Ley de Alquileres: diputados y representantes de inmobiliarias e inquilinos analizaron cambios en los plazos y la indexación de los contratos

Esta semana, los distintos bloques de la Cámara de Diputados llegaron a un acuerdo para debatir cambios a la Ley de Alquileres. La semana próxima, una vez que se constituya la Comisión de Legislación General, se buscará llegar a un proyecto consensuado con un plazo de 30 días hábiles.

El Interbloque de diputados de Juntos por el Cambio recibió este jueves a representantes de las asociaciones de inquilinos, cámaras inmobiliarias y propietarios para analizar las distintas propuestas de modificación de la Ley de Alquileres que está vigente desde junio de 2020 y que, con precios en alza y menor oferta, no logró los efectos buscados.

Según los diputados y representantes de los sectores que participaron de la reunión, hubo coincidencia en eliminar o cambiar los artículos que dispusieron que los contratos de locación sean de tres años de duración y que tengan un mecanismo de actualización cada doce meses, con un índice que combina inflación y salarios.

Con todo, señalaron algunos puntos de la ley que deberían mantenerse. “Hemos escuchado a todos los sectores involucrados y afectados por la actual Ley de Alquileres. Todas las partes coincidieron en que la ley actual tiene dos grandes problemas: el plazo de tres años de los contratos y la periodicidad de un año en actualización de los montos porque con la inflación, lejos de dar previsibilidad, estas cláusulas generaron más incertidumbre”, dijo el presidente del bloque UCR, Mario Negri.

“Nosotros no queremos la suspensión ni la derogación total de la actual ley. Pero pedimos una sesión planteando la derogación para meter presión al oficialismo. Esta estrategia fue fructífera porque ayer destrabamos con el presidente de la Cámara baja el funcionamiento de la Comisión de Legislación General y el martes se empieza a debatir este tema. Si en 30 días no hay dictámenes, desde Juntos por el Cambio vamos a volver a pedir una sesión especial”, anticipó.

El presidente del bloque de PRO, Cristian Ritondo sostuvo que el objetivo es darle previsibilidad al mercado inmobiliario, para que inquilinos y propietarios tengan un marco legal acorde a la situación actual. “El objetivo primordial es integrar la Comisión de Legislación General y escuchar a todos los sectores comprometidos, para que acerquen sus iniciativas”, dijo.

Las diferentes cámaras inmobiliarias, en tanto, acordaron presentar ante la comisión un único documento conjunto con sus propuestas. “Vamos a trabajar todas las instituciones en un propuesta unificada. Es un logro importante. Además de modificar plazos y actualización, la idea es mantener puntos de la ley, como los arbitrajes”, destacó Alejandro Bennazar, de la Cámara Inmobiliaria Argentina (CIA).

Desde la Federación Inmobiliaria Argentina, Emilio Caravaca Pazos advirtió que la modificación de la ley no va a normalizar el mercado por sí sola. “Hay falta de oferta y una demanda creciente”. Y destacó aciertos de la ley vigente como establecer las expensas que debe abonar cada parte o el pago electrónico.

Desde el sector inmobiliario se mostraron en desacuerdo con los proyectos que impulsan un impuesto a la vivienda vacía. Federico López Castromil, de la agrupación de corredores inmobiliarios Unidos por la Profesión señaló que el impuesto a la vivienda deshabilitada “fracasó antes y lo hará ahora”.

Por su parte, José Griselli, de la Asociación Defensa del Inquilino explicó que cuando se sancionó la actual legislación se dio un aumento nocivo e inmediato de las locaciones. “Por no tener libertad de negociación, por ligar los juicios de desalojo a la registración del contrato ante la AFIP. Nadie ofrece inmuebles en locación”, aseguró.

“Hay que dar confianza y previsibilidad. Siempre dijimos que la indexación era una pésima idea. Con la inflación más alta del mundo era obvio que los alquileres iban a subir. Hoy hay falta de inmuebles para alquilar y lo que hay es carísimo. La respuesta es que haya un precio claro y transparente desde el principio”, dijo Ezequiel Vergara, de la Asociación de Defensa del Consumidor e Inquilino. Y propuso derogar el artículo relativo a la indexación y volver al plazo de dos años de contrato.

La propuesta adicional de la asociación es que el contrato de locación será considerado “de consumo”, siempre que el locatario no sea una gran empresa y el locador sea propietario de más de un inmueble. Esto permite aplicar la Ley de Defensa del Consumidor.

De la reunión participaron representantes de la Federación Inmobiliaria de La República Argentina (Fira); el Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires (Cucicba); la Cámara de Propietarios de República Argentina; Asociación de Defensa del Inquilino; Asociación Acción y Defensa del Consumidor e Inquilino (Adcoin); Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios Argentina (Cofeci); la Cámara Inmobiliaria de Mendoza y la Cámara Empresaria del Desarrollo Urbano (Cedu).

En el sector del Frente de Todos señalaron que la semana próxima se convocará a representantes de todos los sectores en el marco de la comisión y que el objetivo es llegar a un consenso entre todos los proyectos que se presentaron, que son unos siete.

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