Jubilaciones: entre bonos y moratoria, el sistema previsional se metió en la interna de Gobierno y tensiona el acuerdo con el FMI

El sistema jubilatorio, un elefante en el salón para la economía y la política argentina, se metió en la interna abierta en el Frente de Todos. El kirchnerismo promueve una nueva moratoria para quienes no cuentan con el total de años de aportes y sí con la edad mínima, mientras el Poder Ejecutivo busca, por medio de bonos extraordinarios, evitar que los haberes pierdan terreno contra la inflación.

En ese contexto, el Gobierno deberá realizar, por compromiso con el FMI, una evaluación extensiva del esquema previsional ante un organismo que desaconseja una fórmula de movilidad como la que está vigente. En rigor, el Fondo Monetario es muy crítico del sistema de jubilaciones argentino, al que considera muy “generoso” por las tasas de reemplazo y las moratorias periódicas.

El Poder Ejecutivo considera como un activo el hecho de que no haya, en el memorando de políticas económicas firmado con el organismo, un compromiso condicional para una reforma del sistema previsional. De todas formas, el staff técnico del FMI considera que el Gobierno debe avanzar hacia un esquema más sustentable, que incluya, incluso, con edades de retiro más avanzadas.

La interna oficialista ya alcanzó al terreno del sistema de jubilaciones. No solo por la discusión sobre el deterioro del poder de compra de los ingresos -de activos y pasivos, que es uno de los puntos de desacuerdo más fuertes entre las tribus del Frente de Todos- sino también por el alcance que tiene entre la población. En el Senado el kirchnerismo presentó un proyecto en ese sentido.

El interbloque del Frente de Todos en la Cámara de Senadores presentó un proyecto para permitir el acceso a la jubilación de las personas que no tienen los 30 años de aportes requeridos por la ley. A diferencia de otras moratorias, incluye a hombres y a mujeres. Y, según los autores del texto, alcanzaría a algo más de 750.000 personas, sólo en el primer año de vigencia.

Representaría, también un elevado costo fiscal. Una estimación de Andrea Falcone, abogada previsionalista, calcula que sólo en el primer año esta nueva moratoria le agregaría el fisco un costo extra de $481.000 millones. Para eso, estimó una jubilación media que a fines del año pasado rondaba $44.000 y que, aumento del 12,28% de marzo mediante, ascendió hasta superar los $49.000 por beneficiario.

La necesidad de otorgar bonos extraordinarios por parte del Gobierno para impedir un desplome del poder adquisitivo de los jubilados tiene críticos entre los expertos previsionales. Entre ellos, la propia Falcone. “El tema de los bonos se ve desde dos perspectivas”, afirmó ante Infobae: “1) Desde el jubilado, tenés una complejidad. La primera contra es que no sabe cuándo va ser el bono, ni de cuánto. Uno puede pensar que están muy pendientes de las noticias pero no es tan así; y 2) No muchos están bancarizados, en el sentido de saber usar herramientas como homebanking o las tarjetas de débito. No saben cómo se los van pagar, por eso se ven por ejemplo, colas en Anses, con el anuncio del último bono”.

Desde un punto de vista de política de Estado, considera Falcone, los bonos “son importantes porque los jubilados están en el cuarto año consecutivo de pérdida frente a la inflación. Prefiero el bono que nada”. Pero advierte que “queda expuesta la debilidad de nuestra ley de movilidad frente a la inflación. No hay solución porque cualquier ley de movilidad, si la inflación es alta, siempre la corre de atrás”.

Por su parte, el director de Defensoría de la Tercera Edad, Eugenio Semino, mencionó a Infobae que “todas las administraciones apelan al bono, ya sea por cuestiones electorales o cuando se visibiliza el desfase entre lo que cobra el jubilado y lo que es el costo de vida”. Y destacó: “Hoy llegamos a un extremo en el que nadie puede suponer que con el haber mínimo de $32.000 alguien pueda subsistir, y son casi 5 millones de jubilados lo que lo cobran”.

La Defensoría estimó que hacia abril de este año un jubilado necesitaría para vivir, contando gastos de vivienda, $97.238. Eso implicaría un aumento en el costo de vida de 28% en seis meses, que es la periodicidad que utiliza esa entidad para hacer la medición.

Según ese sondeo, la mayor parte del ingreso necesario se lo llevaría la vivienda ($27.320), seguido de medicamentos ($20.187), alimentos ($19.420), limpieza ($7.941) y servicios ($7.350), entre otros gastos.

“El intento de mitigar el problema mediante el anuncio de bonos que son como monedas arrojadas a un pueblo hambriento no solamente son inútiles sino también contraproducentes. Son parches que resaltan el agujero que quieren ocultar. En un contexto en el que hacen falta casi tres jubilaciones mínimas para cubrir una canasta básica, el anuncio de un bono de $6.000 es insultante”, cuestionó Semino.

“No es que los jubilados sigan estando mal, es que están cada vez peor y no hay perspectivas de que la situación se revierta. Son siete millones de jubilados y jubiladas, ¿cómo puede salir adelante un país cuyo Estado hunde directamente en la pobreza a más del diez por ciento de su población?”, se preguntó.

Una discusión de fondo con el Fondo

El acuerdo con el FMI incluyó, aunque sea de manera indirecta o no condicional, consideraciones sobre el sistema jubilatorio argentino. Por un lado, porque el Gobierno se comprometió a realizar una evaluación extensiva sobre el esquema previsional, aunque por ahora no da pistas sobre qué determinaciones podría tomar.

Solo se conocen algunos lineamientos generales. Por ejemplo, que el Gobierno estudiará de qué manera “incentivar” a los trabajadores que están por alcanzar la edad jubilatoria a que prolonguen su vida activa, con el beneficio de obtener luego un haber más alto.

Desde la Casa Rosada negaron que busquen un cambio en el régimen general jubilatorio, pero al mismo tiempo contaron a Infobae que apuntarán a dos regímenes especiales: el de judiciales y el del cuerpo diplomático, que son los dos esquemas más onerosos y que incluyen haberse promedio diez veces superior al esquema tradicional.

Según aclararon fuentes oficiales, existe en la actualidad un esquema de jubilación “optativo” que fue aprobado en el Congreso durante el gobierno de Mauricio Macri. En esa ley, sancionada a fines de 2017, se estableció un sistema de jubilación voluntaria a los 70 años, tanto en hombres como en mujeres. Es decir, los empleadores ya no tienen la obligación de intimar a los 65 y 60 años, respectivamente, a que sus empleados inicien el trámite jubilatorio.

Quien quisiera seguir trabajando una vez que pasó a su etapa pasiva puede seguir haciéndolo en relación de dependencia, pero perderá su antigüedad y dejará de aportar de forma tal que le implique un incremento en sus haberes. La intención que persigue el Gobierno ahora es la de incentivar el ingreso en ese esquema, aunque la forma en que lo hará todavía es materia de discusión.

Según datos de Anses, en septiembre 2021 había en la Argentina unos 99.800 aportantes varones que ya habían superado la edad jubilatoria (65 años), que todavía no habían hecho su trámite de retiro y seguían trabajando. Entre las mujeres, esa cifra se elevaba hasta 188.770 personas que siguen haciendo aportes sin estar jubiladas luego de haber cumplido los 60 años.

También existe un universo de trabajadores que ingresaron en su etapa pasiva pero que siguen aportando al sistema previsional. En esta situación había hasta septiembre último 144.700 hombres y 143.776 mujeres, según la base oficial.

El FMI también tiene cosas para decir sobre este tema. Por un lado, consideró en el staff report que publicó junto a la aprobación del programa económico que “la nueva fórmula de indexación de pensiones adoptada en 2020 generó ganancias a corto plazo, pero a expensas de mayores costos a mediano plazo, ya que el gasto en pensiones crece en línea con los salarios del sector formal y los ingresos de la seguridad social”, mencionó.

“El gasto en pensiones ha oscilado entre 8,5% y 9,5% del PBI desde 2015, lo que refleja una combinación de alta cobertura, regímenes generales y especiales generosos y pensiones no capitalizadas (amnistía/no contributivas)”, cuestionó. “En el futuro, los desembolsos de pensiones estarán determinados por la nueva fórmula de indexación de pensiones, que, sobre la base de la supuesta evolución de los salarios del sector formal y los ingresos de la seguridad social, se prevé que aumenten alrededor del 1,5% del PBI a mediano y largo plazo”, asegura el informe.

En un tramo del staff report, los técnicos del FMI aseveran: “Deben evitarse los aumentos discrecionales en los gastos de pensiones, ya que socavarían los objetivos fiscales y la sostenibilidad del sistema”, en referencia a los bonos extraordinarios.

Luego también hay consideraciones estructurales sobre el sistema y apreciaciones sobre cómo debería ser, bajo la mirada del organismo. “Los gastos de pensiones representan el 40% de todo el gasto primario federal y el 12% del gasto provincial. Con un 10% del PBI en 2021, el gasto en pensiones está muy por encima del promedio de la OCDE y más del doble del promedio de otros pares de América Latina y los mercados emergentes. El alto gasto resulta tanto de su amplia cobertura como de sus generosos niveles de beneficios”, criticó.

Y por último, planteó: “La proporción de pensionistas respecto de la población mayor de 65 años es del 140%, en comparación con el 109% del promedio de la OCDE, debido a las edades de jubilación relativamente tempranas, así como a las amnistías de las pensiones que incorporaron al sistema contributivo a las personas con contribuciones insuficientes”, aseguró.

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