El FMI presentó una nueva línea de crédito: dista mucho de lo que pretendía el gobierno argentino

El Fondo Monetario Internacional presentó oficialmente este lunes la nueva línea de crédito para sus países miembro, que ofrecerá plazos de devolución más laxos que los programas ya existentes del organismo y que apuntará, centralmente, a financiar medidas y políticas que ayuden a combatir el cambio climático. El fondeo para este nuevo tipo de préstamos será bajo: para la Argentina, por ejemplo, implicaría poco más de USD 1.300 millones, que no le alcanzarían ni siquiera para cubrir la mitad del próximo vencimiento de junio.

El Fondo de Resiliencia y Sustentabilidad (RST, por sus siglas en inglés), fue aprobado el miércoles pasado por el directorio del organismo. Contará con unos USD 45.000 millones aproximadamente de financiamiento, que provendrá de Derechos Especiales de Giro (DEG) de países ricos. Será el vehículo de reconducción de esos DEG que algunos países como la Argentina reclamaron al FMI y al G20 para hacer una segunda distribución de esa ayuda excepcional repartida por el FMI. Fueron USD 650.000 millones a todos sus países miembro, y por cuestiones de participación accionaria en el organismo, quedaron en su mayoría en economías desarrolladas.

“El RST complementará el conjunto de herramientas crediticias existente del FMI al centrarse en los desafíos estructurales a más largo plazo, incluido el cambio climático y la preparación para pandemias, que implican riesgos macroeconómicos significativos y donde las soluciones de política tienen una fuerte naturaleza de bien público mundial”, mencionó el Fondo Monetario.

La nueva línea de préstamos podrá ser utilizada por cerca de las tres cuartas partes de los miembros del FMI, lo que incluye una larga lista en que estarán listados todos los países de bajos ingresos, todos los pequeños estados en desarrollo y vulnerables, y los países de ingresos medianos bajos. La Argentina cumple con los requisitos para ser elegible para este nuevo tipo de crédito.

“El tamaño general del fondo inicialmente tiene como objetivo DEG 33 000 millones (USD 45.000 millones)” y que tendrá un “vencimiento máximo de 20 años para los reembolsos de préstamos, que comienzan 10 años y medio después de los desembolsos”, especificó el Fondo Monetario en un paper publicado este lunes con la “letra chica” de la nueva línea de préstamos.

El programa nuevo tendrá, como es habitual, una serie de condicionalidades y monitoreo permanentes por parte del Fondo. “Las reformas se diseñarían con el objetivo de ser objetivamente controlables. Las medidas de reforma también deberán estar claramente vinculadas para abordar los desafíos estructurales calificados a largo plazo y hacer una contribución significativa para fortalecer la posible estabilidad de la base de la pirámide del miembro”, establece el FMI.

Si bien las condiciones de repago son más flexibles que los programas estándar que tiene actualmente el Fondo Monetario -por ejemplo, el Stand By o el Extended Fund como los que firmó la Argentina en 2018 y este año, respectivamente-, no hay un vínculo directo entre la renegociación que encabezó Martín Guzmán y que finalizó el mes pasado con esta nueva facilidad aprobada por el directorio del organismo.

La idea que atravesó la negociación fue que el acuerdo al que pueda arribar el Gobierno argentino incluya de por sí condiciones extraordinarias, con el argumento de que el SBA de 2018 ya había tenido particularidades por fuera de los estatutos del Fondo. Fue, incluso, una exigencia del kirchnerismo en la compulsa con el ministro de Economía. La chance de acceder a un programa más laxo quedó, finalmente, fuera del acuerdo de la letra sellada en la refinanciación.

Solo permanece, como un pedido, en la carta formal que Guzmán y Miguel Pesce le enviaron a Kristalina Georgieva al finalizar las negociaciones técnicas, para que el país tenga la posibilidad de “migrar” a un programa más beneficioso en la medida que sea implementado por el Fondo Monetario.

La opción oficializada este lunes por el FMI está lejos de lo que necesitaría Argentina. Para ponerlo en números: todo el fondeo total que prevé el organismo para los 143 países elegibles es de USD 45.000 millones, que es el total de la deuda que mantiene argentina con Washington. A la Casa Rosada solo podría tocarle, de esa “vaquita” entre los DEG de los países ricos, poco más de USD 1.300 millones, que no alcanzarían siquiera a cubrir la mitad del vencimiento de fines de junio, que roza los USD 2.800 millones.

Los países que tendrán acceso al nuevo programa de financiamiento serán: todos los países de ingresos bajos, todos los países con población total menor a 1,5 millones de personas y que no tengan un PBI per cápita superior a los 30.150 dólares, y países de ingreso medio que además tengan un PBI per cápita menor a 12.000 dólares, medido por el Banco Mundial con datos a 2020. En este último caso es que Argentina ingresa como país elegible, al contar en ese momento con un PBI per cápita de 8.930 dólares.

Críticas de funcionarios del G20 y la Cepal

Algunos funcionarios de instituciones internacionales ya cuestionaron el resultado de la deliberación de meses que tuvo el FMI para elaborar este programa. En una nota publicada por Sara Jane Ahmed, asesora financiera sobre vulnerabilidad de los Ministros de Finanzas del G20, Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de Cepal y Daniel Titelman, director de la División de Desarrollo Económico de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe, consideraron que la nueva línea “es tan defectuosa que excluiría a muchos de los más necesitados”.

“Fenómenos meteorológicos extremos (por ejemplo inundaciones y huracanes) pueden provocar inestabilidad financiera en países vulnerables, al eliminar stocks de capital y fuentes de divisas extranjeras”, explicaron los funcionarios. En ese sentido, remarcaron que contiene errores que “la vuelven ineficaz para la mayoría de los países vulnerables al clima”, aseguraron en un artículo publicado en diciembre en el portal Project Syndicate.

“El primer defecto tiene que ver con los criterios de selección. Los programas del FMI están supeditados al nivel de ingresos, pero el cambio climático no hace esas distinciones. El G20 pidió explícitamente un FRS (Fondo de Resiliencia y Sustentabilidad) que tuviera en cuenta a los países de ingresos bajos y de ingresos medios vulnerables al clima, pero el FMI adoptó una interpretación estrecha que excluye a los países de ingresos medios por encima de cierto umbral”, consideraron. “Los indicadores de ingresos tradicionales no son un buen criterio de selección. El FMI debe adaptarse a las circunstancias reales y tener en cuenta la vulnerabilidad climática”.

“Más problemático todavía es el límite de acceso, que sería un 100% de la cuota, o menos que el equivalente en DEG de 1.000 millones. Con estas reglas, el programa sólo ayudará a resolver las necesidades financieras de los países más pequeños”, cuestionaron.

En tanto, criticaron que “según investigaciones del mismo FMI, sus mecanismos de crédito actuales tienen mala fama por los altos niveles de condicionalidad y el pobre desempeño que muestran en materia de recuperación económica y otros indicadores sociales. Se suponía que el FRS iba a ser un nuevo instrumento para reconocer y canalizar recursos a los países más vulnerables al cambio climático. Pero la propuesta del FMI es lo mismo de siempre en otra forma”.

También apuntaron contra el bajo nivel de fondeo que tendrá el FRS. “El último problema es de escala. Dejando a un lado el hecho de que el FRS no puede ser sustituto del financiamiento necesario para enfrentar los efectos cada vez más intensos del cambio climático, una evaluación de la comisión permanente sobre financiamiento de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático calcula que la cifra necesaria es 6 billones de dólares (y hay otras estimaciones considerablemente mayores)”.

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