El kirchnerismo duro criticó el acuerdo con el FMI que firmó el Gobierno: prevé recesión, caída de salarios y aumento de la pobreza

Algunos de los cuestionamientos más duros al programa económico acordado entre el Gobierno y el Fondo Monetario Internacional llegaron desde la propia coalición oficialista. Más allá de la crítica “política” al resultado de la negociación, que mira de reojo cómo se llegó a este desenlace o qué cuestiones podría haber discutido con más dureza el ministro Martín Guzmán, subyace además una reprobación del sendero de políticas económicas consensuado con el FMI.

Así, para algunos economistas y centros de estudios con afinidad al kirchnerismo, crítico de la negociación con el Fondo, un programa de estas características es “inconsistente”, implica medidas que interrumpirán la tendencia de recuperación económica y provocarán una recesión, una caída mayor del salario real y de las jubilaciones, un aumento de la pobreza y además, afirman, tiene metas económicas poco cumplibles y con un Poder Ejecutivo que perderá margen para actuar por los propios límites que le impone el acuerdo.

En la Cámara de Diputados el proyecto de ley para autorizar la refinanciación de la deuda con el FMI contó con más votos positivos desde la bancada opositora que desde el propio oficialismo. La Cámpora votó por la negativa al igual que dos legisladores de Patria Grande. En definitiva, el Frente de Todos tuvo 28 votos negativos y 13 abstenciones en sus filas. Consultados por Infobae, desde el Ministerio de Economía no realizaron comentarios sobre las críticas económicas al acuerdo que partieron desde la propia coalición.

Para la consultora Programa Económico, de la ex diputada Fernanda Vallejos “el diseño del programa no resulta consistente con la expansión del consumo y la inversión, lo cual reduce las probabilidades de evitar un sendero de ajuste (estancamiento o retracción del PBI), como consecuencia del programa de políticas, mientras que la regla fiscal no parece dejar espacio para una expansión significativa del gasto público”, mencionaron en un informe reciente.

En ese sentido, cuestionaron también las proyecciones de inflación acordadas con el Fondo Monetario, que prevén para este año una suba de precios en un rango de entre 38 y 48 por ciento. “Es un objetivo desafiante, teniendo en cuenta la reaceleración inflacionaria de diciembre (3,8%) y enero (3,9%), en un contexto de precios internacionales al alza, impactados por el contexto bélico en Ucrania, junto con la regla cambiaria que propone el programa (aceleración de la tasa de devaluación) y la nueva política tarifaria que el mismo plantea”, apuntó ese centro de estudios.

“Para alcanzar esa meta, teniendo en cuenta el dato de enero, la tasa de inflación mensual para los once meses restantes de 2022 no debería exceder del 3,27% mensual. Sin embargo, el impulso inflacionario que supone la regla cambiaria (en combinación con la inflación internacional) y la nueva política de tarifas, conduce a mayores (y no menores) tasas de inflación, al mismo tiempo que ponen en riesgo los objetivos de recuperación de los ingresos reales y, como mencionamos antes, la perspectiva de crecimiento del consumo privado y la inversión”, criticaron.

El principal cuestionamiento de Vallejos es que se trata de un programa que impactará en el poder de compra de los ingresos. “El diseño del programa no resulta consistente con los objetivos de crecimiento de los salarios y el empleo. Tampoco resulta alentadora la perspectiva de que, en caso de que hubiera mejoras por el lado de los ingresos, ello no se distribuiría internamente para aliviar las condiciones de vida de los argentinos y fortalecer el mercado interno, sino que se volcaría a reducir el déficit fiscal por encima de las metas comprometidas”, mencionó en su informe.

Además, anticipó que un aumento de tarifas como el que propone el Gobierno implicará un empeoramiento de las condiciones sociales y un eventual aumento de la pobreza o la indigencia. “Preocupa la vulnerabilidad de las familias pobres que serán alcanzadas por el aumento de 43% en sus consumos, ya que la tarifa social no cubre al 31,2% de los hogares en esa condición (0,8 puntos por encima, en el primer semestre de 2021, de la marca de 30,4% en el mismo periodo de 2020 y casi 6 puntos por encima del registro de 25,4% en igual periodo de 2019) , lo que podría empeorar la incidencia de la indigencia”, asegura Proyecto Económico.

Por su parte, la Central de los Trabajadores Argentinos (CTA), la central obrera que tiene a Hugo Yasky como representante en la cámara baja -su voto al acuerdo con el FMI fue de abstención- elaboró un informe crítico sobre el resultado de la negociación entre Guzmán y el staff del Fondo Monetario, a través de su centro de estudios Cifra, dirigido por Mariana González y Pablo Manzanelli.

“Existen importantes restricciones de corto plazo para sostener la reactivación económica que el gobierno plantea no afectar. A los vencimientos totales en torno a 7.000 - 9.000 millones de dólares del período 2022-2024 se le agregan las metas de acumulación de reservas por 15.000 millones de dólares en esos años”, apuntaron en un informe reciente.

“Para enfrentar esos compromisos, y en general los requerimientos de divisas de la economía argentina, y lograr las metas de crecimiento del PIB propuestos se estima que las exportaciones deberían promediar los 91.000 millones de dólares en el período 2022-2024, lo que constituye una meta difícil de alcanzar”, consideró CTA-Cifra.

“Desde el punto de vista de los objetivos que se propone el gobierno en el entendimiento con el FMI - esto es, ‘la continuidad de la recuperación económica’ y la ‘expansión moderada del gasto estatal’- es poco probable que el programa sea exitoso”, concluyó el estudio.

En tanto, el Centro de Estudios Scalabrini Ortiz (CESO), que dirige Andrés Asiain, cuestionó que “el acuerdo no contribuye a disminuir la incertidumbre asociada a un incumplimiento con el Fondo, por lo menos hasta recibir el último desembolso en 2024″. Además, consideraron que las metas acordadas con el FMI son de difícil cumplimiento.

“El cumplimiento de la meta de reservas podría complicarse aún en 2022 debido al alza del costo de las importaciones de combustibles para la generación de energía. Una estimación moderada indica que las importaciones de combustibles podrían demandar unos USD 8.000 millones extra”, afirmaron, y que “la concentración temporal de las importaciones de combustibles en el invierno, puede generar incumplimientos parciales en las meta de reservas y/o la necesidad de racionar el suministro energético a las industrias”.

Además, pusieron en duda que el Gobierno pueda alcanzar la meta fiscal de este año (déficit primario de 2,5% del PBI) por que creen que “descansa centralmente en el incremento de la recaudación por efecto del crecimiento económico”. “Si el cumplimiento de la meta fiscal se presenta dudoso en 2022, más difícil parece ser su performance en 2023, año donde el crecimiento de la economía se verá condicionado por la escasez de reservas y se prevén políticas de expansión de gasto público para incrementar las chances electorales del oficialismo”, continuaron su crítica.

Respecto a la inflación, el CESO consideró que la mirada del acuerdo es “monetarista” y que bajar el índice de precios es “utópico”. “Bajo la visión del FMI - compartida por el equipo económico de gobierno-, la reducción del déficit y la emisión generará una menor inflación. De esa manera, la necesidad de incrementar la cantidad de moneda en circulación para el normal funcionamiento económico se reduce. Pero, bajo nuestra visión estructuralista, la inflación tiene autonomía relativa respecto a la emisión y el déficit, y su dinámica responde centralmente a cuestiones inerciales”.

“Sin las gafas monetaristas, la perspectiva de una reducción de la inflación luce utópica si se considera el compromiso de no retrasar el dólar oficial (ancla utilizada en 2021) en un contexto de muy elevados precios internacionales de las materias primas. El programa fiscal y monetario comprometido con el Fondo puede derivar en una iliquidez permanente que entorpezca el normal funcionamiento de la economía, forzando una recesión interna que obligue al sector privado a desatesorar para monetizar la economía junto a una contracción recesiva de las importaciones que mejore el saldo externo para inyectar liquidez por ese canal”, concluyeron.

Por último, el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), dirigida por Hernán Letcher y Julia Strada -actual directora del Banco Nación-, cuestionó que “el acuerdo no implica compromisos de mejoras en la recaudación con el esfuerzo de los sectores más acaudalados, ni la continuidad del Aporte Extraordinario a las Grandes Fortunas ni aumento de retenciones. Ello permitiría asegurar con otros elementos la meta de déficit de 2,5% y subsiguientes”, apuntaron.

Además, aseguran que el programa económico hace al Gobierno resignar “el control de herramientas monetarias y financieras”, entre las que nombró las de intervención cambiaria con el límite de hasta USD 9 mil millones para venta de dólar futuro, el compromiso de no establecer más regulaciones cambiarias ni desdoblar el tipo de cambio o el tope a la emisión monetaria.

Por otra parte, creen que el diseño del programa implica un “escenario de default cada tres meses”. “El FMI tiene poder de veto ante cada revisión trimestral. Esto implica una exposición constante al default. Si bien el desembolso previsto en el primer pago permite atender dos trimestres de vencimientos, el esquema condicionado de desembolsos pondrá a la Argentina en un escenario de eventual default trimestral (sujeto a la aprobación de cada una de las 10 revisiones). Es decir, el margen de maniobra del país se acota a las revisiones trimestrales”.

“El monitoreo trimestral no sólo implica riesgo reiterado de default, sino que genera constante incertidumbre. Adicionalmente, el poder que ostenta el organismo en la revisión trimestral a la que se sujetan los desembolsos futuros le permitiría, si quisiera, tener injerencia en la política local a través del condicionamiento de los fondos”, concluyó el CEPA.

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