Coparticipación, superávit fiscal e impuestos: las preocupaciones del FMI que involucran al Gobierno, la oposición y gobernadores

El programa con el FMI cumplirá en los próximos días un mes desde su vigencia y ya hubo, en este corto lapso de tiempo, un llamado a recalibrar proyecciones, un compromiso inicial que el Gobierno no cumplió, pero un grupo de metas exigibles alcanzadas que el Poder Ejecutivo podrá mostrar ante los funcionarios del organismo. Hay, de fondo, otro puñado de preocupaciones que sobrevuelan al equipo técnico y al directorio del Fondo Monetario y que afecta no solo a la Casa Rosada, sino también a la oposición y también a los gobernadores.

Son una serie de planteos que hizo el organismo y que pasaron desapercibidas en el radar y que están explicitadas en la amplia radiografía que el staff del FMI hizo sobre la economía argentina en un documento del 25 de marzo último, cuando el directorio dio la aprobación final al nuevo programa financiero por USD 45.000 millones.

Hay, en el bosquejo que hicieron los economistas del FMI, postulados sobre las reformas “de fondo” que el Gobierno descartó que formen parte del acuerdo, pero que son ideas fijas en la idiosincracia y tradición del Fondo Monetario, sobre algunos temas en particular: impuestos, recaudación, controles de capital, gaso público, financiamiento en el mercado externo y otros como la coparticipación con las provincias.

Una por una, las preocupaciones y recomendaciones del organismo

Sistema tributario: considera que tiene “debilidades estructurales” e identifica que es “complejo, volátil”, que los impuestos directos recaudan poco, por el contrario que hay alta dependencia de tributos indirectos y que le falta progresividad.

“Cada uno de los tres niveles de gobierno (federal, provincial, municipal) está facultado para establecer, regular y hacer cumplir los impuestos. El sistema cuenta con más de 165 impuestos diferentes, muchos de los cuales se caracterizan por una gran dispersión de tasas y por regímenes especiales de asignación. Los cambios en la política fiscal son frecuentes, lo que aumenta los costos de cumplimiento”, cuestionó el FMI.

Sobre los tributos directos apuntó que “los ingresos por impuestos sobre la renta del trabajo, bienes inmuebles son bajos en comparación con sus pares. La recaudación del Impuesto a las Ganancias tiene un rendimiento inferior, lo que refleja un umbral de ingreso mínimo alto (solo el 12% superior de los trabajadores formales paga el gravamen). Los impuestos sobre la propiedad inmobiliaria son más bajos que los promedios regionales y de la OCDE, lo que refleja en parte valoraciones obsoletas”.

Por otra parte, menciona el reporte que “la dependencia de formas impositivas menos eficientes es alta. Estos incluyen las que rigen sobre las transacciones financieras (al cheque), los ingresos brutos y aranceles a la exportación (que afectan la competitividad), aunque recientemente se han realizado esfuerzos para reducir los retenciones a las exportaciones con valor agregado”.

Asimismo, el FMI consideró que el sistema tributario implica “desincentivos a la formalidad y al crecimiento empresarial”. “Una brecha fiscal alta entre los empleados del sector formal, los trabajadores informales y el generoso régimen fiscal simplificado para los trabajadores autónomos (monotributo) crean desincentivos para el empleo formal y el crecimiento del tamaño de las empresas”, consideró el Fondo.

“Las reformas deben buscar mejorar la eficiencia y progresividad del sistema. Las prioridades incluyen la simplificación del código tributario, la mejora de la coordinación de la política tributaria con los gobiernos subnacionales, la expansión de la base imponible (incluso para la renta personal y la propiedad), la relajación de ciertos impuestos distorsionadores según lo permitan las consideraciones de espacio fiscal. Estos deben ir acompañados de medidas para fortalecer el cumplimiento tributario”, concluyó al respecto el FMI.

Gasto público y equilibrio fiscal: resalta el reporte la importancia de contar con un presupuesto flexible para algunas áreas en particular, entre las que identifica, por ejemplo, el gasto social. Hay además una crítica a la indexación del gasto público, en momentos en que la aceleración se encuentra en aceleración desde hace meses.

“Argentina tiene uno de los presupuestos menos flexibles de la región de América Latina, debido principalmente a un gran gasto en derechos sociales y una alta proporción de ingresos asignados, que están vinculados principalmente a los acuerdos constitucionales de reparto de ingresos con las provincias (aproximadamente la mitad de los ingresos fiscales internos se asignan automáticamente)”, cuestionó en referencia a la coparticipación.

El FMI además imagina cuál debería ser el sendero fiscal que tome la Argentina más allá de los objetivos planteados en el programa económico vigente, que solo plantean metas hasta 2024. “Se prevé que el déficit fiscal primario disminuya del 3% PBI en 2021 a un déficit del 0,9% del PBI al final del programa en 2024. Se necesitaría mayor consolidación para converger al superávit primario de estado estacionario del 1,3% del PBI para 2027. El logro de este camino requerirá un paquete de reformas de políticas bien secuenciado y equilibrado”, anticipó el FMI.

Traducido: el Fondo Monetario considera que una gestión de la deuda que haga sostenible el pago de esos pasivos requerirá, más allá de la duración del programa, el gobierno que venga -ya sea del oficialismo actual o de la ahora oposición- no solo equilibrio fiscal sino también un superávit creciente.

“Los esfuerzos de consolidación fiscal deberán mantenerse más allá del período del programa para garantizar la sostenibilidad de la deuda. Se requerirá una mejora adicional del 2% del PBI en el balance primario para alcanzar el superávit de estado estacionario del 1,3% del PBI, necesario para contener las necesidades brutas de financiamiento y reducir la deuda pública”, es una de las conclusiones del informe.

Hay, en esa hoja de ruta que imaginan los directores del FMI, mojones que todavía el Gobierno debe atravesar, tales como la reconsideración del cepo cambiario desde el formato presente a un esquema más flexible aunque sin que llegue a desaparecer, menos deuda indexada a la inflación y un retorno a los mercados de capitales internacionales.

“Se supone que las medidas de flujo de capital permanecerán vigentes (aunque con cierta racionalización potencial) durante el período del programa, lo que limitará las salidas de divisas y respaldará la balanza de pagos a corto plazo. Con el tiempo, y a medida que mejore la cobertura de reservas, las medidas de flujo de capital se relajarán gradualmente, en consonancia con el regreso a los mercados de capital internacionales a partir de 2025″, anticipó el FMI.

A ese último punto, incluso, el Fondo Monetario ya le puso números. “Se supone que el servicio de la deuda denominada en moneda extranjera seguirá el cronograma posterior a la reestructuración, y se anticipa un nuevo financiamiento modesto de los mercados internacionales a partir de 2025 (USD 2.000 millones en 2025, USD 4.000 millones en 2026 y USD 6.000 millones en 2027).

Sobre el mercado local, apuntó el FMI: “A medio plazo, se prevé un aumento de las emisiones a más largo plazo, a medida que se afiance la desinflación y los inversores estén más dispuestos a mantener instrumentos a tasa fija”.

Gobernadores en alerta: en su amplio diagnóstico sobre las reformas que necesitaría la Argentina, también hay una serie de elementos que inciden en las cuentas públicas de las provincias y que prometen algún tipo de tensión entre la Casa Rosada y los gobernadores. “Se espera que las transferencias discrecionales a las provincias y empresas estatales, que crecieron durante la pandemia, disminuyan gradualmente en un 0,3% del PBI PBI durante el período del programa, aunque se requerirán esfuerzos para mejorar la viabilidad comercial y la eficiencia de estas empresas”.

Al hablar sobre la consolidación fiscal, el FMI incluye la coparticipación como uno de los temas que deberán ser reformados, justo en momentos en que la Casa Rosada continúa la discusión con la Ciudad de Buenos Aires sobre el reparto de recursos automático.

“(La consolidación fiscal) requerirá mayores esfuerzos para reducir las brechas de cumplimiento y fortalecer la progresividad y la eficiencia del sistema tributario del país, incluso mediante la reducción de la dependencia de impuestos distorsionadores. Además, se necesitará una mayor racionalización del gasto público, junto con esfuerzos para abordar las rigideces presupuestarias (incluso mediante la mejora del diseño del esquema de reparto de ingresos con las provincias), y mejorar la estructura del gasto para abordar las grandes brechas sociales y de infraestructura”, destaca el reporte de marras.

El Fondo Monetario admite, en ese sentido, que reformas de este tipo involucrarán un debate entre todas las fuerzas políticas. “Se requerirá un consenso político y social sostenido para lograr estos objetivos y equilibrar las demandas del financiamiento del gran sistema de bienestar social de Argentina de manera favorable al crecimiento”.

El FMI también auspiciará una modificación del Pacto Fiscal entre el Gobierno nacional y los gobernadores, que en los últimos años han firmado consensos y adendas de consensos en casi todos los años. “Dada la importancia de las finanzas provinciales, también se considerará renovar la Legislación de Responsabilidad Fiscal, para definir mejor las cláusulas de escape, revisar el papel del Consejo Fiscal y limitar el endeudamiento futuro denominado en moneda extranjera por parte de los gobiernos provinciales”, mencionó el organismo

“Además, continuarán los esfuerzos para fortalecer los acuerdos de intercambio de datos entre el gobierno federal y las provincias para garantizar el intercambio oportuno de los informes fiscales trimestrales de todas las provincias”, consideró.

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