Un mercado completamente distorsionado por la intervención estatal, sometido a un shock externo de precios en el medio de la peor crisis política del Gobierno que paraliza la gestión en muchas áreas no puede dar otro resultado que un desabastecimiento, al menos en el caso del negocio petrolero aunque puede ser aplicable a otros rubros. Eso es lo que se espera para el suministro de gas en los próximos meses y es lo que ya ocurre con el gasoil.
La situación se volvió crítica en las últimas semanas cuando ante el inicio de la cosecha gruesa quedó en evidencia la escasez del combustible para enfrentar el aumento de la demanda, en un contexto de disparada de los precios internacionales, que en el caso del gasoil trepó 65% en dólares respecto del año pasado y cotiza en torno a los USD 820 el metro cúbico.
Para paliar el impacto de semejante suba y morigerar las pérdidas de las petroleras ante el desacople de los precios locales con el objetivo de asegurar un mayor suministro, las compañías del sector impulsaron la idea de desgravar la importación del combustible, aunque sea de manera transitoria en el trimestre clave para el campo. Pero las desinteligencias entre el ministro de Economía, Martín Guzmán, y los funcionarios de la secretaría de Energía bajo su órbita por un lado, y las dificultades en el Congreso para tratar cualquier proyecto por el otro, traban esa posibilidad.
Los faltantes de gasoil crearon un escenario crítico en las últimas semanas cuando ante el inicio de la cosecha gruesa quedó en evidencia la escasez del combustible para enfrentar el aumento de la demanda
En rigor, la propuesta del sector petrolero apunta a subsanar otra de las consecuencias que trajo la pelea política interna del Gobierno, que es la falta de la sanción del proyecto de Presupuesto 2022. En ese texto estaba prevista la desgravación de al menos 4 millones de metros cúbicos de gasoil, una cantidad cuatro veces mayor que la eximida del pago de los impuestos a los combustibles y al dióxido de carbono prevista en el Presupuesto del año anterior. Como el proyecto para 2022 nunca se aprobó, quedó vigente la ley de 2021 en la que está contemplada, entonces, la exención para apenas unos 800.000 metros cúbicos, destinados exclusivamente a Cammesa para la generación térmica. En otras palabras, paradójicamente el Gobierno previó complicaciones en el abastecimiento energético, por lo menos en el caso del gasoil, pero las diferencias en en el Frente de Todos, que llevaron a Máximo Kirchner a echar por tierra el acuerdo para aprobar el Presupuesto de este año, le impiden ahora avanzar en cualquier gestión crítica para alivianar una crisis que pudo anticipar.
El Presupuesto suele prever un cupo de desgravación para la importación de gasoil, algo que la falta de sanción de esa ley impidió aplicar este año en toda su extensión
El ex subsecretario de Presupuesto, Nicolás Gadano, explicó que desde hace años, el Poder Ejecutivo recurre a una eximición legislativa a través de la sanción del Presupuesto para facilitar la importación de gasoil a pérdida y disimular sus costos. Se trata de un cupo de importación que cuenta con una exención al impuesto a los combustibles (ITC) y al dióxido de carbono que beneficia a los importadores, reduciendo sus pérdidas ante la regulación del precio en el mercado local. Pero la desgravación prevista para 2021, cuyo cupo ya se habría agotado, estaba prevista exclusivamente para la generación térmica, es decir, para Cammesa. Pero la intención era modificar eso.
“La ley que está vigente, que es la del año pasado, impide a YPF o a las petroleras importar gasoil para venderle al campo o a las estaciones de servicio porque era estrictamente para generación térmica. En el Presupuesto de este año, que no se aprobó, no sólo se aumentaba el volumen sino que se abarcaba la generación pero no de manera excluyente”, dijo Gadano. Agregó que, en definitiva, la exención es un subsidio a las petroleras que, a diferencia del resto de los subsidios a la energía, impacta en los recursos en vez de reflejarse en el nivel de gasto. Uno de los puntos clave es que el ITC es un impuesto de asignación específica, cuyos recursos se destinan a la Anses y a la provincias además del Tesoro. De aplicarse la exención prevista en el proyecto de Presupuesto rechazado, el costo fiscal ascendería a unos USD 540 millones, cifra que tal vez podría ser menor en caso de que el Congreso avanzara en una desgravación transitoria. “Con cuestiones tributarias no se puede hacer un decreto de necesidad y urgencia, hay que pasar por el Congreso. Y este momento no parece tan propicio para aprobar leyes”, opinó el economista.
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