Informante colaborador, fin del secreto fiscal y pago en dólares: los detalles del proyecto de blanqueo que pone la mira sobre los bienes en el exterior

Con el respaldo del Gobierno y un pedido de colaboración a Estados Unidos efectuado por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el bloque de senadores nacionales del Frente de Todos presentó un proyecto de ley que propone crear un fondo en dólares para la “cancelación de la deuda con el FMI”, con un blanqueo por el que deberán pagar las personas que tengan bienes no declarados en el exterior.

Según el proyecto, el “aporte especial de emergencia” se aplicará a los bienes situados en el exterior que se detecten a partir de la entrada en vigencia de la ley y no hayan sido declarados ante la AFIP: dinero en efectivo, inmuebles, acciones, participación en sociedades, fideicomisos instrumentos financieros (títulos, bonos, obligaciones negociables, ADRs y criptoactivos, entre otros).

La tasa del punitorio será del 20% sobre la totalidad de los bienes cuando se declaren en forma voluntaria dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigencia de la ley. Si los bienes se declaran después de ese plazo, el aporte subirá al 35%. En tanto, si se realiza a través una fiscalización del organismo recaudador, la tasa se elevará al 50 por ciento. El aporte deberá ser transferido en dólares a una cuenta especial que dispondrá la AFIP.

La AFIP, en el marco de los acuerdos con otros países en materia fiscal, podrá pedir que los bancos, sociedades o agentes de bolsa donde se detectan los fondos no declarados actúen como agentes de recaudación del aporte y lo transfieran a la cuenta designada.

Como consecuencia, se abre la posibilidad de que el fisco exija los tributos evadidos de otros impuestos nacionales (Impuesto a las Ganancias, IVA y Bienes Personales).

“El pago del impuesto es en dólares, algo sin precedentes, y se faculta a la AFIP a que designe vía embargo a realizar los pagos directamente por parte de los agentes de recaudación a los bancos extranjeros. No se diferencia el dinero proveniente del lavado de activos, ya sea por delitos de narcotráfico y o terrorismo, de patrimonios que se han obtenido de manera lícita y que pueden hasta haber tributado impuestos en su origen”, opinó Iván Sasovsky, CEO de Expansión.

Si se detectan modificaciones de la residencia fiscal durante los tres años anteriores a la vigencia de ley y se comprueba que se trató de una maniobra para desvirtuar el verdadero lugar de residencia, la AFIP podrá disponer que continúen siendo residentes hasta que se apruebe la baja solicitada.

Por las características del proyecto, los tributaristas advierten que se trata de un blanqueo encubierto. En el artículo 16, por ejemplo, se enumeran los beneficios que tendrán quienes ingresen el aporte y renuncien a realizar reclamos: tendrán las eximiciones y liberaciones dispuestos en el “Programa de Normalización para Reactivar la Construcción Federal Argentina”, conocido como blanqueo para la construcción.

“El proyecto prevee que se puedan liberar de otros impuestos en determinadas condiciones como una suerte de blanqueo, algo que el propio Gobierno indicó que no iba a hacer en el acuerdo con el FMI. Apenas firmado el acuerdo, el Gobierno apoya un proyecto que si se convirtiera en ley, lo estaría incumpliendo”, señaló Sebastián Domínguez, socio de SDC Asesores Tributarios.

“Si alguien evadió, ya existen mecanismos para determinar las obligaciones tributarias y exigirlas como así también el Estado cuenta con información proveniente del intercambio multilateral automático de información sobre cuentas financieras”, agregó.

Según el proyecto, las personas o entidades públicas y privadas (entre ellas bancos o financieras) que brinden información sobre evasión por más de $15 millones serán premiadas. Su rol es el de “colaborador” y deberá estar a disposición para declarar de forma confidencial. Como premio, podrá recibir hasta el 30% del monto total recaudado e ingresado al Estado.

onto del premio dependerá del grado de importancia de la información proporcionada por el colaborador. “Los blanqueos del kirchnerismo nunca tuvieron la recaudación esperada, por eso el proyecto se basa en instalar el miedo como principal motor del proyecto. La redacción promueve premiar a quienes colaboren con hasta un 30% de la recaudado y el intercambio de información internacional. Si Estados Unidos no colabora, el proyecto nace muerto. Pero los intereses de cobrarle a la argentina la deuda por parte de FMI pueden ser una llave sustancial para que este proyecto tenga algún efecto. Biden recurre a mecanismos similares, y está creando impuestos nunca antes vistos”, explicó Sasovsky.

Este fondo tendrá vigencia hasta la cancelación total de la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y sus recursos provendrán del aplicar un impuesto del 20% sobre los bienes de residentes argentinos que se localicen en otros países y que se cobrará en moneda extranjera.

Sería administrado por el Ministerio de Economía de la Nación y supervisado por la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control de la Gestión de Contratación y de Pago de la Deuda Exterior del Congreso.

En los fundamentos del proyecto, se considera que será clave para el éxito del impuesto la colaboración del FMI y la OCDE con la Argentina para detectar los fondos en el exterior de residentes argentinos.

Según los datos oficiales citados en el proyecto, al 31 de diciembre de 2021 se contabilizaban USD 417.507 millones de argentinos en el exterior o fuera del sistema financiero local. De ese total, solo USD 69.000 millones están declarados ante la AFIP, según la información del impuesto sobre los Bienes Personales de 2020.

“Desde fines de 2015, estos rubros aumentaron en unos USD 150.000 millones y se terminó con el récord de USD 417.517 millones en diciembre de 2020. Esa cifra representaba casi 10 veces las reservas brutas declaradas por el Banco Central”, citó el texto que acompaña el proyecto. “Una gran parte importante de esos activos privados externos, más de USD 240.000 millones, está en monedas y depósitos, en dólares en cuentas del exterior, en cajas de seguridad o bajo el colchón”, detalló.

Por las dificultades que tiene el Gobierno para conseguir los votos en la Cámara de Diputados, el proyecto ingresará por la Cámara de Senadores. Los tributaristas advierten que sería “inconstitucional” porque el aporte es un impuesto y, como tal, debería tener origen en la Cámara de Diputados.

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