A menos de un mes de aprobado el acuerdo con el Fondo Monetario, que prevé una caída real de los subsidios a la energía, las cuentas oficiales indican que no sólo la meta es incumplible sino que ocurrirá todo lo contrario. Ya en el primer bimestre, previo a la firma del programa consensuado con el FMI, la factura de los subsidios se había duplicado en términos reales respecto del mismo período del año anterior. Pero en marzo y lo que va de abril, el gasto en este rubro se aceleró.
Como es habitual, el principal destino de los subsidios energéticos fue la generación eléctrica: los recursos girados a Cammesa totalizaron desde enero hasta los primeros 10 días de abril unos $335.000 millones, monto que equivale a 48% de lo presupuestado para este año y representa una suba del 300% respecto del año pasado. Es decir que, aún lejos de terminar el primer semestre, el Gobierno ya insumió prácticamente la mitad de la cifra prevista para subsidiar la electricidad.
Esa dinámica, con precios internacionales de la energía que se dispararon, sólo puede potenciarse. De hecho, en la última licitación para la importación de combustibles líquidos para Cammesa, la secretaría de Energía debió convalidar precios que quintuplicaron los valores del año pasado (entre USD 35 y USD 45 el millón de BTU), con lo cual incluso con los aumentos de tarifas ya implementados y los que el FMI exige aplicar en junio, no existen posibilidades de reducir el nivel de subsidios. La cuestión, previsiblemente, se tratará en la próxima revisión de metas con los enviados del organismo, a mediados del mes próximo.
Hasta el 10 de abril, los recursos girados a Cammesa para subsidiar la electricidad totalizaron unos $335.000 millones, monto que equivale a 48% de lo presupuestado para este año
Un punto todavía más espinoso puede llegar a ser abordado en esa ocasión: mientras los distintos gobiernos de todo el mundo enfrentan serias presiones de los consumidores de sus países por el fuerte aumento en el precio de la energía y se ven obligados a tomar medidas para amortiguar ese impacto, como rebajas impositivas, en la Argentina, la tarifa de gas que pagan el conjunto de usuarios residenciales cayó 10%, a pesar del aumento de las boletas anunciado.
Esa situación, a contramano de las intenciones del ministro de Economía, Martín Guzmán, y de lo acordado con el organismo, no debería sorprender. El propio interventor del Enargas, Federico Bernal, había advertido a fines de febrero que el 35% de los usuarios residenciales pagarán este año menos que el año pasado debido a la ley de Ampliación de las Zonas Frías. Así, más de 3 millones de usuarios reciben un descuento promedio de 28%, lo que hace que la boleta sea inferior incluso en términos nominales.
El Gobierno se comprometió a aplicar una suba de tarifas para el grueso de los usuarios equivalente al 80% de lo que indique el índice de variación salarial (CVS), lo que implicaría un incremento en torno a 45% este año
La contracara de ese beneficio, claro está, es el aumento de subsidios ya que la suba en las tarifas domiciliarias aplicado al resto de los usuarios no compensa el gasto que implica esa ley. Por el contrario, la tarifa media de gas para todos los usuarios residenciales retrocedió 10% en términos nominales desde junio del año pasado, cuando la tarifa media del conjunto de los hogares, incluyendo valores plenos y diferenciales, era de $1485 pesos. En marzo de este año, incluso tras el aumento de 20% que se aplicó ese mismo mes, la tarifa se ubicó en $1338. El cálculo, que corresponde a un informe de la consultora Economía & Energía, fundada por el ex vicepresidente de YPF, Nicolás Arceo y difundido por el portal Econojournal, abre la puerta a las objeciones de los auditores del FMI y, probablemente, a la exigencia de una revisión total del esquema de aumentos.
En principio, de acuerdo a lo previsto en el acuerdo tal como rige desde fin del mes pasado, el Gobierno se comprometió a aplicar una suba de tarifas para el grueso de los usuarios equivalente al 80% de lo que indique el índice de variación salarial (CVS), lo que implicaría un incremento en torno a 45% este año. Con ese nivel de ajuste, se presume en el texto que sin dudas deberá ser modificado tal como advirtió el mismo comunicado con el que se anunció que el board del FMI había dado luz verde al entendimiento, el nivel de subsidios debería caer 0,6% del PBI. Claro que, aunque ya se había desatado la guerra por la invasión rusa a Ucrania, los cálculos por el salto del precio precio del petróleo y el gas no fue contemplado en esas proyecciones que ahora todos se dispondrán a rehacer.
SEGUIR LEYENDO: