Tarifas de gas: el Gobierno propuso aumentos de 20% en promedio en la audiencia pública

Este martes comenzó la primera de las tres audiencias públicas para definir aumentos de tarifas y segmentación de usuarios. En este caso, se presentó la propuesta oficial de incrementos en el precio del gas natural que se trasladará a las facturas de los usuarios.

En la presentación, Maggie Videla Oporto, subsecretaria de Hidrocarburos, recordó que los usuarios de los servicios públicos de distribución de gas con tarifa social no tendrán incrementos a partir de junio mientras que el resto de los usuarios tendrán una suba promedio de 20 por ciento.

Este cálculo se basa en la pauta de aumentos acordada con el Fondo Monetario Internacional, donde el aumento total en las facturas para usuarios con tarifa social debe ser equivalente al 40% del coeficiente de variación salarial (CVS) de 2021, lo que da un porcentaje de 21,3%. Como ya hubo aumentos en marzo que llegaron a ese porcentaje, no tendrán más subas en 2022.

Para el resto de los usuarios, sin tarifa social, la suba debe ser del 80% de la variación salarial del año pasado. Ese porcentaje es de 42,7% para todo 2022. Si se toman los aumentos ya aplicados en marzo, el porcentaje de suba a partir de junio será de entre 18% y 20%, de acuerdo a las distintas zonas del país.

La funcionaria detalló algunos ejemplos de la aplicación de los aumentos: en el caso de usuarios del centro del país, la factura promedio pasará de $2.008 a $2.378. Para la zona centro, de $2.029 a $2.393. Para la zona Noroeste, de $1.151 a $1.402; y para la zona Sur, de $2.112 a $2.651.

“Esta decisión se funda en la convicción de nuestro Gobierno Nacional de que las tarifas de gas y electricidad deben tener correcciones que siempre deben estar por debajo de la evolución de los salarios. Por la necesidad que tenemos de mejorar el poder adquisitivo luego de la pandemia que hemos atravesado y a la vez que la factura tenga un peso cada vez menor”, dijo Videla Oporto.

Y recordó que el 10% de los usuarios de más poder adquisitivo dejarán de recibir subsidios y, por lo tanto, deberán afrontar subas aun más altas. “El presidente aclaró en su mensaje que se iniciará un proceso de asignación de subsidios a usuarios de los servicios públicos de gas y electricidad en función de índices socioeconómicos”, agregó.

En medio de internas, a diferencia de otras audiencias, esta vez no participaron el secretario de Energía, Darío Martínez, ni el interventor del Enargas, Federico Bernal, quien está al frente del ente regulador que debe implementar los nuevos cuadros tarifarios.

La factura del servicio de gas está compuesta por cuatro variables: precio del gas, costo de transporte, costo de distribución e impuestos y tasas. En el caso del precio del gas, lo que se traslada a la tarifa y es facturado a los usuarios depende de los subsidios. Es decir, el porcentaje que asume el Estado del precio que se paga a las empresas productoras de gas, el costo del gas importado de Bolivia y el costo del GNL importado.

Según el informe presentado en la audiencia, hoy de los USD 5,76 por millón de BTU (la unidad medida que usa el sector) del precio promedio del gas, el Estado absorbe el 75,6% (o USD 4,35) y el 24,4% restante es lo que pagan los usuarios (USD 1,41). En costo fiscal, el Estado asumiría $275.079 millones sobre un total de $363.893 millones (USD 3.064 millones), de acuerdo a los datos de la Secretaría de Energía.

Las críticas a los aumentos y la segmentación

Durante la audiencia, la diputada mendocina Jimena Latorre, de la UCR, consideró que los aumentos son “inoportunos” y criticó la falta de previsión y desorganización del Gobierno, ya que se debían haber implementado antes. “Llevan más de dos años con los entes reguladores intervenidos ilegítimamente sin ningún avance ni resultado y vienen a plantear aumentos en un escenario de mayor consumo, alza en los precios internacionales y falta de divisas”, dijo en su participación.

“Dicen que no van a permitir que las tarifas crezcan por encima de los salarios, pero el problema es que los salarios siguen muy por detrás de la inflación. Detrás de los cantos de sirenas de tarifas congeladas, el Gobierno tiró el esfuerzo de los usuarios durante la recomposición de tarifas del Gobierno anterior. Se estimaban reducir USD 3.000 millones de subsidios, pasar de USD 11.000 millones a USD 8.000 millones. Y para este año van a ser USD 15.000 millones″, concluyó.

Por su parte, desde las empresas, representadas por la Asociación de Distribuidores de Gas (Adigas) advirtieron que la segmentación de tarifas generará que, en la práctica, se sumen tres cuadros tarifarios adicionales a los esquemas ya vigentes, lo que podría afectarlas económica o financieramente.

Desde Adigas, detallaron que por cada punto porcentual de aumento del precio del gas en el PIST equivale a $86 millones de pérdida para las compañías, ya que impacta en costos no reconocidos en el pass thorugh. Un aumento del 55% en el precio sería igual a una pérdida aproximada de $4.730 millones. “Los aumentos otorgados a las distribuidoras en su margen en 2021 y 2022 estuvieron muy por debajo de la inflación y de la variación salarial”, señaló Daniel Martini, director ejecutivo de Adigas.

A su turno, el diputado provincial mendocino José Luis Ramón reclamó por la ausencia en la audiencia del secretario de Energía Darío Martínez y el ministro de Economía Martín Guzmán. “El Frente de Todos no puede permitir este avance donde se considera que los servicios públicos son bienes de mercado. Son un derecho social de cada familia de la argentina que tiene que estar adecuado a la capacidad de pago de la familia”, dijo.

El diputado provincial apuntó contra funcionarios del Ministerio de Economía y de la Secretaría de Energía —los llamó “las líneas medias”— que forman parte del Frente de Todos y que toman decisiones que “no se corresponden con el partido partido político que gobierna la Argentina y que no respetan el derecho humano de acceso a los servicios públicos”.

También aseguró que los porcentajes de aumentos presentados son menores a los que finalmente deberán pagar los usuarios. Según su análisis, será de 26% a 39% para usuarios del Gran Buenos Aires, donde la temporada más fría se extiende por 30 días. Y de 60% a 63% para los usuarios de la zona fría.

Pedro Bussetti, titular de la asociación de Defensa Usuarios y Consumidores, reclamó por la reducción del tiempo de exposición que tuvieron los participantes que se limitó a 5 minutos. “El Gobierno nacional se obligó a realizar la Revisión Tarifaria Integral (RTI) en diciembre de 2022. Es probable entonces que haya otro aumento de tarifas este año”, advirtió.

Por su parte, Miguel Segal, uno de los usuarios que participó de las audiencias reclamó el caso de los inquilinos que se verán afectados por una segmentación en el caso de que los propietarios no les permitan poner los servicios a su nombre.

Desde la Asociación de Consumidores Industriales de Gas (Acigra), que representa a las empresas que tienen cerca del 50% del consumo industrial, reclamaron que el 30% del Plan Gas destinado a abastecer al consumo industrial y de GNC hoy no es suficiente y pidieron al Gobierno que se mejoren los mecanismos de asignación para la demanda de las firmas del sector a un “precio razonable” en los próximos años.

Según explicó Damián Labastie, gerente de la asociación, hay un potencial de ahorro de gas a través de medidas de uso eficiente para el sector residencial que podrían compensar las importaciones de GNL a través de barcos. “Dado que la industria y el GNC negocian libremente los contratos de gas deberán perfeccionarse los mecanismos para que se puedan abastecer la demanda a precio razonable en los próximos años”, dijo.

En su exposición, Victoria Noriega, representante de la Federación de Subdistribuidores de Gas (Fesubgas) pidió al Gobierno que las pymes de este segmento puedan acceder a un precio diferencial del gas, tal como sucedía hasta octubre de 2016.

Las subdistribuidoras son unas 65 pymes que brindan servicios a unos 500.000 usuarios (sobre el total de 10 millones de usuarios de gas natural por redes) que viven en unas 200 localidades alejadas de los grandes centros urbanos. “Estamos en aquellos lugares donde las grandes distribuidoras y el Estado llegan y garantizamos al acceso al gas natural por redes”, dijo Noriega.

Y remarcó la “crítica situación” que atraviesan estas empresas, agravada desde la revisión tarifaria integral (RTI) que se aplicó desde 2017. “Desde entonces pagamos un precio del gas más elevado sin que se haya hecho ningún análisis de la rentabilidad de subdistribuidores, no se revisó si los ingresos eran suficientes para pagar los costos de la prestación. Esto tiene que ser atendido de manera inmediata”, aseguró.

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