Inflación, FMI y tarifas: agitada semana para Martín Guzmán, en medio de los tironeos internos en el Gobierno

El ministro de Economía Martín Guzmán afrontará en los próximos días una agenda que marcará su gestión en el Palacio de Hacienda. Por un lado, comenzará formalmente la discusión sobre el aumento de tarifas y la reducción de subsdios. Ligado a ese debate comenzará la primera revisión trimestral de metas con el FMI. Y por último, se conocerá un nuevo dato mensual de inflación que impactará en la gestión del Gobierno de Alberto Fernández.

Son tres de los temas centrales de hoja de ruta urgente del ministro, en medio de señalamientos y críticas que buscan forzar su salida del gabinete. Pero Guzmàn asegura tener el respaldo presidencial y en los últimos días aceptó, a su modo, dar la pelea en público sobre la dirección de la política económica, en medio de un road-show continuado de varios días, en que participó de distintos eventos con empresarios. Además, está a confirmarse la presencia de Guzmán en la comitiva presidencial que viajará este lunes a Europa.

El ministro encontró en el círculo rojo un bálsamo de apoyo que no consigue de la propia coalición de Gobierno. Los ejecutivos del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (Cicyp) le dieron un respaldo claro en la discusión sobre su continuidad, pero hicieron los reparos del caso, con reclamos sobre un camino de desaceleración urgente de la inflación, la garantía de que haya energía en invierno, dólares para importar y un sendero con credibilidad y apoyo político.

En los próximos días se realizarán las audiencias públicas -no son vinculantes- para implementar aumentos en las tarifas de gas y electricidad y también un esquema de segmentación, por el cual el 10% de los usuarios, del sector de más poder adquisitivo, dejarán de recibir subsidio.

El martes 10 será la audiencia para el tratamiento de los nuevos precios del gas en el punto de ingreso al sistema de transporte (PIST) aplicables a partir del 1 de junio de 2022. Se proyectan aumentos de entre 18,5% y 25,5% para los usuarios sin tarifa social. Actualmente, el Estado asume el 75,6% del costo del gas.

El miércoles 11 será la audiencia para el tratamiento del Precio Estacional de la Energía Eléctrica (PEST), aplicable tambièn a partir del 1 de junio. Se proyectan subas para los usuarios de AMBA de 17,2% y de 5,8% en promedio para los usuarios con tarifa social. Y el jueves 12 se tratará en una tercera audiencia la implementación de la segmentación de los subsidios al precio de la energía para usuarios del servicio de gas natural y del servicio de energía eléctrica, para los años 2022 y 2023.

Se quitarán los subsidios a los usuarios identificados como de altos ingresos (13 barrios en el AMBA identificados por el ENRE), con ingresos superiores a 3,5 canastas básicas (unos $314.000), que tienen 3 o más inmuebles registrados, 3 o más vehículos con antigüedad menor a los 5 años y aviones o embarcaciones de lujo.

En cuanto a la inflación, Guzmán fue quien tuvo a su cargo explicar causas, medidas y proyecciones a futuro durante la reunión de gabinete del miércoles pasado. Allí reiteró ante sus pares su diagnóstico de variables múltiples que impactaron en las últimas cifras mensuales y habló del efecto de los precios internacionales.

De todas formas, pronosticó que si bien los números de abril no mostrarán una baja marcada del ritmo de precios, habría en los meses siguientes, ya sin una presión -según esperan- tan pronunciada del frente externo, una tendencia de desaceleración, por lo que la peor parte del impacto en los precios ya debería haber sucedido.

El jefe del Palacio de Hacienda mencionó ante el resto del gabinete por qué cree que hay una serie de medidas que “preparan el terreno” para una menor presión inflacionaria. Las tres están relacionadas con el programa económico acordado con el Fondo Monetario Internacional: la reducción del déficit primario, el recorte de la emisión monetaria y la acumulación de reservas.

La tesis de Guzmán, repetida ante el resto de los ministros, es que el plan económico de estas características -que busca, como una de sus metas, alinear expectativas- debe tener, por definición, un apoyo político fuerte, por lo que un ruido interno de esa magnitud conspira contra su efectividad.

Como tercer tema, que abarca a los dos anteriores, aparece el Fondo Monetario Internacional como una presencia ineludible. En los próximos días, sin fecha en concreto, debería comenzar la primera revisión trimestral de metas del nuevo programa económico. El staff del organismo buscará conocer los datos finales fiscales, monetarios y de reservas para habilitar un nuevo desembolso de USD 4.100 millones. El Poder Ejecutivo asegura que cumplió con los cinco objetivos exigibles por parte de Washington (déficit primario, emisión, acumulación de reservas en el Banco Central, deuda flotante y atrasos en los pagos de deuda externa).

Según explicaron desde el Ministerio de Economía, la revisión del staff podría tener lugar “más adelante”, no necesariamente esta semana, y se espera que sea virtual, sin presencia de los técnicos del FMI en Buenos Aires ni de funcionarios argentinos en la capital norteamericana.

Tal como había contado Infobae, el contacto entre los funcionarios técnicos del FMI y los del Ministerio de Economía y el Banco Central se aceleró desde comienzos de la semana pasada, en una suerte de “pre-misión” en la que se definirán los lineamientos que tendrá la evaluación de metas propiamente dicha, en una serie de reuniones que tendrán lugar desde la semana que viene, con fecha aún a definir, tal como explicaron desde la capital argentina y la norteamericana.

La fecha original prevista en el programa para la primera evaluación trimestral era el 10 de junio. Pero apenas cobró vigencia el nuevo acuerdo, el FMI ya reclamó una recalibración rápida de algunas proyecciones, como la de inflación y la de subsidios, dos variables que quedaron vetustas por el shock de precios internacional que tuvo lugar por la guerra en Ucrania.

Los objetivos exigibles centrales -tope del déficit primario, acopio de divisas en el BCRA y asistencia de esa entidad al Tesoro- fueron cumplidos, según el Poder Ejecutivo. Eso le darían así el derecho a contar con un nuevo desembolso superior a los USD 4.100 millones para afrontar los pagos de vencimientos de deuda con el propio organismo. Antes de habilitar ese giro, el informe del staff tendrá que pasar por el directorio del organismo.

Pero la primera revisión trimestral estará atravesada no solo por la evaluación de la gestión de las variables macro del Gobierno en los primeros tres meses del año sino también de la recalibración de proyecciones que solicitó el FMI apenas salió a la luz el nuevo programa económico, a sabiendas de que las condiciones internacionales habían dejado desactualizados esos números.

El Fondo Monetario Internacional admitió que deberá revisar la proyección de inflación de 48% como tope que había establecido en el programa económico en acuerdo con el Gobierno argentino, ante las perspectivas de una suba de precios anual mucho más alta.

Uno de los desafíos que tendrá el frente fiscal será la reducción de subsidios. No solo es un compromiso en sí estipulado en el programa económico -con un recorte de ese fondeo de unos 0,6% del PBI según estimaba el Gobierno- sino que esa cuenta presupuestaria es determinante para alcanzar el objetivo de poda del déficit primario desde 3% a 2,5% que anticipó el Poder Ejecutivo.

Ese horizonte de recorte de la cuenta de subsidios, un objetivo que el FMI marcó como decisivo del programa económico acordado, podría verse en peligro por el cambio en las condiciones internacionales. El salto de precios globales de la energía implicaría una resistencia a la intención oficial de poner en marcha una poda considerable de esa cuenta presupuestaria, una de las más elevadas para el gasto público.

SEGUIR LEYENDO: