Hace una semana el Gobierno nacional blanqueó en público que buscaría poner en marcha un nuevo impuesto, por única vez, para capturar parte de la renta inesperada que hayan conseguido un puñado de empresas por el salto de precios internacionales que le siguió al comienzo de la guerra en Ucrania. Para eso, la Casa Rosada prometió una ronda de diálogo con el sector privado para intentar una medida con algún tipo de consenso.
Esa gimnasia con los ejecutivos comenzará este lunes, con el primer contacto con una de las cámaras empresarias más representativas del país. Los directivos de la Unión Industrial Argentina (UIA) se reunirán con los funcionarios del Poder Ejecutivo este lunes desde las 16 en la Casa de Gobierno.
A diferencia de las últimas mesas que armó el Gobierno nacional, no habrá presencia sindical. Desde fines de marzo y hasta los primeros días de abril el Poder Ejecutivo había auspiciado una serie de encuentros tripartitos para ensayar un nuevo intento de coordinación de precios y salarios en el marco de la aceleración inflacionaria. Entre otros compromisos, de ese foro salió la iniciativa de acelerar las negociaciones paritarias de sectores clave.
El Gobierno se reunirá con la UIA una semana después de haber anunciado que pondría en marcha un impuesto para la renta inesperada de un grupo de empresas. Apuntará a las ganancias “extraordinarias” por el salto de precios por la guerra en Ucrania
Más allá de esa aproximación, la agenda de esta tarde estará más vinculada a las propias demandas y planteos de la UIA, afirmó un directivo industrial ante Infobae. Lógicamente, la convocatoria a los empresarios fabriles tiene como contexto la creación de ese mecanismo tributario para poder recaudar parte de la renta inesperada.
La definición inicial dada por el ministro de Economía Martín Guzmán asegura que apuntarán a aquellas ganancias “extraordinarias” que no responden a un incremento de la inversión sino al efecto del shock internacional de precios que provocó la guerra en Ucrania. Guzmán decidió poner en pausa la implementación inmediata de una medida tributaria de esa naturaleza y buscar algún tipo de consenso entre el sector privado y también con la oposición, considerando que la iniciativa deberá pasar por el Congreso.
En términos generales, se trataría de una alícuota sobre la renta que no se corresponda con incrementos en la inversión sino que tenga como explicación el salto de precios internacional. “Es un un conjunto de empresas que tienen ganancias netas imponibles altas en términos absolutos”, explicó el ministro Guzmán. Esas ganancias deberían ser superiores a los $1.000 millones en el año.
Según el jefe del Palacio de Hacienda, se trata de una “fracción muy pequeña”, de empresas. Además, Guzmán aseguró que “la ganancia neta imponible real tiene que haber aumentado de forma significativa en 2022 en relación con 2021″ y que “el resultado ordinario (el margen de ganancia) también tiene que ser anormalmente elevado en 2022″, para que las empresas sean consideradas dentro del impuesto. Por otra parte, dijo que “se incluirá un criterio en que si la renta inesperada se canaliza hacia la reinversión el monto de la contribución será menor”.
Desde Washington, en diálogo con Infobae y otros medios, Guzmán habló sobre el nuevo impuesto. “Tenemos que llegar a una solución colectiva y por eso convocamos al diálogo. Trazamos una base sobre la que dialogaremos con todos los sectores. Apuntamos a capturar una parte de esa renta extraordinaria inesperada, que no es producto de inversión sino de la guerra, para ayudar al Estado a ayudar a la gente y también fomentar la inversión: si esa renta inesperada se reinvierte, la contribución será menor”, mencionó. “Hay muchos detalles por definir y por eso vamos a fomentar un diálogo constructivo. No será sectorial, será de criterios generales: renta inesperada y ganancias altas. Menos del 1% de las empresas tuvo ese tipo de ganancias el año pasado”, dijo Guzmán y aseguró que será “por única vez”.
Renta inesperada: cuáles fueron las críticas de empresarios
La Unión Industrial Argentina fue una de las entidades que nuclean a ejecutivas que cuestionaron de forma abierta esa posibilidad. En una reunión de la Junta Directiva de la entidad el martes pasado, los integrantes de la central fabril analizaron “cómo afectará a la inversión un nuevo incremento en la presión tributaria sobre el sector formal de la economía y el impacto negativo que tendrá en la actividad y el empleo”. La convocatoria del Gobierno a la UIA, de hecho, se dio horas después de ese comunicado.
“Tenemos que llegar a una solución colectiva y por eso convocamos al diálogo. Trazamos una base sobre la que dialogaremos con todos los sectores” (Guzmán)
En los próximos días, adelantaron además desde la UIA, el departamento de Política Tributaria y el CEU estudiarán los alcances de la medida y su repercusión en los diferentes sectores productivos. Por otra parte, afirmaron que continuarán en contacto con el Banco Central para “dinamizar el acceso a divisas para adquirir insumos clave del proceso productivo”.
La UIA no es la primera entidad empresarial que salió a cuestionar la iniciativa oficial. Tras los anuncios, la Cámara de la Industria Aceitera y el Centro Exportador de Cereales (Ciara-CEC) expresaron su preocupación por la nueva medida. Desde su cuenta de Twitter expresaron: “La Argentina no necesita más impuestos. Al contrario, lo que hace falta es sacar el freno de mano a la producción y a la inversión para que haya más trabajo. Estaremos abiertos a trabajar en una propuesta de esta naturaleza, si el Gobierno nos convoca”.
La Asociación Empresaria Argentina (AEA), en tanto, cuestionó: “La Argentina debe volver a retomar la senda del desarrollo económico y social sostenible. Para ello resulta esencial generar las condiciones para que las pequeñas, medianas y grandes empresas puedan concretar inversiones que generen empleo y hagan crecer la producción y las exportaciones. La creación de nuevos impuestos va en la dirección opuesta a lo señalado”.
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