Industriales, preocupados: las luces rojas que ven en la economía y la lista de propuestas al Gobierno

A poco menos de un año de asumido Daniel Funes de Rioja al frente de la UIA, la entidad finalmente aprobó lo que el abogado prometió ni bien llegó a la entidad: el denominado “Libro blanco”. Se trata de un documento de trabajo, realizado en conjunto entre todas las regiones y sectores, que contiene un diagnóstico de la realidad económica e industrial, metas a cumplir en un plazo de cuatro años, y propuestas para llevar a cabo en las distintas áreas.

Tal como los industriales vienen remarcando en los últimos meses, si bien el 2021 fue un buen año, luego de la fuerte caída del período 2018-2020, la recuperación fue heterogénea entre sectores y regiones. Los indicadores industriales presentan una brecha respecto de los máximos históricos y tienen espacio aún para continuar desarrollando todo su potencial, comienza el texto. Por eso, las sugerencias del libro tienen como objetivo:

1) que la actividad industrial crezca un 27% para recuperar el máximo per cápita;

2) crear 268.000 puestos de trabajo para alcanzar el ratio de 30,1 puestos por cada mil habitantes (récord del año 2012);

3) que las exportaciones industriales aumenten al menos unos USD 14.200 millones para retornar al máximo per cápita (950 USD per cápita); y

4) que se creen 7.400 empresas exportadoras con el fin de alcanzar el máximo de 3,7 empresas cada 10.000 habitantes.

“El proceso de recuperación sostenido necesitará del desarrollo de una variedad de sectores a lo largo de todo el país. En cada una de las regiones de nuestro país existen recursos cuyo desarrollo es valioso para la generación de divisas, tanto a través de exportaciones adicionales como de atracción de inversiones locales y extranjeras (agroindustria, Vaca Muerta y exploraciones de hidrocarburos offshore, foresto industria, minería, entre otros). A la par de los recursos naturales, es importante pensar en una política industrial integral, con políticas de Estado coordinadas en los diferentes niveles orientadas a mejorar a la estructura productiva”, remarcó la UIA en el texto aprobado esta tarde y denominado “Propuestas para un desarrollo productivo federal, sustentable e inclusivo”.

Para los empresarios, el acuerdo con el FMI -que aún no tiene la aprobación del Senado- es un paso necesario en la normalización de las relaciones financieras internacionales de Argentina y abre la posibilidad para crear condiciones sostenibles dentro de un proceso de crecimiento, pero también -dice el documento- “será fundamental resolver los problemas macroeconómicos que limitan el proceso de desarrollo sostenido y condicionan el desempeño de la política industrial”.

Existen, para los industriales, tres factores que limitan la inversión y que persisten en los últimos 10 años: los macroeconómicos (inestabilidad del ciclo económico; falta de previsibilidad de la demanda; elevada inflación e inestabilidad de precios relativos; incertidumbre sobre rentabilidad futura; limitación del acceso a divisas y elevada brecha cambiaria); financieros (baja profundidad del sistema financiero y del mercado de capitales; escasos instrumentos de financiamiento a la inversión a mediano y largo plazo; dificultad de las empresas para financiarse en el exterior debido al riesgo país elevado) y los impositivos (carga tributaria elevada que desalienta la reinversión de utilidades y con falta de incentivos a la inversión; sistema tributario complejo con numerosos regímenes de recaudación e información en un entramado burocrático gravoso para las PyMEs; y tributos locales distorsivos que reducen la competitividad).

Este documento, elaborado a partir de los aportes de las cámaras que componen la UIA, contiene propuestas en tres direcciones. Cuatro ejes prioritarios con cuatro iniciativas parlamentarias para impulsar la producción, así como también medidas con foco en el desarrollo federal y otras orientadas a dar un salto de productividad y competitividad. El objetivo es recuperar los indicadores industriales en los próximos cuatro años, con políticas de Estado que trasciendan Gobiernos.

Los ejes prioritarios definidos son: un sistema de incentivos a las inversiones industriales; nuevas realidades laborales; desarrollo pyme y promoción de exportaciones. Y algunas de las medidas propuestas en los distintos ejes son las siguientes:

- Simplificación tributaria: reducir la carga administrativa que enfrentan las empresas y adecuar ciertos aspectos de la normativa que tendrían un impacto positivo en el sector productivo.

- Incentivos fiscales: amortización acelerada de las inversiones; doble amortización de inversiones 4.0; deducción de intereses sobre el capital propio utilizado en las inversiones; deducción de Exportaciones por el 10% del incremental en valor FOB; aplicación efectiva de la deducción de inversiones en emprendimientos; libre disponibilidad inmediata del crédito fiscal de IVA; incluir gastos de comercialización en reintegro de IVA a productores de bienes de capital

- Incentivos económicos: Acceso a divisas para el repago de la inversión y como incentivo a exportaciones.

- Reducción de la litigiosidad e incentivos al empleo formal: modernizar el régimen de multas (Leyes 24.013 y 25.345) para reducir el nivel de judicialización de los conflictos del trabajo, buscando sancionar el empleo mal registrado sin desalentar la creación de empleo formal.

- Fomentar el nuevo empleo: incentivar la creación de empleo por medio de reducciones en contribuciones patronales (90% primer año y 80% segundo año), con beneficios adicionales al empleo joven y contratación de mujeres (5% más); actualización de los conceptos comprendidos como beneficios sociales no remunerativos; esquema de retiro anticipado para trabajadores de más de 60 años con comorbilidades de COVID-19.

- Negociación colectiva dinámica e incentivo a la productividad: promover una negociación colectiva dinámica, habilitando la disponibilidad colectiva y la negociación en distintos niveles; actualización de convenios en sectores que han tenido cambios organizacionales producto del avance tecnológico y productivo; incorporación de políticas de fomento de la productividad.

- Fortalecimiento de la relación aprendizaje-trabajo: se requiere una reforma normativa en las leyes de educación técnico-profesional y ley de pasantías, entre otras, para ir hacia un nuevo sistema de vinculación aprendizaje-trabajo.

-Simplificación tributaria e incentivos a la inversión para las pymes: cuenta Única Tributaria, reducción de regímenes de recaudación y de información; amortización acelerada, deducciones para inversiones con capital propio, deducción del incremental de exportaciones, libre disponibilidad inmediata del crédito fiscal de IVA, aplicar el impuesto a los débitos y créditos a IVA y seguridad social.

- Financiamiento a pymes: piso de fondeo para FONDEP y FOGAR del 0,5% del PIB con subsidio de tasas, créditos directos y líneas para empresas no sujeto de crédito, además de garantías para acceso ágil con 100% de cobertura para Micro, Pequeñas y Medianas; creación de líneas de financiamiento para inversión con plazos de 10 años, con tasa BADLAR y respaldo del FOGAR, beneficios de tasa adicionales para bienes de capital de fabricación nacional.

- Fomento para el desarrollo de las exportaciones: eliminación de derechos de exportación para bienes industriales y alimentos procesados y/o dosificados al por menor; aumento de reintegros a la industria (que compensen impuestos internos, con mayor reintegro para productos que certifiquen calidad/ incorporen marca país/ producidos por economías regionales), celeridad en los cobros; reducción de la tasa de estadística y menores topes máximos para PyMES.

También, en este campo, la UIA propone estabilidad en los beneficios por cinco años para promover inversiones; acceso a divisas para el repago de la inversión, giro de utilidades, para acceso a insumos y participación de ferias comerciales en función de montos incrementales de exportación; fomento del financiamiento forfaiting con más convenios bancarios en el exterior y mecanismos regulatorios aduaneros, cambiarios, impositivos acordes con su esquema operativo y desarrollo de instrumentos de financiación para exportaciones con requisitos flexibles.

La entidad también propuso medidas para potenciar el desarrollo productivo federal. “Es importante un cambio de paradigma del desarrollo de las economías regionales y una mejor infraestructura económica (transporte, logística, energía, agua y telecomunicaciones) no solo para alcanzar una explotación sostenible de los recursos naturales, sino también para avanzar hacia el cambio estructural progresivo que facilite el desarrollo con igualdad y sostenibilidad”, dice el texto. En este sentido, las propuestas abarcan desde cuestiones vinculadas al Consenso Fiscal, como un Plan Federal de Infraestructura, y políticas específicas para cada región.

Por último, el Libro Blanco contiene más de 100 propuestas de acciones y medidas necesarias para impulsar la productividad y la competitividad en términos estructurales, como parte de una política industrial que debe ser integral, con una mirada prospectiva que conjugue las necesidades de la coyuntura con una mirada estratégica a mediano y largo plazo.

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