El diputado nacional por Avanza Libertad, José Luis Espert, afirmó que la nueva ley contra el VIH genera “curros” y kioscos”, al justificar su voto en contra de esta norma votada la semana pasada en el Congreso.
Al expresar por qué votó por la negativa, Espert dijo en el programa Argenzuela de Radio 10: “Porque todo el cuidado que merece y necesita una persona que lo tuvo o tiene VIH o tuberculosis ya estaba cubierto por la ley anterior”.
“Esta nueva ley crea dos curros: hace una reforma laboral adentro que impide despedir a una persona que tuvo VIH, un delirio, ¿cómo no va a poder despedir a una persona, independientemente de lo que sea? ¿Y el que tuvo cáncer, o una verruga?; no entiendo”, afirmó.
Esta nueva ley crea dos curros: hace una reforma laboral adentro que impide despedir a una persona que tuvo VIH, es un delirio (José Luis Espert)
“Si cada uno se va a armar si kiosco para que no lo despida, entonces no pidamos empleo en blanco”, disparó el economista. Además, afirmó que la ley “tiene una reforma previsional adentro, con una jubilación especial, está mal, porque es armar kioscos”.
“No estamos hablando de la enfermedad, sino de la ley, que no protege a la persona enferma más que la ley anterior”, expresó Espert.
Los argumentos
En el debate en las comisiones de Acción Social y Salud Pública, y la de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, Espert había planteado: “Me parece inapropiado hablar de, como dice el artículo 3, que la medicina prepagada esté obligada a prestar asistencia integral, universal y gratuita, no hay nada gratis”.
Al respecto, señaló que “el punto acá es de nuevo la compulsión para que la medicina prepaga en este caso y las obras sociales sindicales tengan que prestar estos servicios”.
Además, cuestionó entonces la prohibición de suspensiones y despidos que establece el proyecto de ley: “no han llevado a ningún lugar bueno a la Argentina”.
También cuestionó la jubilación especial: “No veo ningún motivo por el cual tiene que haber un régimen especial para personas afectadas por estas dolencias. Insisto, no puedo entender cómo seguimos insistiendo en la ampliación de beneficios sin medir los costos fiscales”.
La Cámara de Diputados aprobó el jueves pasado, con un amplio consenso, el proyecto que busca una respuesta médica integral al VIH, las hepatitis virales, la tuberculosis e infecciones de transmisión sexual (ITS) en todo el país.
Sin embargo, un sector de la oposición y referentes liberales denunciaron que la nueva medida aumenta los “costos laborales”, el gasto público y aseguran que otorga “privilegios”.
El proyecto, que obtuvo 241 votos afirmativos y 8 negativos, fue presentado por la diputada Carolina Gaillard (FdT-Entre Ríos). Si bien tuvo un amplio apoyo por parte del PRO, el bloque no acompañó el artículo 9 que propone la extensión indeterminad del vínculo laboral y evita cualquier causa de despido en caso de personas que padezcan VIH.
“Una cosa es la discriminación, que buscamos enfrentar, de las personas que atraviesan estas enfermedades en cuanto al derecho al trabajo; muy distinto a ella es pretender otorgarles una estabilidad absoluta y permanente”, resaltó el diputado Alejandro Finocchiaro.
Además, resaltó que “una inmunidad sin término de cara a los empleadores frente a cualquier tipo de causa propia de la dinámica laboral y profesional que los vincula, ajena a las enfermedades que motivan esta iniciativa. Iniciativa que resulta excesiva al establecer una distinción que estaría en contra del derecho laboral al determinar la estabilidad en el empleo”.
“Es un recurso extemporáneo. El VIH ya no es estigmatiza, por surte es una enfermedad más de la que sabemos mucho más que hace años atrás. Si se abre esta supuesta estabilidad habría que hacer lo mismo con otras enfermedades y eso sería un verdadero problema para las empresas”, aseguró Agustín Etchebarne, economista jefe de Libertad y Progreso. “Es una forma nueva de aumentar costos laborales y eso es igual a reducir el empleo. Argentina no está en condiciones de sumar costos. Tenemos que multiplicar el trabajo formal, no reducirlo: hay 6 millones de trabajadores en negro que no tienen ningún tipo de cobertura. Medidas como esta significan más trabas al trabajo formal. Es ridículo”, agregó.
Por otro lado, el abogado laboralista Javier Adrogué calificó a la medida como “innecesaria” a referirse al artículo 9. En diálogo con Infobae, aclaró que “las norma que hoy están vigentes prevén una protección suficiente para los empleados que hayan contraído por la enfermedad. Es razonable darle una protección especial a aquella persona que contrajo el virus pero esto ya es pasarse de rosca porque ya están esas normas”.
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