El Gobierno dará en mayo el primer paso formal y necesario para implementar los aumentos de tarifas y el recorte de subsidios que acordó el ministro de Economía Martín Guzmán en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. La Secretaría de Energía convocó a audiencias públicas entre el 10 y 12 de mayo, que incluirán la discusión sobre nuevos incrementos para las boletas de gas y de energía eléctrica.
“Los días 10, 11 y 12 de mayo se realizarán las audiencias públicas correspondientes para la actualización de las tarifas de los servicios de Gas y Electricidad por redes, y la correspondiente a la segmentación de subsidios. El nuevo esquema se regirá por el principio de gradualidad”, mencionó el organismo que conduce Darío Martínez, un funcionario que tuvo en las últimas semanas cruces en público con el ministro Guzmán.
La Secretaría de Energía convocó a audiencias públicas entre el 10 y 12 de mayo, que incluirán la discusión sobre nuevos incrementos para las boletas de gas y de energía eléctrica
“La totalidad de los beneficiarios de tarifa social de gas no serán alcanzados por un nuevo incremento durante este año, mientras que para aquellos usuarios de electricidad del AMBA que tienen este beneficio, la nueva corrección no superará el 6% en promedio. Por su parte, el 10% de usuarios residenciales de los servicios de gas y de electricidad, con mayor capacidad de pago de la sociedad, dejará de recibir el beneficio de subsidio a la energía”, continuó Energía.
“De tal forma, para la mayoría de los usuarios residenciales de Edenor y Edesur excluidos quienes son beneficiarios de tarifa social, las facturas de luz tendrían una corrección en promedio del 17 por ciento. Por su lado esa corrección promedio para la mayoría de los usuarios de gas del país se ubicará en 21,5% con leves variaciones según las regiones”, aseguró la autoridad energética.
Guzmán buscó en el acuerdo con el FMI encontrar un sendero de reducción de subsidios que equivalga este año al 0,6% del PBI, lo que implicaría la necesidad de aumentar tarifas por encima del primer incremento anunciado a principios de año y que se materializarán en las boletas en las próximas semanas.
Ese horizonte de recorte de la cuenta de subsidios, un objetivo que el FMI marcó como decisivo del programa económico acordado, podría verse en peligro por el cambio en las condiciones internacionales. El salto de precios globales de la energía implicaría una resistencia a la intención oficial de poner en marcha una poda considerable de esa cuenta presupuestaria, una de las más elevadas para el gasto público.
“De esta manera, se inicia el proceso de actualización tarifaria definido por el Gobierno Nacional en el programa económico que apunta a lograr niveles de tarifas razonables y susceptibles de ser aplicadas con criterios de justicia y equidad distributiva para los servicios públicos de gas y electricidad”, dijo la Secretaría de Energía de la Nación.
Para la mayoría de los usuarios de energía eléctrica en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) el incremento de tarifas rondará el 17 por ciento. Para el caso del gas, quienes no tienen tarifa social ni forman parte del 10% de mayores ingresos, la suba rondará el 21,5 por ciento
“Un proceso que se regirá según criterios y directrices de gradualidad y proporcionalidad establecidos en la Constitución Nacional y señalados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Así, la actualización tarifaria se impulsará, previa audiencia pública, con un esquema dirigido a proteger aquellos sectores más vulnerables y con menor capacidad de pago, e incentivando a su vez la adopción de medidas que promuevan al uso racional de los servicios y la reducción del impacto ambiental”, continuó.
Cómo es el nuevo esquema de segmentación
La Secretaría de Energía repasó los lineamientos generales del sistema de segmentación que explicitó el Gobierno nacional en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que incluirá una diferenciación para usuarios de tarifa social, para el 10% de la población de mayores ingresos y un tercer grupo con incrementos de tarifas por debajo de la variación del salario.
“Para los usuarios residenciales se considerará como criterio objetivo, una corrección tarifaria relacionada a la evolución de sus ingresos, representado por el coeficiente de variación salarial (CVS), como lo establecía la Ley N° 27.443, frustrada por el veto total impuesto por la administración anterior”, mencionó la Secretaría de Energía.
“Para el 90% de los usuarios residenciales, este mecanismo garantiza que las actualizaciones tarifarias siempre serán inferiores a sus aumentos salariales, implicando correcciones en sus facturas menores que el incremento de sus ingresos en términos reales, con el objetivo de proteger los ingresos reales y mejorar el aspecto distributivo de la política de subsidios”, consideró la autoridad de aplicación de los aumentos de tarifas.
De esa forma, habrá tres niveles distintos de incrementos en los precios de la energía:
•Usuarios de gas beneficiarios de la tarifa social: no habrá otro incremento en su factura este año. Para el próximo año calendario, esa corrección será equivalente al 40% del salario del año anterior. Para los beneficiarios de tarifa social de Edenor y Edesur, la nueva corrección tarifaria para 2022 no superará el 6 por ciento.
•Franja del 10% de usuarios de mayores ingresos: dejarán de ser beneficiarios de subsidio al consumo energético.
•Para el resto de los usuarios: el incremento total en la factura para cada año calendario será equivalente al 80% del Coeficiente de Variación Salarial del año anterior. En función de este esquema, para el año 2022 y considerando la actualización tarifaria realizada en el pasado mes de marzo, el incremento propuesto para el mes de junio será en promedio del 17% para las tarifas de electricidad de los usuarios del AMBA, y del 21,5% promedio sobre el valor actual de la factura para los usuarios de gas de todo el país. Las variaciones exactas variarán según cada categoría de tarifa residencial y también la región para los usuarios de gas.
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