El Gobierno y el FMI comenzaron la primera revisión del acuerdo para que el país reciba USD 4.100 millones

Las sesiones de Zoom se encendieron en Buenos Aires y en Washington. El Gobierno y el Fondo Monetario Internacional ya comenzaron a delinear la revisión trimestral de metas que comenzará de manera oficial la semana que viene y que buscará evaluar si el Poder Ejecutivo cumplió con los 5 objetivos exigibles de política económica.

Estos ejes habilitarán, en caso de haber sido alcanzados, un segundo desembolso de USD 4.100 millones para financiar los pagos de vencimientos al propio organismo en los próximos tres meses.

El contacto entre los funcionarios técnicos del FMI y los del Ministerio de Economía y el Banco Central aceleró en las últimas horas, según afirmaron fuentes involucradas en la negociación. Es una suerte de “pre-misión” en la que se definirán los lineamientos que tendrá la evaluación de metas propiamente dicha, en una serie de reuniones que tendrán lugar desde la semana que viene, con fecha aún a definir, tal como explicaron desde la capital argentina y la norteamericana.

No está previsto, al menos por el momento, que la primera revisión trimestral del FMI se realice de manera presencial, ya sea en Buenos Aires o en Washington, por lo que se realizaría de forma enteramente virtual. “Continuamos trabajando virtualmente, incluyendo las discusiones sobre la primera revisión, y por ahora no hay planes para realizar reuniones en persona”, explicaron fuentes que siguen el desarrollo de las conversaciones entre las dos partes.

La fecha original prevista en el programa para la primera evaluación trimestral era el 10 de junio. Pero apenas cobró vigencia el nuevo acuerdo, el FMI ya reclamó una recalibración rápida de algunas proyecciones, como la de inflación y la de subsidios, dos variables que quedaron vetustas por el shock de precios internacional que tuvo lugar por la guerra en Ucrania. Por eso, se adelantó un mes exacto la revisión de metas. Todavía no está determinado si ese ida y vuelta técnico comenzará el martes próximo.

Mientras espera el comienzo formal de la revisión, el Gobierno realizará un pago completo de unos USD 1.000 millones al Fondo Monetario, en uno de los giros “intermedios” entre los vencimientos más altos cada tres meses, que suelen orillar los USD 2.700 millones.

Cinco metas para un desembolso: qué mirará el Fondo Monetario

La misión del FMI la semana próxima revisará el resultado fiscal, el de acumulación de reservas, el de emisión monetaria, de deuda flotante y de atrasos en los pagos de la deuda externa. Esas cinco variables forman parte de los “criterios de ejecución”, que es la manera que el programa económico consensuado denomina a las metas exigibles por parte del Fondo. Su incumplimiento eventual requiere del pedido de un waiver (perdón) para superar la evaluación trimestral.

Hay otro grupo que lleva como nombre “metas indicativas”, pero que no precisarían un waiver en caso de incumplimiento. Aquí se listan otras variables como un piso de recaudación tributaria, un mínimo en la ejecución de partidas de gasto social y el nivel permitido de intervención del Banco Central en el mercado de futuros del dólar.

Los objetivos exigibles centrales -tope del déficit primario, acopio de divisas en el BCRA y asistencia de esa entidad al Tesoro- fueron cumplidos, según el Poder Ejecutivo. Eso le darían así el derecho a contar con un nuevo desembolso superior a los USD 4.100 millones para afrontar los pagos de vencimientos de deuda con el propio organismo. Antes de habilitar ese giro, el informe del staff tendrá que pasar por el directorio del organismo.

Por un lado, los datos fiscales hasta fines de marzo muestran que el sector público sobrecumplió por poco menos de $30.000 millones el objetivo trimestral de déficit primario. El dato, de todas formas, es discutido por analistas privados.

La contabilidad que hizo la Secretaría de Hacienda para sobrecumplir la meta incluyó un incremento superior al 1.700% en una partida llamada “rentas de la propiedad”, que son ingresos extra que se anotó el fisco por la diferencia técnica en el precio nominal y el precio efectivo de los bonos atados a la inflación que emitió Finanzas.

Como método fue cuestionado por consultoras y economistas, ya que consideran que ese tipo de ingresos no estarían contemplados en el memorando técnico que acordaron el Gobierno y el Fondo Monetario. Por un lado, el memorando técnico habla de “que los ingresos se registran sobre base caja e incluyen los ingresos tributarios, las rentas de la propiedad, otros ingresos corrientes y los ingresos de capital”, por lo que esas rentas de la propiedad deberían contabilizarse.

Pero por otro, menciona que “los ingresos excluyen todo tipo de transferencia financiera procedente del banco central (incluidos utilidades y adelantos transitorios), el ingreso en concepto de intereses generado por la tenencia de valores y obligaciones de deuda dentro del sector público, el producto de la venta de activos financieros, y los derechos especiales de giro (DEG) asignados por el FMI o recibidos bilateralmente de otros miembros del FMI”, consideró.

Las otras metas exigibles por el Fondo Monetario también habrían sido alcanzadas, aunque eran de más fácil cumplimiento según los analistas. Así, la letra chica reclamaba que las reservas deberían haber aumentado USD 1.200 millones en forma neta, mientras que la monetización del déficit tendrá como techo una suma de $236.800 millones.

Para ambos casos en el BCRA aseguran que los objetivos se cumplieron. En el primer caso, por el primer desembolso del FMI de USD 9.700 millones y, por otro, porque el Central acumuló hasta fines del primer trimestre adelantos transitorios al Tesoro por $122.000 millones.

Hay, en rigor, otras dos metas exigibles. Una es la prohibición de entrar en default de la deuda externa, una situación que no sucede en la actualidad tras la reestructuración de los bonos con tenedores privados en 2020. La otra es la deuda flotante, es decir los pagos atrasados que registra y acumula el Estado. A lo largo de los cuatro trimestres de evaluación el FMI y el Gobierno acordaron que ese ítem no excederá los $535.900 millones.

Aún faltan los datos de marzo para conocer si el Gobierno pudo o no cumplir ese compromiso. Con la información a febrero, según publicó el Tesoro, la deuda flotante acumulada era de $574.000 millones. Eso incluye atrasos $230.732 millones pendientes de 2021 y de $343.363 millones de 2022. De esta manera, el Gobierno deberá mostrar en los datos de marzo un recorte de ese saldo de $38.000 millones para poder alcanzar la meta.

Inflación y subsidios: la discusión más allá de las metas

La primera revisión trimestral estará atravesada no solo por la evaluación de la gestión de las variables macro del Gobierno en los primeros tres meses del año sino también de la recalibración de proyecciones que solicitó el FMI apenas salió a la luz el nuevo programa económico, a sabiendas de que las condiciones internacionales habían dejado desactualizados esos números.

El Fondo Monetario Internacional admitió que deberá revisar la proyección de inflación de 48% como tope que había establecido en el programa económico en acuerdo con el Gobierno argentino, ante las perspectivas de una suba de precios anual mucho más alta.

Según explicó la semana pasada el director del Departamento del Hemisferio Occidental Ilan Goldfajn, el FMI no permitirá cambios en las metas del programa, es decir el recorte del déficit primario, la monetización del rojo fiscal y el acopio de divisas en el Banco Central. “El programa tiene supuestos y tiene objetivos. La inflación es un supuesto y los supuestos pueden cambiar por los nuevos shocks de la economía global”, adelantó el funcionario.

Para reforzar su idea, Goldfajn descartó la chance de reconsiderar los objetivos macroeconómicos del programa. “Buscamos priorizar medidas para asegurar que los objetivos del programa sean alcanzados. (Las metas) no van a cambiar, vamos a dar apoyo (al Gobierno) para priorizar y cumplir los objetivos del programa”, insistió el funcionario, uno de los que encabezó la negociación técnica con el ministro de Economía Martín Guzmán.

Uno de los desafíos que tendrá el frente fiscal será la reducción de subsidios. No solo es un compromiso en sí estipulado en el programa económico -con un recorte de ese fondeo de unos 0,6% del PBI según estimaba el Gobierno- sino que esa cuenta presupuestaria es determinante para alcanzar el objetivo de poda del déficit primario desde 3% a 2,5% que anticipó el Poder Ejecutivo.

En el acumulado del primer trimestre de este año el gasto en subsidios fue 90% superior en términos reales en comparación con ese lapso de 2021, estimó un estudio de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC). La cuestión de los subsidios tendrá un capítulo decisivo en los próximos días. La Secretaría de Energía convocó a audiencias públicas entre el 10 y 12 de mayo, que incluirán la discusión sobre nuevos incrementos para las boletas de gas y de energía eléctrica.

Guzmán buscó en el acuerdo con el FMI encontrar un sendero de reducción de subsidios que equivalga este año al 0,6% del PBI, lo que implicaría la necesidad de aumentar tarifas por encima del primer incremento anunciado a principios de año y que se materializarán en las boletas en las próximas semanas.

Ese horizonte de recorte de la cuenta de subsidios, un objetivo que el FMI marcó como decisivo del programa económico acordado, podría verse en peligro por el cambio en las condiciones internacionales. El salto de precios globales de la energía implicaría una resistencia a la intención oficial de poner en marcha una poda considerable de esa cuenta presupuestaria, una de las más elevadas para el gasto público.

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