Audiencia por el gas: cuáles fueron los reclamos al Gobierno de los consumidores y los industriales por los aumentos

En la primera de las tres audiencias públicas para definir aumentos de tarifas y segmentación de usuarios realizada ayer, el Gobierno presentó una propuesta oficial de incrementos de 20% para los usuarios residenciales de gas a partir de junio, mientras que para los usuarios con tarifa social se mantendrán los valores actuales, sin ajustes.

Hoy tendrá lugar la audiencia para el tratamiento del Precio Estacional de la Energía Eléctrica (PEST), aplicables a partir del 1° de junio. Se proyectan subas para los usuarios de AMBA de 17,2% en promedio y de 5,8% en promedio para los usuarios con tarifa social.

En su presentación, Maggie Videla Oporto, subsecretaria de Hidrocarburos, explicó que el cálculo para las subas se basa en la pauta de aumentos acordada con el Fondo Monetario Internacional, donde el aumento total en las facturas para usuarios con tarifa social debe ser equivalente al 40% del coeficiente de variación salarial (CVS) de 2021, lo que da un porcentaje de 21,3%. Como ya hubo aumentos en marzo que llegaron a ese porcentaje, no tendrán más subas en 2022.

Para el resto de los usuarios, sin tarifa social, la suba debe ser del 80% de la variación salarial del año pasado. Ese porcentaje es de 42,7% para todo 2022. Si se toman los aumentos ya aplicados en marzo, el porcentaje de suba a partir de junio irá desde 18,5% hasta 25,5%, de acuerdo a las distintas zonas del país.

La funcionaria recordó que el 10% de los usuarios de más poder adquisitivo dejarán de recibir subsidios y, por lo tanto, deberán afrontar subas aun más altas. En medio de internas, a diferencia de otras audiencias, esta vez no participaron el secretario de Energía, Darío Martínez, ni el interventor del Enargas, Federico Bernal, quien está al frente del ente regulador que debe implementar los nuevos cuadros tarifarios.

La factura del servicio de gas está compuesta por cuatro variables: el precio del gas, el costo de transporte, el costo de distribución e impuestos y tasas. En el caso del precio del gas, lo que se traslada a la tarifa y es facturado a los usuarios depende de los subsidios. Es decir, el porcentaje que asume el Estado del precio que se paga a las empresas productoras de gas, el costo del gas importado de Bolivia y el costo del GNL importado.

Según el informe presentado en la audiencia, de los USD 5,76 por millón de BTU (la unidad medida que usa el sector) del precio promedio del gas, el Estado hoy absorbe el 75,6% (o USD 4,35) y el 24,4% restante es lo que pagan los usuarios (USD 1,41). En costo fiscal, el Estado asumiría $275.079 millones sobre un total de $363.893 millones (USD 3.064 millones), de acuerdo a los datos de la Secretaría de Energía.

Entre los oradores de la audiencia, el representante de la Unión Industrial Argentina (UIA) remarcó que el 30% de la demanda de gas corresponde a las industrias, que firman contratos anuales en el mercado mayorista con un precio desregulado, y que el sector requiere precios competitivos y previsibles. ”La industria históricamente es el sector que pagó más caro el precio del gas y sufrió más cortes”, indicó Alberto Canciano.

“En mayo de 2022 hubo valores muy dispersos para los usuarios industriales que van de USD 3,31 por millón de BTU a USD 7. La industria emplea a más de un millón de personas con trabajo registrado y en 2021 la recuperación fue heterogénea de acuerdo a sectores, tamaños de empresas y regiones. Y todas están enfrentando aumentos generalizados de costos con tensiones en algunas cadenas de suministro y logística internacionales, a lo que se agrega una significativa suba en los precios globales”, agregó el representante de la UIA. La entidad pidió al Gobierno consensuar una política energética que contemple a todos los eslabones de la cadena del gas.

Luego, desde la Asociación de Consumidores Industriales de Gas (Acigra), que representa a las empresas que tienen cerca del 50% del consumo industrial, reclamaron que el 30% del Plan Gas destinado a abastecer al consumo industrial y de GNC hoy no es suficiente y también pidieron al Gobierno que se mejoren los mecanismos de asignación para la demanda de las firmas del sector a un “precio razonable” en los próximos años.

Según explicó Damián Labastie, gerente de la asociación, hay un potencial de ahorro de gas a través de medidas de uso eficiente para el sector residencial que podrían compensar las importaciones de GNL a través de barcos. “Dado que la industria y el GNC negocian libremente los contratos de gas deberán perfeccionarse los mecanismos para que se puedan abastecer la demanda a precio razonable en los próximos años”, dijo.

Por su parte, desde las empresas representadas por la Asociación de Distribuidores de Gas (Adigas) advirtieron que la segmentación de tarifas generará que, en la práctica, se sumen tres cuadros tarifarios adicionales a los esquemas ya vigentes, lo que podría afectarlas económica o financieramente.

Desde la asociación, detallaron que por cada punto porcentual de aumento del precio del gas en el PIST equivale a $86 millones de pérdida para las compañías, ya que impacta en costos no reconocidos en el pass through. Un aumento del 55% en el precio sería igual a una pérdida aproximada de $4.730 millones. “Los aumentos otorgados a las distribuidoras en su margen en 2021 y 2022 estuvieron muy por debajo de la inflación y de la variación salarial”, señaló Daniel Martini, director ejecutivo de Adigas.

En su exposición, Victoria Noriega, representante de la Federación de Subdistribuidores de Gas (Fesubgas) pidió al Gobierno que las pymes de este segmento puedan acceder a un precio diferencial del gas, tal como sucedía hasta octubre de 2016.

Las subdistribuidoras son unas 65 pymes que brindan servicios a unos 500.000 usuarios (sobre el total de 10 millones de usuarios de gas natural por redes) que viven en unas 200 localidades alejadas de los grandes centros urbanos. “Estamos en aquellos lugares donde las grandes distribuidoras y el Estado llegan y garantizamos al acceso al gas natural por redes”, dijo Noriega.

Y remarcó la “crítica situación” que atraviesan estas empresas, agravada desde la revisión tarifaria integral (RTI) que se aplicó desde 2017. “Desde entonces pagamos un precio del gas más elevado sin que se haya hecho ningún análisis de la rentabilidad de subdistribuidores, no se revisó si los ingresos eran suficientes para pagar los costos de la prestación. Esto tiene que ser atendido de manera inmediata”, aseguró.

Ausencias

A su turno, el diputado provincial mendocino José Luis Ramón reclamó por la ausencia en la audiencia del secretario de Energía, Darío Martínez, y el ministro de Economía, Martín Guzmán. “El Frente de Todos no puede permitir este avance donde se considera que los servicios públicos son bienes de mercado. Son un derecho social de cada familia de la argentina que tiene que estar adecuado a la capacidad de pago de la familia”, dijo.

El diputado provincial apuntó contra funcionarios del Ministerio de Economía y de la Secretaría de Energía —los llamó “las líneas medias”— que forman parte del Frente de Todos y que toman decisiones que “no se corresponden con el partido partido político que gobierna la Argentina y que no respetan el derecho humano de acceso a los servicios públicos”.

También aseguró que los porcentajes de aumentos presentados son menores a los que finalmente deberán pagar los usuarios. Según su análisis, será de 26% a 39% para usuarios del Gran Buenos Aires, donde la temporada más fría se extiende por 30 días. Y de 60% a 63% para los usuarios de la zona fría.

Pedro Bussetti, titular de la asociación de Defensa Usuarios y Consumidores, reclamó por la reducción del tiempo de exposición que tuvieron los participantes que se limitó a 5 minutos. “El Gobierno nacional se obligó a realizar la Revisión Tarifaria Integral (RTI) en diciembre de 2022. Es probable entonces que haya otro aumento de tarifas este año”, advirtió.

Por su parte, Miguel Segal, uno de los usuarios que participó de las audiencias, reclamó por los inquilinos que se verán afectados por una segmentación en el caso de que los propietarios no les permitan poner los servicios a su nombre.

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