Escasez de gas: con muchas demoras, el Gobierno apuesta a un gasoducto que aún no licitó

Mientras la industria se prepara para un invierno con recortes de gas y avanza a cuentagotas la compra de cargas de Gas Natural Licuado (GNL) por barco para los meses fríos, el Gobierno apuesta a superar el apretón energético en el invierno 2023 con una obra en la que se juega buena parte de su hoy escaso capital político: la construcción y puesta en marcha de la primera etapa del “Gasoducto Néstor Kirchner” (GNK).

El costo de las etapas 1 y 2 del proyecto fue estimado por Energía en USD 3.471 millones. Pero expertos, operadores privados e incluso funcionarios provinciales consultados por Infobae dudan que la primera se cumpla en los tiempos previstos. Citan la mora en pasos esenciales y antecedentes que desmienten el optimismo oficial, como el Gasoducto del Noreste Argentino (GNEA), anunciado en 2003, iniciado en 2013, aún inconcluso y en cabeza del mismo órgano del Estado (Ieasa, ex Enarsa) a cargo del actual proyecto.

La insuficiencia en los meses de invierno, pico del consumo hogareño, no es por escasez de gas, que abunda en la roca de Vaca Muerta, sino por falta de infraestructura de transporte hasta el principal centro de consumo: el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Más aun, el 21 de abril el diputado provincial democristiano neuquino Raúl Muñoz presentó un pedido de informes sobre el venteo de gas y en una nota en el diario Río Negro el exsecretario de Energía de la provincia, Raúl Etcheverry, dijo, en base al seguimiento de la página web SkyTruth (Verdad del Cielo), que muestra mapas diarios de venteo de gas en todo el planeta, que si bien la Argentina no figura aún en el Top 10 de venteadores mundiales “hay señales de alarma por incrementos de volúmenes totales y de intensidad”.

La falencia en capacidad de transporte y aprovechamiento de la producción local se superará en 2023, anunció el presidente Alberto Fernández en un acto en Neuquén, junto al gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, el de Neuquén, Omar Gutiérrez, y el también neuquino secretario de Energía, Darío Martínez.

Cañería

La previsión oficial es que el primer tramo del GNK, de 650 kilómetros, entre Tratayen (a 11 kilómetros de Añelo, la “capital” de Vaca Muerta) y la bonaerense Salliqueló, entre en servicio el 31 de mayo de 2023 y aumente en 11 millones de metros cúbicos por día la provisión de la cuenca neuquina, achicando la dependencia del gas de Bolivia y, en especial, de las costosísimas cargas de GNL que recorren miles de kilómetros (desde lugares como Trinidad y Tobago, Argelia y Qatar) en buques metaneros.

Esas cargas, licuadas a 160 grados bajo cero, se regasifican en plataformas móviles en Bahía Blanca y Escobar para inyectar a la red de gasoductos. Para este invierno, a través de Ieasa, el gobierno ya contrató 20 barcos, a un precio promedio de USD 34 el millón de BTU, cuatro veces más que lo pagado por los 56 barcos de 2021, cantidad que este año podría estirarse a cerca de 70 y engordar la cuenta de gas importado a más de USD 5.000 millones. Solución cara y que complica las ya difíciles metas de aumento de reservas del BCRA que el Gobierno acordó con el FMI.

La dependencia en invierno de la importación se inició en 2008. Y aunque se redujo algunos años, nunca se eliminó del todo, debido a la declinante provisión boliviana. Un informe de W.Schreiner Parker, vicepresidente senior y cabeza para América Latina de la consultora internacional Rystad Energy precisa que en 2021 Argentina fue el segundo país latinoamericano de mayor demanda de gas y el segundo en porcentaje de exposición a las compras de GNL. El informe destaca el creciente peso de la demanda europea en el mercado mundial de GNL, al que la Argentina apostaba con compras spot (de contado) en contraestación al verano europeo. La invasión rusa y la guerra en Ucrania puede haber desbaratado esa estrategia. Chile, el otro gran importador sudamericano de GNL, se abastece mediante contratos de largo plazo.

Así, la probable prolongación de la guerra y sus efectos acrecienta la importancia del nuevo gasoducto.

La provisión de caños para la obra fue licitada el 23 de febrero y el 31 de marzo se presentó una sola oferta, de Siat SA (de Tenaris, grupo Techint), por USD 440 millones, todavía no adjudicada, algo que se preveía para el 25 de abril y podría tener lugar los primeros días de mayo. Del mismo modo, la licitación de la obra se preveía para el 20 de abril, pero aún no se realizó. La presentación de ofertas sería el 20 de mayo, para adjudicar obras a mitad de junio, de modo que se inicien en agosto y estén listas en mayo de 2023. “Si se logra la entrega el estudio de impacto ambiental el 31 de mayo de 2022, la obra estaría ingresando en servicio el 31 de mayo de 2023″, dijeron hace un par de semanas fuentes oficiales a Infobae.

Nada de eso sucedió hasta ahora, y el miércoles pasado Ieasa anunció 4 nuevas licitaciones de insumos (válvulas, mantas termocontraibles, electrodos, cromatógrafos) que se abriría el 9 de mayo.

“Los tiempos son muy ajustados, las provincias y las empresas quieren que se cumpla, para extraer más gas, pero si la obra no se licita en la primera quincena de mayo lo veo muy difícil”, dijo a Infobae un alto funcionario de una de las provincias clave de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (Ofephi).

“Las restricciones que tenemos se deben a la falta de infraestructura de evacuación, tanto de gas como de petróleo; todo lo que se haga en ese sentido lo vamos a apoyar; es un pecado con el costo de importaciones que sufrimos no haber tenido esto antes”, dijo el funcionario provincial, que coincidió en que también es clave que el estudio de impacto ambiental esté listo a fin de mayo.

“Si adjudican los caños, lanzan la licitación de obra, adjudican en junio y en agosto comienzan los trabajos, se puede llegar, El cronograma es apretado, no imposible, pero no hay que demorar más”, agregó la fuente energética provincial. Consultado sobre el proyecto técnico, el funcionario respondió: “tengo entendido que es el que había elaborado el gobierno anterior″.

La falta de la obra generó cruces entre miembros del actual y el anterior gobierno, que la había licitado en julio de 2019. Se presentaron cuatro grupos oferentes, pero la adjudicación se postergó dos veces, primero tras el cimbronazo de las PASO de agosto de ese año, y luego después de la elección presidencial que consagró la fórmula Fernández-Fernández.

La actual gestión anuló aquella licitación el 30 de diciembre de 2020 (más de un año después de asumir) y se tomó otros 14 meses, hasta febrero 2022, para licitar los caños de la obra, bajo un modelo diferente. El anterior preveía la financiación privada, mediante el peaje que el adjudicatario (a través de una nueva empresa, Transportadora de Gas del Centro) tendría por la concesión del gasoducto durante 17 años. El actual es 100% con fondos públicos, parte con una porción de la recaudación del impuesto a “las grandes fortunas” y el resto con aportes del Tesoro, en tanto Ieasa tendrá la concesión por 35 años.

Según un medio especializado, el subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo, trabaja en un bono a colocar entre las petroleras. Que Basualdo diseñe un bono sería otra mojada de oreja K al ministro Martín Guzmán, que en el último mes desarrolló un súbito interés por el tema energético. En Economía dijeron que no respondían “sobre rumores”.

Los desafíos del kirchnerismo energético al ministro son constantes. El jueves Basualdo, Martínez y Kicillof suscribieron una obra que juzgaron “clave”, la reactivación de las obras de una Planta Transformadora en 25 de Mayo, “en beneficio de un millón de habitantes, industrias y comercios de la zona centro de la provincia de Buenos Aires”, en un acto con funcionarios e intendentes bonaerenses, pero sin Guzmán. Además, Ieasa, la empresa a cargo del GNK, es presidida por Agustín Gérez, un abogado santacruceño cercano a Máximo Kirchner. Esto es, está en manos de La Cámpora.

Más extraño aún es por qué el gobierno durmió tanto tiempo el proyecto. En mayo de 2020 el entonces secretario de Energía, Sergio Lanziani (que dependía del ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas) presentó un “Programa Quinquenal” de obras energéticas subrayando la urgencia de lo que llamó, tentativamente, “Gasoducto Federal”. Allí alertaba sobre la “saturación de los gasoductos desde cuenca neuquina en 2019″ y la “imposibilidad de crecimiento de producción de gas natural sin ampliaciones” (ver Gráfico).

Lanziani envió ese informe a Infobae, pero no respondió preguntas . “Vivo en Misiones en un lugar complicado con la señal. En medio de la selva, prácticamente”, señaló.

En agosto de 2020, Kulfas echó a Lanziani. En su reemplazo fue designado Martínez, y Energía pasó a depender de Economía, esto es, de Guzmán.

En 2021 empezó a hablarse del gasoducto. “Había optimismo, la idea era que la obra empezara en enero de este año”, ahora es mucho más difícil llegar”, dijo un operador privado del sector petrolero, que prefiere no cuestionar públicamente las afirmaciones oficiales y cree que la obra solo podría estar lista el próximo invierno si se empieza pronto y se avanza “en dos o tres frentes a la vez”, de modo que converjan y los diferentes tramos del ducto sean soldados en distintos puntos de la traza.

Antecedente

No es el caso del presidente del Instituto Argentino de Energía (IAE) General Mosconi, Jorge Lapeña. “A mi criterio es un imposible”, respondió cuando Infobae le preguntó sobre la factibilidad de que la primera etapa del GNK (el tramo Tratayen-Salliqueló) esté operativo en el invierno 2023. “La última obra de Ieasa (entonces Enarsa) es el Gasoducto del Noreste Argentino (GNEA), una idea de Techint para traer gas de Bolivia que el gobierno de Néstor Kirchner redefinió en 2006, cuando firmó un acuerdo para proveer gas durante 20 años y traer 26 millones de metros cúbicos por día. Para transportar esa cantidad era necesario el GNEA, que se empezó después de muchas vueltas en 2013, tuvo enormes sobrecostos y todavía no entró en servicio; ni siquiera se terminó el primer tramo”, dijo a Infobae.

“Para afirmar que en un año el nuevo gasoducto estará operativo deberían haberse ya hecho los pliegos y la licitación, haberse recibido ofertas y haberse adjudicado, pero lo único que se hizo fue un concurso para seleccionar proveedor de caños. La parte más compleja es el montaje de las cañerías, soldaduras, tapas, y en las páginas de Ieasa no hay siquiera un adelanto del pliego, ni fecha tentativa. Una licitación de este tipo debe dar plazos para presentar ofertas. Y no tengo noticias de que esto esté presupuestado. Nada que haya hecho el Gobierno permite pensar que es posible”, se explayó el exsecretario de Energía y presidente de YPF durante el gobierno de Raúl Alfonsín. “El gasoducto no va a estar y la guerra no sabemos cuándo va a terminar. Esto es una puesta en escena, lo único que se hizo fue un acto”, completó.

El antecedente del GNEA es ominoso, desde los plazos vaticanos de la obra, hasta el robo de 35 kilómetros de caños en la localidad de Aguaray, en Salta, por lo que fueron acusados empresarios y el intendente de esa localidad, hasta otro robo de años en Formosa, en obras abandonadas y a la intemperie y denuncias a empresas participantes. Algunos de esos caños aparecieron recortados y usados en comederos para vacas, otros aparecieron en Quilmes, y otros aún, denunció en su momento el periodista Antonio Oieni, del diario El Tribuno, de Salta, en Bolivia.

El titular de una de las empresas adjudicatarias del primer tramo, Raúl Vertúa, de Servicios Vertúa SA, estuvo detenido en la llamada “Causa Cuadernos”, luego de que la Justicia constató, a partir de un número de patente anotado por el chofer Oscar Centeno, que en uno de los vehículos de la empresa se transportaron USD 850.000 de supuestas coimas. Vertúa dijo a la Justicia que Roberto Baratta, mano derecha del entonces ministro de Planificación, Julio De Vido, solo le había pedido una “contribución” y que había 11 personas habilitadas para conducir ese vehículo. Imposible controlar tanto.

Auditoría

En 2017, la Sindicatura General de la Nación (Sigen) realizó una auditoría sobre Enarsa y el GNEA. El sumario del informe precisa que la auditoría abarcó “los aspectos técnicos, administrativos y legales desarrollados en el trámite de los procesos licitatorios de construcción de obras, de adquisición de cañería, de contratación de los servicios de inspección de obra, de revisión de ingeniería y asistencia técnica, así como también el estado de ejecución de las obras del gasoducto”.

El trabajo destacó “la “carencia de planificación del proyecto, toda vez que las múltiples alteraciones y rectificaciones del trazado del gasoducto, las diversas inversiones presupuestadas y los distintos enfoques constructivos … permiten inferir una formulación incompleta, poniendo bajo serio cuestionamiento su concepción misma y su viabilidad.”

La Sigen señaló también la ausencia de estudios de preinversión, sucesivos incumplimientos y extensiones de plazos y precisó que hacia 2017 se habían desembolsado USD 2.217 millones y que en los pliegos se advertían cláusulas “susceptibles de restringir la concurrencia de oferentes”, en un escenario de “mínimos parámetros de exigencia vinculados a los antecedentes contractuales de naturaleza técnica e indicadores económicos financieros mínimos exigidos a los oferentes que no guardan una razonable relación asociada a la envergadura de la construcción del gasoducto licitado”.

La documentación de las licitaciones, agregaba, no se tramitó “a través de expedientes formales” ni había “evidencia que acredite las publicaciones de la convocatoria del proceso licitatorio en el Boletín Oficial”.

Otro pasaje del informe, potencialmente relevante para la situación actual, decía: “debido a la simultaneidad cronológica entre los procesos de adquisición de los caños y los procedimientos de contratación de las obras que los requerían, la provisión en tiempo y forma de ese insumo crítico no estaba garantizada en atención al ajustado o nulo margen de coordinación entre los tiempos de fabricación de los caños y su traslado a obra para la construcción en el tiempo estipulado”.

Lo anterior no era financieramente inocuo, ya que -proseguía el informe- “debido al atraso registrado en la ejecución de todas las obras (divididas en 9 tramos), se encuentra pendiente de inversión una parte significativa del monto adelantado a las contratistas en concepto de anticipo, generando por tanto un beneficio financiero adicional a las contratistas, en particular, el anticipo otorgado a Servicios Vertúa SA, cuya obra no registra movimiento desde el mes de diciembre de 2015″.

A cuatro años del inicio, la auditoría precisaba que “del análisis realizado sobre la base de la documentación suministrada por Enarsa surge que al 28/02/17 el estado de la obra del GNEA muestra un promedio de 66,15% de avance”. El 33,85% de la obra faltante, estimaba, representa una suma estimada de USD 563,2 millones (ya erogados), según los cálculos practicados por esta Auditoría”.

A los caños

El GNEA aún no se concluyó, aunque el segundo tramo del “Gasoducto Néstor Kirchner”, con el que se conectaría, se proyecta ahora, serviría para llevar a las provincias del nordeste argentino el gas que Bolivia nunca pudo proveer en las sumas comprometidas en 2006.

Un ejecutivo de una empresa que presta servicios en Vaca Muerta apuntó a Infobae otro antecedente, esta vez internacional, el Gasoducto de Camisea, en Perú. De 730 kilómetros de longitud, se construyó para evacuar el más importante yacimiento gasífero de la historia peruana. La obra se inició en 2001 y se habilitó en 2004 y si bien se hizo en una topografía más desafiante (selva, cerros), dijo el ejecutivo, no hubo que hacer casi expropiaciones o servidumbres de paso a lo largo de la traza, otro aspecto que, en el caso del Gasoducto Néstor Kirchner, aún se desconoce.

El ejecutivo destacó que para 2023 sería más realista apostar a un aumento de la producción petrolera y gasífera de las cuencas Golfo San Jorge y Austral, sobre el sur atlántico, en Chubut y Santa Cruz, para cuya producción sí hay capacidad de transporte y antecedentes a favor.

Como ejemplo, citó los resultados de operaciones de tight gas en “Campo Indio” y áreas subexplotadas de Santa Cruz. “Son campos casi vírgenes, porque en Santa Cruz el problema son los sindicatos, no es como en Neuquén, donde el gobierno provincial y los sindicatos están alineados en aumentar la producción”, subrayó.

Lo que plantea otra paradoja: en su visita a Vaca Muerta, donde “lanzó” el Gasoducto Néstor Kirchner, Alberto Fernández se abrazó con Claudio Vidal, secretario general del sindicato de petroleros de Santa Cruz, que en la elección legislativa nacional de 2021 se abrió del kirchnerismo y lo relegó, en su propia cuna, al tercer lugar en cantidad de votos.

En 2023, las internas se intensificarán. Habrá que ver si, para entonces, hay además gasoducto.

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