El Gobierno inicia hoy la “guerra” contra la inflación y asegura que no necesita el aval del FMI para implementar las medidas

El Gobierno se prepara para dar vuelta la página de la negociación de la deuda y buscará concentrar su política en lo que reconoce como el problema principal que sufre la economía argentina. La “guerra” contra la inflación que dará comienzo este viernes, anticipada por el presidente Alberto Fernández, incluirá un arsenal de medidas ya conocidas que el Poder Ejecutivo puso sobre la mesa con el intento de dar un gesto político ante un índice inflacionario en febrero que fue más alto de lo esperado y que preanuncia números incluso peores para los próximos meses: todavía falta el impacto directo de la guerra en Ucrania en los valores internacionales, la última suba de combustibles y, más adelante, el reajuste de tarifas.

La aprobación del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en el Senado dará paso a que el equipo económico pase a la próxima etapa. El IPC de febrero, de 4,7% en términos generales y de 7,5% en alimentos -el número más alto en cinco años para este rubro- pusieron en alerta al Poder Ejecutivo. En las últimas horas distintos ministerios bosquejaron una suerte de paquete de medidas como parte del enfrentamiento metafóricamente bélico contra el ritmo de suba de precios.

Según pudo saber Infobae, a última hora de este jueves todavía estaba sobre la mesa un menú tradicional de medidas que, en conjunto, podrían ser anunciadas este viernes por Alberto Fernández en Casa Rosada. Las miradas estuvieron posadas centralmente en el Ministerio de Agricultura que comanda Julián Domínguez: la posibilidad de reajustar retenciones para harina y aceite de soja de 31 a 33% y el refuerzo de fideicomisos que subsidien precios de alimentos en las góndolas locales aparecen como las determinaciones centrales en la “renovada” estrategia de precios.

El espíritu de esas medidas es asegurar el abastecimiento de trigo en el mercado doméstico para evitar una disparada de precios aún mayor en productos derivados de ese cultivo, es decir cualquiera que esté fabricado con harina de trigo. En este caso el tiempo es de la esencia: en algunos despachos oficiales y analistas privados barruntan un impacto todavía más profundo de la crisis en el mercado de alimentos global por la guerra en Ucrania, que traería aparejado cifras más graves de inflación para los próximos meses.

En el medio habrá otras fuentes adicionales de tensión en el frente de batalla de los precios. El más inmediato será el efecto secundario que derramará hacia distintos sectores productivos por el reajuste en los valores de los combustibles, que subieron un 9,5 por ciento. Algunos empresarios de consumo masivo consultados por Infobae ya imaginaban que una nafta más cara implicará un esquema de costos más oneroso para la cadena.

El otro impacto esperado está impreso en el propio acuerdo con el FMI: la suba de tarifas por la reducción de subsidios consensuada con el organismo. El comienzo de la segmentación está previsto para mitad de año, audiencias mediante, que darán comienzo a un esquema nuevo de actualización de los precios de servicios públicos. Analistas privados y algunos cercanos al dispositivo de poder de la coalición oficialista creen que la inflación, con todos estos ingredientes, estarán bien por encima del rango de precios acordado, de entre 38 y 48 por ciento para este año.

El Gobierno avanzará con su paquete de medidas, para lo cual no necesitará, aseguran, el aval del staff del organismo. La duda se instaló por una de las condiciones incluidas en el programa de políticas económicas rubricada con Washington. El punto 33 del memorando de políticas habla específicamente del involucramiento del Fondo Monetario en momentos en que el Gobierno diseñe “medidas adicionales” a las explicitadas en el programa.

“Estamos seguros de que nuestras políticas son las adecuadas para alcanzar los objetivos del programa y estamos listos para tomar las medidas adicionales que sean necesarias para tales fines. Consultaremos con el FMI sobre la adopción de estas medidas y en forma previa a cualquier revisión a las medidas contenidas en este Memorando, y evitaremos cualquier política que no sea consistente con los objetivos del programa y nuestros compromisos en el contexto de este”, explica ese párrafo.

Fuentes oficiales aseguraron que una de las medidas que tomará en las próximas horas el Poder Ejecutivo a través del Banco Central, como una suba en la tasa de interés para alinear esos rendimientos al nuevo escenario de inflación no se realiza ni en coordinación ni con previa autorización del staff del organismo, sino que la efectividad del muñequeo de tasas y la evaluación sobre si resultaron o no positivas en relación con la suba de precios se definirá durante las revisiones trimestrales.

Para el caso de medidas específicas como un refuerzo en los fideicomisos acordados con exportadores para subsidiar precios locales de productos alimenticios o una suba en los derechos de exportación de un grupo de bienes agropecuarios la respuesta es más borrosa, aunque fuentes oficiales aseguraban que en este caso el Gobierno no necesitará elevar a consideración del staff ninguna de estas medidas.

En el FMI, de todas formas, aseguran que el contacto técnico con los funcionarios es constante y no se interrumpió tras el cierre de las negociaciones del programa económico. En ese sentido se expresó este jueves el portavoz del organismo Gerry Rice: “El programa busca comenzar a reducir la persistente alta inflación a través de una estrategia múltiple que implica una reducción del financiamiento monetario del déficit fiscal y un nuevo marco para la implementación de la política monetaria para generar tasas de interés reales positivas para respaldar la demanda de activos en pesos”, describió.

“Esto, por supuesto, será una tarea desafiante a la luz de la evolución de la coyuntura mundial, ya que el aumento de los precios de las materias primas está afectando la inflación en todo el mundo, un punto del que acabamos de hablar”, continuó el vocero del FMI. Específicamente sobre el impacto de la guerra en Ucrania, que pone en duda algunos de los supuestos macroeconómicos del acuerdo, Rice aseguró: “Puedo decirles que el personal técnico del FMI está evaluando el impacto potencial más amplio sobre el crecimiento, así como sobre los saldos externo y fiscal. Las incertidumbres, sin embargo, siguen siendo grandes y dependen de la duración del conflicto”.

Guerra contra la inflación: qué medidas piensa el Gobierno

El arsenal de medidas que puede llevar adelante el Gobierno para combatir la inflación es limitado. En este sentido van, por un lado, un eventual aumento de retenciones a la harina y aceite de soja -el Poder Ejecutivo descartó subas para granos como maíz o trigo- o la conformación de fideicomisos acordados con exportadores y supermercados para subsidiar precios locales de determinados productos.

Es un experimento que el Gobierno ya intentó con bienes como los aceites -que se extendió hasta enero de 2023- y más recientemente un esquema similar empujado por Feletti para los productos derivados del trigo. Si bien es un mecanismo más soft, la tensión con la dirigencia agraria desde que se cerraron el domingo las exportaciones de harina y aceite de soja pone en duda que el Poder Ejecutivo pueda avanzar en medidas así que requieren consenso. La cámara sectorial de exportadores CIARA, por caso, ya advirtió que se bajaría de este tipo de programas en caso de incrementos de retenciones.

Otra opción es, además, algún refuerzo en los esquemas de control de precios. En los próximos días deberían comenzar las conversaciones entre empresarios y autoridades de Comercio Interior para desentrañar qué incremento tendrán los 1.300 productos incluidos en Precios Cuidados. Una hipótesis que analizaban los ejecutivos del sector de consumo masivo es que el Gobierno exija que el programa tenga más productos con mayores volúmenes en las góndolas.

La posibilidad más pesimista, admitían en estas horas ejecutivos de empresas de alimentación con contacto directo y fluido con Comercio Interior, es que esa oficina que comanda Roberto Feletti decida avanzar con algún congelamiento forzoso como el que operó entre octubre y enero pasados. Para algunos empresarios sería un efecto búmeran: “El 4,7% de febrero es consecuencia de ese congelamiento, si lo hacen de nuevo el resorte va a saltar más adelante en el año”, advertían desde una firma en estricto off the record.

También habrá, aunque es una idea preliminar, algún tipo de intento de coordinación de expectativas a futuro. El Gobierno hará la semana próxima una convocatoria a los empresarios y a los sindicatos para buscar acuerdos de precios, según les anticipó este miércoles el presidente Alberto Fernández a un grupo de gremialistas y ejecutivos en la Casa de Gobierno. Esa agenda es todavía abierta y no contiene una hoja de ruta concreta, afirmaron los asistentes al encuentro del miércoles por la tarde con el mandatario.

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