Aumento de tarifas de energía: las asociaciones de consumidores piden que Guzmán encabece en persona las audiencias

En una nota dirigida al ministro de Economía, Martín Guzmán, asociaciones usuarios y consumidores le solicitaron que las próximas audiencias por las tarifas de luz y gas sean presenciales y que él propio ministro esté al frente de las mismas.

“Atento que el motivo del llamado a audiencia pública proviene de las obligaciones asumidas por el Estado Argentino en el Memorando de Políticas Económicas y Financieras acordado con el Fondo Monetario Internacional, resulta necesario que quien presida y brinde el informe a la ciudadanía sea el Ministro de Economía, toda vez que resulta ser la máxima autoridad responsable del área y en cabeza de quien se llevó adelante las negociaciones con el organismo financiero internacional”, dice el texto, que lleva las firmas de Osvaldo Bassano, de la Asociación de Defensa de los Derechos de Usuarios y Consumidores (Adduc), Paula Soldi, del Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (Cepis), y Claudio Boada, de la Unión de Usuarios y Consumidores (U y C) y recibió la adhesión de otras seis entidades.

El pedido tiene cierto parecido con recientes declaraciones del secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, quien dijo expresamente que la inflación depende de la política macroeconómica y que el principal responsable es Guzmán.

“Esto es un problema político-financiero (por el compromiso asumido en el programa con el Fondo), por eso queremos que venga Guzmán. Son audiencias de los precios de generación de gas y petróleo, para quitar subsidios que significarán una baja de los ingresos de consumidores y trabajadores, por orden del ministerio de Economía. Por eso no debe haber otra persona al frente de las audiencias que no sea Guzmán. Tiene que explicar lo que hace. No hay resto para un aumento; sería un perjuicio para todos los argentinos, sin excepciones”, dijo Bassano, de Adduc, a Infobae. “Y pedimos que sea presencial, para poder manifestarle la situación a los funcionarios. Y que sea virtual a la vez”, agregó.

La nota fue enviada luego de que se conociera que Guzmán instruyó al secretario de Energía, Darío Martínez, a convocar a una nueva audiencia para discutir el aumento de tarifas en el marco del acuerdo suscripto con el Fondo, aunque la convocatoria todavía no fue oficializada.

En marzo pasado hubo audiencias y se oficializó un aumento de tarifas que, según explicó Martínez en su momento, promediaría el 20% en todo el país para los consumidores residenciales. Además, el funcionario dijo entonces que el objetivo era que las tarifas debían ser inferiores a la evolución de los salarios, de modo que los usuarios tuvieran destinar una porción mayor de sus ingresos a “reactivar la economía y movilizar el mercado interno”.

En el acuerdo con el FMI, Guzmán se fijó como meta reducir el déficit fiscal a través, fundamentalmente, de la reducción de subsidios energéticos en 0,6% del PBI y para lograrlo se comprometió expresamente a realizar a fines de abril audiencias públicas, en las cuales debería clarificarse y estipularse definitivamente la “segmentación” de tarifas y subsidios, con aumentos tarifarios superiores al 40% en promedio para los usuarios sin tarifa social y aumentos mayores para sectores de mayor poder adquisitivo.

El objetivo de reducción de subsidios se volvió más difícil de cumplir debido al aumento de los precios de la energía, en particular del precio que paga la Argentina por el gas importado (a través de gasoductos) de Bolivia y mediante barcos metaneros, de Gas Natural Licuado (GNL), desde varios países del mundo.

La realización de las audiencias y la reducción de subsidios que surja de ellas es clave para cumplir la primera revisión del acuerdo con el FMI, a realizarse en mayo.

Bassano, de Adduc, dijo que el actual sistema de fijación de tarifas se basa en leyes previas a la ley de Defensa del Consumidor (de 1993) y de la Constitución Nacional reformada en 1994 y que tiene “un error muy profundo, que es garantizar y socializar las pérdidas de las empresas. Esto no beneficia al consumidor, le quita el fundamento de derecho humano y la necesidad de que el Estado esté detrás de estas prestaciones”, señaló, reiterando la necesidad de que Guzmán encabece la audiencia porque fue él quien firmó el compromiso de reducir los subsidios. “EEUU subsidia el doble. Francia subsidia hasta la Renault. Esto de la deuda del Fondo nos convierte en pato de la boda a los consumidores. Y estos aumentos son peligrosísimos en una situación social como las que nos encontramos”, subrayó Bassano.

El costo de importar energía

La otra hoja de la tijera de la que debe cuidarse Guzmán es el costo de las importaciones energéticas y su repercusión sobre el costo de generación y la tarifa final a los consumidores. “Para todo el sistema gasífero argentino en su conjunto, la situación se dará por un ajuste del precio hasta un límite, es decir se deberá hacer frente a un costo extremadamente alto del GNL y hacer una correcta gestión de la demanda si el clima juega en contra”, señaló Luciano Codeseira, director en la Argentina de la consultora Gas Energy Latin America, a Infobae.

Según datos de la Secretaría de Energía, publicados a comienzos de año en el marco de audiencias públicas, para todo 2022 la demanda total de gas natural alcanzará 48.735 millones de m3 (14.420 millones de m3 para consumo residencial y comercios). Del total, 24.191 millones son para los meses más cálidos y 24.544 millones para los más fríos, de mayo a septiembre. En la temporada invernal, el gas que se produce en la Argentina aporta el 73% del total demandado. El resto se debe importar de Bolivia (9% de la demanda) o a través de barcos de GNL (el 18% restante).

En 2021, según datos de la empresa Integración Energética Argentina (leasa), se importaron 56 buques por un valor de USD 1.096 millones a un precio promedio de USD 8,33 el millón de BTU. Tras la invasión rusa a Ucrania, los precios del GNL se dispararon hasta USD 60 el millón de BTU y luego cedieron levemente. Hace diez días, Iessa adquirió 8 cargas de GNL por USD 750 millones, a un precio promedio de USD 40 por millón de BTU. Y el viernes se acordó la provisión de gas de Bolivia, por un valor promedio que, dependiendo de los volúmenes de provisión, este año estará al menos 50% por encima del precio pagado el año pasado.

Segmentación y tarifas

“Nosotros estamos de acuerdo con la segmentación, pero sin pagar de más. La factura que llega a nuestro domicilio, tiene 45% de costo de generación, que depende del gas en boca de pozo que maneja el Estado a través de la secretaría de Energía y el ministerio de Economía. La segmentación debería hacerse con más seriedad. Esto debería discutirse en el Consejo Económico y Social, en el que deberíamos estar también los consumidores. Dicen que somos kirchneristas, pero somos asociaciones de consumidores, los que hacemos los reclamos colectivos, pero no nos escuchan”, dijo Bassano.

Además de las firmas de Soldi (Cepis), Boada (U y C) y Bassano (Adduc), la nota enviada a Economía pidiendo que las audiencias sean presenciales y las encabece Guzmán en persona recibió la adhesión de Deuco (Derechos de Usuarios y Consumidores) Accuc (Asociación Coordinadora de Consumidores, Usuarios y Contribuyentes), la Liga de Defensa Comercial (Lideco), el Comité de Defensa del Consumidor (Codelco) y de la Federación de Mutuales para la Defensa Organizada del Consumo (Mudeco)

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