Luego de la amenaza del Presidente, el cristinismo asegura que no puede trabar la suba de tarifas

Desde España, y en medio de la gira presidencial por Europa, el presidente Alberto Fernández dejó saber que su gobierno echará sin titubeos a cualquier funcionario que no quiera implementar los aumentos tarifarios que se discuten esta semana en audiencias públicas. Los mismos determinarían una suba promedio de 20% e incluirían un esquema de segmentación, que aún se discute y por el cual un 10% de la población se quedará sin subsidios y tendrá subas del orden del 200 por ciento.

Cerca de Fernández aseguran que quien debe firmar la reestructuración final de las tarifas es la titular del ENRE, Soledad Marin, una funcionaria ligada al subsecretario de Energía, Federico Basualdo, integrante de La Cámpora y rival interno del ministro de Economía, Martín Guzmán. Lo mismo que Federico Bernal, interventor del Enargas.

Los funcionarios cercanos a Cristina Kirchner aseguran que no solo no pueden trabar nada técnicamente, sino que están afuera de las audiencias públicas y que sus argumentos en contra del impacto de las subas que impulsa Guzmán nunca fueron escuchados. Aseguran que la amenaza de Fernández es puramente declamativa, una puesta de escena para demostrar poder en medio de la interna.

“Esto es una decisión política. Si alguien no puede tomar esa decisión política, no podrá seguir en el Gobierno”, resaltaron desde el entorno presidencial desde Alemania.

Un sector del Gobierno asegura que desde Olivos se pretende instalar la idea de que funcionarios cercanos a la vicepresidente tratarán de impedir las subas de las tarifas. Si bien siempre se necesita la firma de los entes para trasladar los precios mayoristas como los de distribución, tanto eléctrica como de gas, explican, los organismos fijan los montos en los cuadros tarifarios, pero siempre por instrucción del Ejecutivo, en este caso del secretario de Energía, en manos del neuquino Darío Martínez. “Además, en el caso de la energía eléctrica, se necesita el visto bueno del ENRE, pero también de todos los entes provinciales. Es una estupidez pensar que no se van a trasladar los precios. Están queriendo distorsionar el funcionamiento del sistema. No es una cuestión política”, destacó una fuente técnica.

Cerca de Cristina Kirchner y con un tono más político, y descarnado, aseguraron: “Están hablando desde otro continente. Nosotros no vamos a trabar nada. Nos dejaron afuera de las audiencias públicas, una función que le correspondería a Basualdo, y las hicieron virtuales. Ahora, hablan desde lejos”.

Ni Basualdo ni Martínez participarán de las audiencias públicas, cuyas riendas las lleva el subsecretario de Planeamiento Energético de Economía, y hombre de confianza de Guzmán, Andrés López Osornio.

Basualdo no sólo quedó afuera de las audiencias, sino que un relevamiento de su oficina, que advertía que el esquema presentado por Guzmán derivaría en fuertes subas (de hasta 400%) para usuarios de AMBA y también para las industrias de todo el país, fue usado solo como material anexo de las audiencias.

“Si bien luce agregado el Informe solicitado a la Subsecretaría de Energía Eléctrica incorporado como archivo embebido en el orden 3, el mismo no da sustento técnico requerido a fines de propiciar la medida impulsada por el Secretario de Energía, significando que se han considerado integradamente los Informes técnicos elaborados por la Subsecretaría de Planeamiento Energético (v. orden 5 y su archivo embebido, y orden 8), por la Secretaría de Política Económica (v. orden 6) y por la Secretaría de Hacienda, que resultan contener los argumentos técnicos imprescindibles para ello brindándole el fundamento necesario para el impulso del acto bajo estudio”, indicó la resolución de Economía del 14 de abril que dio puntapié inicial al proceso de audiencias públicas.

Más allá del duro tono político de la interna, suena razonable que Guzmán utilice a los funcionarios de su confianza para implementar el esquema de suba de tarifas que pretende y que, además, cuenta con el visto bueno del presidente y el FMI. “Más allá de lo que corresponda en términos de organigrama, es obvio que el ministro buscará conducir su estrategia con aliados. Sería muy raro que luego de todo lo que pasó pusiera a Basualdo a comandar las audiencias y los aumentos... también es muy raro que no lo haya podido echar de su estructura en su momento”, reflexionó un analista del sector energético.

Recorrida por Ezeiza

Minutos después de la advertencia presidencial que surgió desde España circularon fotos de Basualdo y Martínez recorriendo la obra de ampliación de la Central Termoeléctrica Ezeiza. “Nosotros contestamos a los aumentos así”, detallaron desde el cristinismo en referencia a la gestión de sus funcionarios.

La puja energética se da en medio de una feroz disputa entre los dos sectores dominantes de la coalición gobernante, con acusaciones y respuestas cruzadas de parte del cristinismo y el albertismo. El debate por las tarifas y los subsidios, central para el esquema económico y el acuerdo con el FMI, es un tema sin resolución tanto en los gobiernos de Cristina Kirchner como de Mauricio Macri. Es vital para la baja de déficit que pretende Guzmán y es el generador de uno de uno de los primeros chispazos importantes dentro del Gobierno, cuando hace casi un año, el Presidente, su entonces jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y el titular de Hacienda, quisieron echar sin éxito a Basualdo, un funcionario de tercera línea de Economía, cercano a La Cámpora y el Instituto Patria, que está a cargo de la subsecretaría de Energía Eléctrica con un perfil muy bajo hasta hace algunas semanas, desde cuando su equipo de prensa lo muestra a diario en recorridas que tienen que ver con su función, pero que también son un indiscutido mensaje político apuntado al centro de la interna energética, hoy más vigente que nunca en el Gobierno del Frente de Todos.

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