El oficialismo descarta el proyecto de ley de hidrocarburos que envió Guzmán y trabaja en una nueva versión con un cepo “light” para Vaca Muerta

Un sector del oficialismo decidió avanzar con un nuevo proyecto de ley de promoción de las inversiones hidrocarburíferas, por lo que quedará aún más de lado el debate sobre la iniciativa con ese espíritu que el ministro de Economía Martín Guzmán había enviado al Congreso en septiembre pasado, un texto que cosechó algunas críticas entre gobernadores de las provincias productoras, empresas y en las propias filas del Frente de Todos.

La promesa de una ley de hidrocarburos que apunte a facilitar la inversión a gran escala como la que necesita la formación de Vaca Muerta apareció ya en el idioma del Frente de Todos desde apenas comenzado el mandato de Alberto Fernández. El oficialismo, en ese momento sin la tara de las internas a cielo abierto tan marcadas como en la actualidad, demoró más de un año y medio hasta tener afinado el proyecto, tras una extensa ronda de diálogo con las provincias petroleras y compañías del sector.

El proyecto fue diseñado, entre otros, por el equipo que tiene a su lado Martín Guzmán que se especializa en temas energéticos, entre ellos Demian Panigo, director de YPF en representación del Estado Nacional y el subsecretario de Planeamiento Energético, Santiago López Osornio, funcionario de confianza de Guzmán en ese reducto difícil para el ministro como es la Secretaría de Energía.

La iniciativa, presentada en sociedad en agosto pasado, proponía incentivos fiscales y de disponibilidad de divisas por fuera del cepo cambiario a empresas petroleras que incrementen su nivel de actividad. Se esperaba, en ese momento, que el nuevo régimen tuviera impacto en las decisiones de inversión, primero, de las empresas locales y en una segunda etapa, de los grandes jugadores multinacionales.

Pero su trámite legislativo solo arrancó con una reunión de comisión en el Senado y no mucho más. Ya desde que se dieron a conocer los pormenores del proyecto hubo críticas más o menos públicas de gobernadores patagónicos y, con perfil más bajo, de las empresas del sector. Se esperaba, originalmente, un tratamiento rápido que le permitiera ser aprobado antes de que terminaran las sesiones ordinarias del 2021, pero nunca sucedió.

Iniciado el 2022, el proyecto fue directamente cajoneado. Una alta fuente del equipo económico oficialista admitió que la iniciativa quedó diseñada de forma “muy reglamentarista”. “Es una actividad que tiene 100 años en la Argentina, no se puede regular como si se tratara de una industria nueva”, reclamaba el funcionario en reuniones privadas. El texto de ley de Guzmán tenía 115 artículos.

En las últimas semanas comenzó a circular una nueva variante de ese proyecto, que tiene un sentido similar: aflojar los controles cambiarios para grandes inversiones en el sector y garantizarles así que las empresas del extranjero que hundan capital puedan girar parte de las divisas que genere su producción.

Se trata de un proyecto mucho más corto -por lo pronto, cuenta con 12 artículos- y prevé la creación de un régimen con vigencia desde el 1° de mayo hasta el 31 de diciembre de 2047. Los beneficios de la ley contarían para las empresas que realicen inversiones nuevas que impliquen un monto en moneda extranjera no inferior a los 50 millones de dólares. Como comparación, la iniciativa original establecía un rango de inversión mínima de entre 6 millones y 300 millones de acuerdo a su complejidad, desde exploración y sísmica hasta la producción de petróleo y gas propiamente dicha.

La versión que circula actualmente por los despachos de diputados del oficialismo, motorizado por los gobernadores de las provincias que producen hidrocarburos, garantiza que las empresas podrían tener libre disponibilidad del 100% “de las divisas provenientes de sus exportaciones”, y si no exportaran, el equivalente al 20% de sus ventas en el mercado interno.

La primera ley presentada el año pasado establecía una “línea de base” de actividad de cada firma a partir de la cual, en caso de que hubiera un excedente, comenzaría a computarse la producción “incremental”. Esa producción adicional iba a tener garantizada un porcentaje de exportación -que comenzaba en 20% pero podía ser mayor- y una libre disponibilidad de divisas que equivalía al 50% de esas ventas.

No está claro, de todas formas, que este proyecto de ley pueda tener viabilidad política -y además, económica-, en el marco de un oficialismo con internas cada vez más sonoras. La iniciativa incluso es relativizada en algunas empresas del sector consultadas por Infobae, ya que la ven como una mera declaración de principios, sin garantías de que un beneficio de esas características pudiera cristalizarse.

En la industria algunos miran al presidente de la Cámara de Diputados Sergio Massa como impulsor de esta nueva versión de una ley de promoción de hidrocarburos. Cerca del legislador afirmaron que se trata de un proyecto empujado por los diputados patagónicos y que deberá pasar primero el filtro de los jefes de bloque en la cámara baja y luego será puesto a consideración por el presidente del cuerpo.

En la continuidad de la agenda energética, que encaró como una prioridad tras cerrar el acuerdo con el FMI, ayer Guzmán mantuvo un encuentro con los dos principales directivos de YPF. En la agenda entre la empresa de mayoría estatal y el funcionario apareció el gasoducto de Vaca Muerta, la posibilidad de una nueva ronda de licitación del Plan Gas y la posibilidad de producir gas natural licuado (GNL) para la exportación.

Guzmán recibió en el Palacio de Hacienda al presidente de YPF, Pablo González, y el CEO, Sergio Affronti y conversaron sobre “la importancia de fomentar el desarrollo de la infraestructura para apuntalar el desarrollo del sector energético”, según explicaron oficialmente.

Guzmán avizora que las condiciones internacionales serían favorables para que la Argentina pueda exportar, en un futuro, GNL. “Hemos mantenido encuentros que nos ayudan a posicionar la estrategia que está trazando el Gobierno Argentino para producir Gas Natural licuado. La estrategia incluye una articulación con empresas energéticas nacionales, internacionales, y varios países miembros del G20 a efectos de garantizar la demanda para la producción que Argentina tiene el potencial de generar”, dijo Guzmán en los últimos días.

El ministro de Economía viene prometiendo en las últimas semanas una flexibilización de los controles cambiarios para las inversiones que se hagan en el sector energético. “Acelerar el desarrollo del sector energético, significaría poder contar con un perfil de generación de divisas mucho más sólido y más fuerte para la Argentina”, mencionó la semana pasada en un encuentro de empresarios del sector organizado por IDEA.

El funcionario dijo que el Gobierno buscará “facilitar los flujos de inversión externa directa a la Argentina” para el sector energético. “Para eso hay que hacer un esquema diferente al actual, que es un esquema defensivo que se hizo para lidiar con la corrida cambiaria. Hoy estamos en otra etapa y hay que dar pasos a la normalización de la regularización de los flujos de capital”, mencionó.

Además, aseguró que trabaja con el Banco Central y con las empresas para “articular entendimientos que den lugar a un cambio en los marcos normativos”. “Esperamos en los próximos días estar avanzando en modificaciones en el esquema de regulaciones de capital para la energía”, anticipó, sin mayores detalles.

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