Hidrovía: tras descalificar a tres empresas, la AGP anuló la licitación para dragar la vía navegable y hará una nueva compulsa

Luego de descalificar a tres de las cuatro empresas participantes de la llamada “licitación corta” del dragado de la Hidrovía Paraná-Paraguay, la Administración General de Puertos (AGP) –entidad encargada del mantenimiento de la vía navegable– resolvió dar de baja la misma y llevar a cabo otra convocatoria en la que participen nuevos oferentes. Se hará en el plazo de 20 días.

La anulación de esta licitación se hizo efectiva mediante la resolución 38 de la AGP, luego de la apelación formal que llevó a cabo el consorcio compuesto por la empresa danesa Rodhe Nielsen y la local Emepa, uno de los grupos que impugnó.

Emepa es una empresa de Gabriel Romero, un empresario arrepentido en la causa de los Cuadernos que confesó haber pagado coimas.

Las otras impugnadas fueron la empresa del régimen chino CCCC Shanghai Dredging (SDC), que se presentó en unión transitoria con Dredging International y la local Servimagnus y la holandesa Boskalis International con su filial local. Había seguido como única oferente Compañía Sudamericana de Dragados (Jan de Nul, anterior operador), a quien además ahora se le extendió de forma temporaria las obras de dragado para que se garantice la navegabilidad del sistema hídrico denominado “Cuenca del Plata”, el mismo por donde se traslada el 80% del volumen del comercio exterior argentino.

“Del análisis de las intervenciones de las áreas técnicas surge que las presentaciones e impugnaciones se basan en interpretaciones divergentes en torno al alcance del pliego de bases y condiciones”, indica el texto de la resolución de la AGP. En ese sentido, señala que “al quedar una sola propuesta en condiciones de ser precalificada, se ha visto acotado el grado de participación real y efectiva, frustrándose así la posibilidad de conocer mayor cantidad de ofertas económicas”.

Y agrega que “se estima oportuno y conveniente dejar sin efecto el presente llamado y convocar un nuevo procedimiento selectivo de ofertas con el mismo objeto, previo ajuste de las bases y condiciones que habrán de regir la compulsa, procurando un acortamiento de los plazos”.

De cara a la nueva licitación, la AGP señaló en la resolución que “corresponde ponderar la experiencia de los proponentes en la ejecución de obras de dragado en ámbitos de similares características”.

En resumen, argumentando cuestiones de mayor competitividad, la AGP dio marcha atrás y convocó a una nueva licitación de la que, seguramente, también formarán parte las empresas ya señaladas. Podrían presentar cambios: en febrero pasado, se las dejó fuera de la puja tanto por cuestiones técnicas de sus pliegos, como por temas económicos.

Fuentes del sector llamaron la atención sobre un punto: recientemente, la AGP extendió un contrato de balizamiento temporario a la propia Emepa, que había quedado en ese pliego como único oferente. A diferencia de lo que pasó con el dragado, en ese caso no vieron “acotado el grado de participación real y efectiva, frustrándose así la posibilidad de conocer mayor cantidad de ofertas económicas”.

La AGP administra el canal fluvial, al tiempo que el Ente de Control y Gestión de la Vía Navegable, creado en agosto pasado, organiza la llamada “licitación larga”, para la gestión futura y a largo plazo de la vía y adjudicará el contrato por el dragado, balizamiento, control hidrométrico y cobro del peaje de la vía por la que se traslada el 80% del volumen del comercio exterior argentino.

Sin embargo, falta definir quién realizará el mantenimiento del canal por el término de 180 días corridos prorrogables y con un presupuesto oficial estimado de USD 80 millones.

Actualmente, la administración y el mantenimiento de la vía navegable está coordinado por la Administración General de Puertos, pero cuando se complete el plazo de transición, pasa a manos del Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegable, y así se avanzará con los pliegos licitatorios para la nueva concesión.

El Ente, a cargo de Ariel Sujarchuk, está conformado por Buenos Aires, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Misiones y Santa Fe, tiene sede en Rosario, y representa la mayor participación equitativa del sector en la vía navegable de los últimos 26 años. Además, sobre las decisiones que competen a la administración de la vía navegable, tienen injerencia los ministerios de Transporte, Interior, Desarrollo Productivo, Relaciones Exteriores, Agricultura, Medio Ambiente, Seguridad y Obras Públicas.

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