La Dirección General de Aduanas (DGA) desarticuló una maniobra que describió como “diseñada exclusivamente” para fugar divisas por medio de compañías agroexportadoras sin capacidad económica ni financiera que sustenten sus operaciones.
Las 60 cáscaras societarias sin empleados y con prestanombres como dueños, que fueron detectadas y denunciadas por el organismo dependiente de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), buscaban llevar adelante millonarias operaciones comerciales a fin de evadir y fugar divisas.
“La coordinación entre distintas áreas de la AFIP ya nos permitieron desarticular maniobras de evasión, elusión e intento de exportación fraudulenta de más de 37.500 toneladas en los últimos seis meses. Desde el organismo enfrentamos esta problemática de los exportadores truchos, que tiene un impacto negativo tanto en el mercado cambiario como en los ingresos fiscales”, aseveró la titular de la Aduana, Silvia Traverso.
Y a renglón seguido añadió: “Nuestro foco también está puesto en evitar maniobras de sobre y subfacturación en el comercio exterior y, como parte de ese proceso, reestablecimos instrumentos como los precios de referencia y los valores criterio”.
“Desde el organismo enfrentamos esta problemática de los exportadores truchos, que tiene un impacto negativo tanto en el mercado cambiario como en los ingresos fiscales” (Traverso)
Las investigaciones que permitieron frenar las exportaciones irregulares a través de las firmas truchas fueron producto del trabajo conjunto con la Dirección General Impositiva de la AFIP y las fuerzas federales dependientes del Ministerio de Seguridad.
En todos los casos las 60 empresas investigadas y denunciadas son sociedades de reciente creación, carentes de empleados y de capacidad económica y financiera para poder justificar sus operaciones declaradas. Todas las firmas que fueron llevadas a la Justicia registraron durante los últimos meses un crecimiento exponencial e inexplicable en sus envíos de productos agropecuarios al exterior.
A raíz de las investigaciones, se pudo identificar que los presuntos titulares o dueños de las exportadoras eran individuos que no contaban con bienes o inmuebles a su nombre. A su vez, las pesquisas revelaron que en algunos casos los prestanombres utilizados para el fraude eran personas humildes que desconocían estar vinculados a empresas exportadoras.
De acuerdo con las denuncias realizadas por la DGA, las maniobras con firmas falsas tienen como propósito mantener ocultos a los verdaderos dueños; quienes buscan dejar en el exterior los dólares obtenidos por sus ventas sin cumplir con la obligación de liquidarlos en el mercado cambiario oficial. “Estos operadores fraudulentos de comercio exterior, al momento de ser investigados por los organismos de control, cesaban su actividad, por lo que incumplían con el ingreso de las divisas y el pago de los tributos pendientes”, indicó la Aduana.
Las acciones, que fueron llevadas a cabo por las distintas dependencias de la AFIP, permitieron desarticular en los últimos seis meses maniobras fraudulentas con el comercio de granos por 37.500 toneladas, cantidad equivalente a más de 1200 camiones con acoplado, según informó la DGA mediante un comunicado. Los procedimientos se realizaron en distintas provincias argentinas productoras de materias primas como Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, Corrientes, Chaco, Tucumán y Mendoza.
Entre los productos que fueron identificados en infracción se encuentran soja, trigo, maíz, maíz partido; pero a su vez se hallaron irregularidades en la comercialización de otras materias primas como en azúcar, avena, alpiste, ajo y semillas para cultivo de pasto forrajero (rye grass).
Las mejoras en la fiscalización desplegadas contemplan diversas herramientas incorporadas por el organismo el año pasado, como por ejemplo la digitalización de la carta de porte, único documento válido para transportar granos dentro de Argentina. Básicamente, se trata de un instrumento que al ser digitalizado permite una optimización en los controles en ruta.
Asimismo, el organismo recaudador avanza con el uso de imágenes satelitales con el objetivo de corroborar la información brindada por productores y dueños de campos en sus declaraciones juradas y de esa forma desarticular maniobras abusivas.
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