Un sector del oficialismo busca un atajo para evitar un fracaso en el Congreso de la curiosa idea del impuesto a la “renta inesperada” a través de una resolución administrativa que le permita acceder a recursos extraordinarios por 1500 millones de dólares.
De hecho, se trata de una idea que ya se aplicó con las empresas cerealeras y automotrices en el gobierno de Cristina Kirchner, con pagos a cuenta y le permitieron al Estado tener recursos por adelantado.
Una calificada fuente de la coalición de gobierno indicó a Infobae que el clima no es el “propicio” para enviar una norma que genere otro tributo en un contexto de molestia social por la alta carga que ya soportan los contribuyentes formales. Además, la iniciativa “tiene mucho más sentido en un contexto de alta inflación, donde conseguir recursos un año antes es mejor que no tenerlos o tenerlos tarde”.
Por esta razón, creen que “si no están ausentes algunos miembros de la oposición -como con bienes personales-, va a ser difícil sacarla”.
“Si no sale la ley, el costo político lo paga el Presidente y los presidentes de las Cámaras”, indicaron, en referencia a Cristina Kirchner y Sergio Massa.
Ante este inconveniente, plantearon dos alternativas para “para captar esta supuesta ‘renta extraordinaria’ sin requerir una ley”:
-Primero, “modificar el cálculo de anticipos del impuesto a las ganancias en el marco de las facultades legales con las que cuenta AFIP”.
Actualmente, los anticipos hoy para sociedades se calculan de la siguiente forma: deben determinar e ingresar 10 anticipos, considerando el Impuesto determinado por el período fiscal inmediato anterior menos las retenciones”. Así, el anticipo 1 es del 25% del monto señalado y los anticipos 2 a 10 equivalen al 8,33% del mismo monto. Por ejemplo, si el impuesto determinado menos retenciones del periodo 2021 fue de $1000, entonces debe ingresar un anticipo de $250 y nueve anticipos de $83.
“Esto no requiere una ley, simplemente la AFIP -en uso de las facultades legales delegadas del cuarto párrafo del artículo 21 de la ley 11.683- vuelve a estimar la base de cálculo de los anticipos en base a esta situación y, de esta manera, las empresas con ganancias extraordinarias adelantan el pago de la futuras utilidades”, detallaron.
-En segundo lugar, “la AFIP -en uso de facultades legales ya delegadas por el artículo 22 de la ley 11.683- puede incrementar con soporte en cuestiones de renta extraordinaria de los exportadores la alícuota de percepción del impuesto a las ganancias para las operaciones de exportación (y triangulación) de commodities de la Resolución general 3577 del 2014″.
En este sentido, indicaron que “actualmente la percepción es del 0,5% sobre el valor imponible definido para la liquidación de los tributos aduaneros cuando la operación se “triangula” (es decir no coincide el destino físico y el lugar de facturación”.
De este modo, “la propuesta consiste en establecer la alícuota del 1% para todas las operaciones de exportación de commodities de grandes exportadores, incrementar la alícuota al 1,5 para el caso de triangulación y llevarla al 2,5% para el caso de triangulación con jurisdicciones no cooperantes o paraísos fiscales”.
Con esta idea sin aumentar impuestos habría un adelanto de recaudación para este año que no requiere ley por al menos USD 1.500 millones
De esta manera, “sin aumentar impuestos, tenés un adelanto de recaudación para este año que no requiere ley por al menos USD 1.500 millones”.
Con la primera propuesta “se alcanzaría al sector financiero y de seguros y con la segunda a los exportadores de commodities”, detallaron.
En el equipo económico afirmaron que la idea no los convence y que la intención no es “adelantar” el flujo del 2023, sino obtener nuevos recursos, ya que en la actualidad “existen” recursos para pagar los bonos anunciados para jubilados, trabajadores informales, monotributistas y empleadas de casas particulares, para tratar de empatarle a la inflación, al menos en el corto plazo. Y consideran que la decisión del ministro de Economía Martín Guzmán de reunirse primero con las cámaras empresariales para discutir sobre este nuevo impuesto facilitaría su futura aprobación; en el Congreso en cambio creen que los tiempos no dan, sobre todo con la carrera por las elecciones del 2023 tan cerca de comenzar.
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