchón de divisas netas.

PxQ estimó cuál debería ser el ritmo de compra de dólares del BCRA para cumplir la meta. “Si se pudiera usar el Fondo de Resiliencia del FMI para engrosar las reservas internacionales netas el BCRA debería comprar USD 34 millones promedio por día hasta el 30 de junio para cumplir el objetivo del Extended Fund Facility. Sin este Fondo se deberían comprar USD 80 millones promedio por día”, estimó. El Fondo de Resiliencia alude es la nueva línea de financiamiento que anunció el FMI con condiciones más laxas, y que podría implicar un refuerzo de fondeo para la Argentina, pero de solo unos USD 1.300 millones.

Habría posibilidades, en todo caso, de modificar esa meta de acumulación de reservas, según la letra chica firmada con el FMI. “En mayo el promedio diario de compras netas de divisas del BCRA viene en USD 60 millones. Según establece el acuerdo, el objetivo de acumulación trimestral se podría modificar si no ingresa el financiamiento de organismos internacionales planificado para el segundo trimestre”, que estimó en USD 700 millones.

La rediscusión sobre las proyecciones de inflación que están previstas en el acuerdo con el Fondo Monetario es, para algunos analistas, la razón por la que algunos objetivos clave podrían ser redefinidos, al menos en términos nominales por una inflación mayor a la esperada. La hoja de ruta original prevía un techo de 48%, mientras ahora las estimaciones privadas hablan de 70 por ciento.

“En los próximos días se espera que el FMI readecúe sus proyecciones de inflación para el país, lo que actualiza el déficit fiscal nominal que puede alcanzar el gobierno, un respiro para atravesar una segunda mitad de año que estará signado por una desaceleración de la actividad y una inflación alta. Entre los dos efectos es el segundo el que más pondera para mejorar la situación fiscal”, consideró LCG.

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