Tras el acuerdo con el FMI, el Gobierno fijará “metas sociales”: sacar de la pobreza a 1 millón de personas por año y crear 220.000 empleos

Superado el capítulo de la renegociación de la deuda con el Fondo Monetario, el Gobierno apunta ahora a relanzar la gestión económica con planes a mediano y largo plazo, más alejados de la coyuntura siempre exigente. Para eso, se planteará un ambicioso esquema de metas “sociales”, que busca complementar a los objetivos macro que acordó con el FMI para el déficit, la emisión monetaria y las reservas. Para eso, buscará un horizonte que considera viable de reducción de pobreza, generación de puestos de trabajo en el sector privado y creación de empresas.

Funcionará, según comentan en despachos oficiales, como una suerte de anexo al programa económico a dos años y medio consensuado con el organismo financiero internacional. Según plantean en el equipo económico, ese acuerdo sentará algunas bases para variables macroeconómicas que el sector privado -y también el público- considera decisivas para los próximos años.

A ese marco de políticas, de todas formas, le faltaba algún correlato en la economía real y de perspectiva para los indicadores sociales. Si bien en 2021 la desocupación y la pobreza registraron un retroceso, el propio Gobierno admite que falta mucho terreno por recorrer para consolidar ese proceso.

Para eso, en los últimos días el Poder Ejecutivo apuntaló lo que llamó el Plan Argentina Productiva 2030, un programa de mediano y largo plazo sobre políticas productivas, con misiones “industrializantes”, con perspectiva de desarrollo en todas las provincias y en sectores que, consideran, tendrán potencial en los próximos años. El plan es promovido por el ministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas.

Plan 2030: de qué se trata

El Gobierno busca un marco de políticas industriales que compense a los objetivos ya acordados con el FMI. En este caso, tienen que ver directamente con la economía real y la generación de puestos de trabajo. Según anticipó Desarrollo Productivo, el corazón de ese programa a largo plazo serán diez “misiones productivas” que procurarán “abordar y resolver los problemas económicos, tecnológicos, sociales y ambientales”. Esas diez misiones tienen ya perfiles definidos. En resumen:

1) Desarrollar la economía verde. Esto es: “Lograr una transición hacia una economía de menor impacto ambiental, que incida favorablemente sobre la economía y el empleo, es decir, que sea justa y sostenible en términos sociales, ambientales y económicos”, definió el Gobierno. Los sectores a impulsar son metalmecánica, hidrógeno y reciclaje de desperdicios.

2) Bienes y servicios ligados a la salud, “a partir de la sustitución de importaciones y la promoción de exportaciones como del desarrollo de sectores nuevos”. Incluirá un plan para rubros como la Industria farmacéutica, ensayos clínicos, equipamiento médico, cannabis medicinal y telemedicina.

3) La “movilidad del futuro”. Esto implica un empuje a la industria automotriz, incluyendo autopartes, bicicletas y buses eléctricos y el desarrollo de proveedores industriales, como equipos de GNC, baterías de litio, entre otros.

4) Equipar a las fuerzas armadas y de seguridad con mayor tecnología. Los sectores involucrados serán la industria naval, con la fabricación de buques para el patrullaje marítimo); aeroespacial (drones y aeronáutica); ciberseguridad y la de indumentaria y calzado, para esas actividades.

5) Adaptación de la producción de alimentos “a los desafíos del siglo XXI”, entre los que Desarrollo Productivo identificó: “los nuevos patrones de consumo y desafíos ambientales del siglo XXI a través del impulso de la biotecnología, el agro 4.0, los bioinsumos, la infraestructura de riego y la alimentación saludable”.

6) Digitalizar empresas y hogares “para aumentar las capacidades tecnológicas del país”. Tendrá un doble abordaje esta sexta misión: desde la demanda de digitalización, a través de gran parte de la industria y los servicios. Y desde la oferta, con más economía del conocimiento (software, satelital, servicios audiovisuales, servicios profesionales, industrias de base tecnológica, entre otros).

7) Minería. Para alejar fantasmas de “extractivismo”, el Poder Ejecutivo buscará una “mejora persistente de las prácticas productivas y ambientales, la transparencia y la participación de comunidades locales”. Enfocará el plan industrial minero hacia la metalífera y no metalífera y el litio. La minería es, argumentan en despachos oficiales, el principal sector que aún en este contexto, dinamiza inversiones.

8) La industria más tradicional. El Gobierno apuntará a “modernizar y crear empleos de calidad en los sectores industriales tradicionales”. Se listan rubros como el textil, indumentaria, cuero, calzado y marroquinería, materiales para la construcción, madera y muebles, caucho y plástico y juguetes, donde detectó “importantes núcleos de informalidad laboral” que explica los altos niveles de pobreza en todas las capas etáreas.

9) “Encadenamientos productivos”, en el sector primario para “incentivar la agregación de valor y el desarrollo de proveedores industriales y tecnológicos”. Incluirá a actividades como el agro, silvicultura, pesca, hidrocarburos y minería, metalmecánica, siderurgia, petroquímica, celulosa y papel y la industia naval ligada a la pesca.

10) Duplicar las exportaciones “para hacer sostenibles las mejoras sociales y económicas”. El cálculo oficial habla de pasar de exportar bienes y servicios por USD 87.000 millones en 2021 a USD 174.000 millones en 2030.

Metas sociales y ¿diálogo con la oposición?

El Plan Productivo a 2030 tendrá,-aseguran en los despachos oficiales ligados a su puesta en marcha-, instancias de discusión participativa, jornadas en todo el país para su debate, posiblemente proyectos de ley específicos para elevar al Congreso y además, metas cuantitativas. No solo sobre los desarrollos industriales de cada caso, sino también un sistema de “metas sociales”.

Es uno de los aspectos que no está contemplado en el acuerdo con el FMI. La pobreza ocupa un lugar muy lateral en el programa de políticas económicas acordado con el organismo. La hoja de ruta, a diferencia de otras metas cuantificables como el déficit, la acumulación de reservas o la emisión monetaria, no tiene en su letra chica ningún objetivo cuantificable respecto a los indicadores sociales.

La única ocasión en que la pobreza tiene algún abordaje en el acuerdo es en el segmento del gasto estatal, en el que especifica cuáles serán las prioridades para el sector público. En ese sentido, asegura que el Gobierno continuará “afianzando nuestros mecanismos de asistencia social para atender de manera óptima a las personas más necesitadas, y nos concentraremos en combatir la pobreza infantil y reorientar las ayudas para fomentar la inclusión en el mercado laboral, sobre todo para las mujeres y los trabajadores con calificaciones bajas o insuficientes”.

Premisa básica

Al tratarse de un plan que llevaría, de alcanzar su duración prevista, dos mandatos presidenciales y medio, la pregunta se impone: ¿Tiene el Gobierno en este contexto un respaldo suficiente para avanzar con un programa a largo plazo? ¿No necesitaría un acuerdo con la oposición? Desde un despacho con incidencia directa sobre la política económica responden: “Le tenemos más fe a los actores del sector privado que a ciertas fuerzas opositoras”, disparan.

La lógica del Poder Ejecutivo es que los debates de alcance mayor podrían verse teñidos de la discusión más coyuntural en caso de llevar este tipo de planes productivos a la arena política. “Si vamos a proponer un plan industrial a diez años nos van a correr con que es más urgente la inflación”, consideraba en los últimos días un funcionario.

“El plan involucra a actores productivos -cámaras empresarias y empresas-, sindicatos y asociaciones de trabajadores, de la investigación aplicada, de la sociedad civil, de las provincias y de los municipios”, destacaron desde Desarrollo Productivo. Ante una consulta de Infobae, descartan entonces sumar a la oposición a esos intercambios, que comenzarán en las próximas semanas.

Las metas sociales a las que apunta el Gobierno con la puesta en marcha de este programa incluyen la pobreza, la desigualdad, el desempleo, una formalización de los puestos de trabajo y una mayor equidad de género en el mercado laboral.

Respecto a la pobreza, el Poder Ejecutivo celebró con prudencia el último dato, que marcó un retroceso de 3,3 puntos porcentuales desde el 40,6% a 37,3% que marcó el segundo semestre del año. Implica, según estimaciones oficiales, 1 millón menos de personas bajo la línea de pobreza. Esa es precisamente la meta puntual que se plantearon. El plan a 2030 implicaría, aseguran, sacar a 9 millones de personas de la pobreza, a razón de 1 millón por año.

Aparece en la iniciativa una correlación entre esa métrica y la de generación de puestos de trabajo. La perspectiva incluye la creación de 220.000 empleos registrados en el sector privado por año. Además, el 70% de esos nuevos trabajos deberán formalizarse fuera del Área Metropolitana de Buenos Aires, y al menos la mitad deberá ser dirigido a mujeres. Ligado a las metas anteriores, el Poder Ejecutivo se puso como objetivo habilitar la creación de 100.000 empresas formales hasta 2030, a razón de 12 mil por año.

Como objetivo cuantificable de reducción de la desigualdad, el Gobierno prevé recortarla “a los menores niveles en 50 años”. El criterio será la evaluación del coeficiente de Gini, que publica el Indec con periodicidad trimestral, desde de 0.43 actual hasta a 0.38 -cuanto más cerca de cero es el indicador, la sociedad es más igualitaria por ingreso-.

Se trata de un plan ambicioso y hay, reconocen, antecedentes poco auspiciosos. Cerca del ministro Kulfas admiten que no es el primer programa de este tipo que un gobierno busca poner en marcha -incluso algunos durante gestiones kirchneristas pasadas, como el Plan Estratégico Productivo de Felisa Miceli o el Plan Estratégico Industrial 2020 de Débora Giorgi- pero que esos intentos pasados fueron menos concretos y no tuvieron una estructura definida.

En un marco de un oficialismo quebrado con discusiones internas públicas y sobre la esencia de la política económica, un plan de estas características también podría verse objetado desde dentro del Frente de Todos. Aunque para uno de los funcionarios involucrados en la planificación de este programa a 2030, se trata de un riesgo menor: “Hubo algún debate sobre si hay que privilegiar la exportación o el mercado interno, pero es una dicotomía falsa, a grandes rasgos no va a haber diferencias internas”.

Alguna distancia ya tomó, por ejemplo, el titular de CTEP y dirigente social Juan Grabois. “Está buenísimo que haya un plan, pero blanquea que se van a crear 2 millones de puestos de trabajo en el sector privado. Eso apenas empata el crecimiento vegetativo de la población. la cantidad de personas sin empleo formal va a seguir siendo la misma. ¿Cómo resolvemos ese problema?”, cuestionó.

A través de Twitter, el director del CEP XXI y coordinador del Plan Argentina Productiva 2030 Daniel Schteingart le respondió: “Desde hace una década estamos estancados en torno a los 6 millones de trabajadores asalariados registrados. El objetivo es pasar a más de 8 millones para 2030. Esa meta supone una suba relativa del 32% en 9 años, muy por encima del crecimiento vegetativo previsto (8%). Así, se aspira a pasar de 13,5 asalariados y asalariadas formales en el sector privado cada 100 habitantes a 16,6. El pico previo había sido 15,5 (en 2011)”, dijo.

SEGUIR LEYENDO: