Primero fue la pandemia, luego las elecciones de medio término, y ahora la fuerte interna que azota al Gobierno entre el equipo económico, que responde al presidente Alberto Fernández, y los funcionarios más cercanos al kirchnerismo duro. Cada uno de estos factores llevó a que nuevamente hoy se esté hablando del atraso de los precios relativos, con lo que ello termina implicando: más subsidios, agravamiento del déficit fiscal y peor calidad en los servicios. Sucede con las tarifas de servicios públicos, los combustibles o las prepagas, entre otros rubros. La falta de los ajustes correspondientes desde 2020, la aceleración de la inflación y las consecuencias de la guerra entre Rusia y Ucrania en materia de suba de costos agravaron la situación y volvieron aún más difícil una rápida recomposición; menos aún en un contexto de salarios fuertemente deprimidos.
La situación energética es la más delicada. Tras haber logrado, en 2019, reducir drásticamente los subsidios, la situación sanitaria del año siguiente fue el puntapié inicial para que las tarifas de luz y de gas vuelvan a atrasarse. En el caso del gas, se había llegado a cubrir, con la boleta, el 95% del costo del fluido. Y en energía eléctrica, el 70%. Pero en 2021 apenas se otorgaron aumentos de entre 6 y 9% para ambos servicios y para este año, si la política lo permite, el Gobierno avanzará con un aumento en el año del 40%, que tampoco alcanza. Tras una primera suba de 20% en marzo, que fue destinada a distribución y transporte exclusivamente, para junio se espera otra similar, aunque en este caso irá a cubrir parte del costo mayorista y, por ende, a reducir subsidios.
Sin embargo, como los precios de la energía subieron fuertemente producto de la guerra, los subsidios, lejos de bajar, se incrementarán, aseguran los expertos. “En energía estamos mal porque coincidió la política de retraso sistemático de las tarifas con un tipo de cambio atrasado, sumado a la suba de los precios internacionales y la aceleración de la inflación”, sostuvo el economista Nicolás Gadano, al tiempo que recordó que la cobertura residencial promedio antes del aumento de marzo, en energía eléctrica, era del 22%; subió a 29% con el aumento, y ahora bajó a 17% por los nuevos costos”.
Con el nuevo aumento, que se prevé en 25% pero que terminará de definirse tras la audiencia pública de hoy y posterior resolución de la Secretaría de Energía, la cobertura se acercaría al 40%, según las estimaciones. Es decir que el usuario residencial estará pagando, en promedio, cerca del 40% del costo de la generación eléctrica. Pero no sólo todavía estará lejos de las cifras alcanzadas durante la gestión anterior, sino que también quedará por debajo del nivel que se habría logrado previo a la guerra. No sólo subió fuertemente el gas, sino también los combustibles líquidos, que reemplazan el fluido para generar energía.
En el caso del precio del gas, cuya audiencia se realizó este martes, la propuesta oficial es que el usuario residencial pase de pagar U$S 1,4 el millón de BTU a pagar U$S 2, es decir, una suba del 42%. Las empresas ya afrontan el 100% del costo del gas y las que renuevan contratos para el invierno están pagando entre U$S 5 y U$S 7 por millón de BTU. Pero en el caso de los residenciales, si se concreta este aumento propuesto, se estaría cubriendo menos del 40% del costo promedio del abastecimiento del gas, que asciende a U$S 5,8 el millón de BTU. El resto será subsidios.
“Hoy se paga un poco menos del 25% del costo del gas y se pasaría a pagar menos del 40%, si estos aumentos pasan a la tarifa. Pero la llave de los aumentos la tienen los entes reguladores, que no están participando de las audiencias”, manifestó el economista del Instituto Argentino de la Energía General Mosconi, Alejandro Einstoss. Agregó que “con el gobierno de Mauricio Macri se llegó a cubrir el 95% del costo, el problema estaba solucionado, pero ahora se volvió a foja cero, después de dos años y medio de haber congelado tarifas con una inflación creciente y el efecto de la guerra en Ucrania”.
“Pisar el dólar, las tarifas de los servicios públicos, el precio de los hidrocarburos e imponer estrictos controles de precios de todo tipo y color para el resto de la economía, es el pack básico de intervención de precios que viene con el ´Estado Presente´” (Castiñeira)
En este contexto, afirmó el experto en energía, el Gobierno no podrá cumplir con la meta fiscal pactada con el FMI respecto de la reducción de subsidios. Según el acuerdo, este año el fisco los bajaría en 0,6% del PBI, y ello implicaba llevarlos de U$S 11.000 millones que llegaron en 2021 a U$S 8.000 millones este año. Según anticipó Einstoss, “este año los subsidios tendrán un piso de USD 15.000 millones”. “¿Cómo se va a financiar esa diferencia?”, se preguntó.
La propuesta del Gobierno respecto del gas plantea que los consumidores que tengan capacidad de pago pagarán el costo medio total de abastecimiento, es decir, USD 5,8 por millón de BTU. Al respecto, el consultor Mauricio Roitman, ex titular del Enargas, recordó que las distribuidoras tienen que presentar sus contratos, los del Plan Gas, al ente regulador, mostrando que tienen contratado el gas para abastecer a la demanda y que esos contratos eran de gas nacional. “No presentaron contratos de gas de importación. El plan gas lo diseñó este gobierno. Si ahora le querés hacer pagar a parte de esos clientes un precio superior que en parte cubre las importaciones alguien lo tiene que explicar”, sostuvo.
Naftas y prepagas
En el caso de los combustibles, si bien desde el año pasado tuvieron reiterados incrementos liderados por YPF, tampoco se ubican en el valor que deberían de acuerdo al precio internacional del crudo, la suba de los biocombustibles y la propia dinámica inflacionaria. Esta semana, el Gobierno autorizó un nuevo aumento de 9,5%, lo que elevó el litro de nafta super a $120 en Capital Federal. Aún así, “todavía acumulan un atraso del 18% para igualar a la inflación acumulada durante el actual gobierno. Ese valor sería hoy de $141″, remarcó el economista Ramiro Castiñeira. Fuentes de una petrolera dijeron que ese atraso es del 23 por ciento.
“Pisar el dólar, las tarifas de los servicios públicos, el precio de los hidrocarburos e imponer estrictos controles de precios de todo tipo y color para el resto de la economía, es el pack básico de intervención de precios que viene con el ´Estado Presente´. La historia demostró que son todas medidas inocuas para frenar la inflación. En el caso de las naftas, el Gobierno durante todo el año pasado pisó el precio del surtidor, en el marco del “plan platita” en la previa electoral. Dado que afecta severamente a toda la cadena y pone un riesgo inminente de desabastecimiento de hidrocarburos en todo el país, tras las elecciones legislativas el Gobierno buscó reducir el atraso acumulado y empezó a autorizar aumentos en el surtidor. Pero aún acumula atraso”, precisó el economista.
Por otra parte, durante casi todo 2020 el Gobierno tampoco autorizó aumentos en las cuotas de las prepagas, por lo que las empresas afrontaban la pandemia sin actualizar la cuota frente a la inflación. Según Castiñeira, este atraso conllevó atrasar los salarios dentro del sistema privado de salud, generando deficiencias en el servicio en un momento clave. “Ante la crisis que se gestaba en el sistema de salud privada por el control de precios, en 2021 el Gobierno empezó a autorizar aumentos, pero nunca se logró recuperar el atraso acumulado en 2020. Incluso con los aumentos del 6% de marzo y 6% en abril último, las prepagas todavía acumulan un atraso del 27% frente a la inflación acumulada desde fin de 2019″, dijo el economista. Ayer, el gobierno les autorizó un incremento del 22% en tres cuotas: 8% en mayo, 10% en junio y 4% en julio.
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