Advierten que el nuevo conflicto con el campo generará menor liquidación de divisas y más nervios en un contexto de incertidumbre global

Los funcionarios del equipo económico afirmaron en los últimos días que las circunstancias de la invasión de Rusia a Ucrania generaron un aumento adicional de la inflación y dejaron entrever la posibilidad de aumentar las retenciones, sin prever el efecto negativo sobre la generación de dólares y el crecimiento económico.

Los exportadores sabían que esta medida llegaría, pero consideran que la presión del “estado socio” ya es excesiva, por lo que anticiparon protestas en la Justicia y la ruptura del diálogo con el Gobierno en torno de los fideicomisos para frenar los precios internos.

El más enfático y explícito en favor de esta medida había sido el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, mientras que el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, aclaró que no había un marco jurídico para subirlas por la falta de presupuesto.

Sin embargo, un domingo de sol, comenzó a trascender una comunicación del gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner a través del ministro de Agricultura que daba lugar al cierre del registro de las exportaciones de algunos productos como paso previo a un aumento de las retenciones. Una nueva medida contra el campo.

El argumento de las medidas es la defensa de la sociedad para que no haya un traslado de los precios internacionales a los domésticos, a pocas horas de que se conozca el muy mal dato de inflación de febrero. Sin embargo, la vigencia de las retenciones desde la explosión de la convertibilidad muestra el escaso éxito del “desacople”; por el contrario, la Argentina sigue desalentando sus exportaciones –dólares “genuinos”, como los denomina el Gobierno- con un impuesto que casi no se aplica en ninguna parte del mundo y cuyo origen está lejos del carácter progresista que se le pretende adjudicar. De hecho, la última dictadura también aplicó retenciones.

Para los economistas y expertos en impuestos consultados por Infobae la ganancia de corto plazo para las arcas fiscales se compensará negativamente con una nueva ruptura en las reglas de juego, en un contexto en el que el mundo podría demandar más productos de la Argentina por el conflicto bélico en Europa. Y el efecto sobre los precios al consumidor, anticipan, será casi nulo.

“En este momento no hay que hacer ruido; estamos ante mucha volatilidad por incertidumbre. Hay que tranquilizar, no generar más nervios”, indicó Marcelo Elizondo. “El gobierno está debilitado. Con problemas políticos internos serios. No es momento de crear nuevos frentes de controversia, en este caso con el sector privado”, aclaró.

“Pueden argumentar que subieron los precios y tienen necesidades fiscales, pero el sector agro exportador ya está castigado con la brecha cambiaria, con las limitaciones cuantitativas a algunas exportaciones, con el mayor costo en servicios y con las restricciones administrativas (fideicomiso)”. También, “con la presión fiscal enorme, con la inflación, con los límites a importaciones, con la falta de financiamiento (que se agravará por el crowding out que anuncian con el FMI), con el pacto fiscal que agravará impuestos provinciales y ponerle más retenciones es un castigo más”.

Y además enrarecerá el clima político con una controversia con el agro en medio de un debilitamiento político interno.

Jorge Neyro expresó que “las reacciones dependerán mucho de cuánto terminen subiendo las retenciones, pero el campo seguramente reaccionará con medidas de protesta”.

“También está el tema legal, porque seguramente habrá presentaciones judiciales en contra si lo aprueban por DNU o instrumento similar”, aclaró.

“Es probable que enrarezca un poco el clima financiero si hay protestas fuertes. Si hay cese de comercialización puede restringirse un poco la oferta de dólares en el mercado oficial”, advirtió Neyro.

En este sentido, Gabriel Caamaño de Ecoledesma dijo que “es una medida fiscalista, justificada por niveles de precios que son excepcionales; por lo tanto no pueden ser tomadas como permanentes, pero buscan aprovechar una situación excepcional para acomodar los números fiscales”.

“Es pan para hoy y hambre para mañana, porque luego estos precios van a bajar y encima esta suba se da en el contexto de una cosecha que desde el punto de vista de los rindes para el productor no fue buena y estos precios excepcionales vendrían a compensar ese mal resultado”, explicó el economista.

“Puede meter ruido porque va a ratificar que el ajuste va a ser más por el lado de los impuestos que del gasto, más allá de lo que se dice en la carta de intención. Y complicar la liquidación de divisas”, indicó.

En este sentido, el experto en impuestos César Litvin consideró que “el incremento de las retenciones a la harina y el aceite de soja tiene un claro objetivo de caja para aumentar la recaudación fiscal en más de 400 millones de dólares extras”.

“Esta medida tendrá efectos nocivos sobre la actividad económica; representa una transferencia de dinero del sector privado al cual se le pide mayor sacrificio para el sector público”, indicó.

“Repercute en toda la cadena de valor, afectando también a los productores y por supuesto el empleo se verá perjudicado”, aclaró.

“Es inexplicable que en una coyuntura de escasez de reservas se siga castigando a los exportadores y productores generadores de divisas”, advirtió.

Además, aclaró que “un tema no menor es que la modificación de las retenciones debe ser efectuada por ley, con lo cual indefectiblemente tiene que pasar por el Congreso. En ese sentido la Corte ha definido ese criterio en la causa Camaronera Patagónica”.

Félix Rolando, de Andersen, dijo que “el uso y abuso de esta medida la ha transformado en un impuesto directo a la renta totalmente negativo para el desarrollo del comercio exportador. En el contexto actual, está claro que un eventual aumento de las retenciones se inserta en el marco del compromiso con FMI de incrementar la recaudación y de fortalecer el ingreso de divisas para atenuar el déficit fiscal”.

“Según su magnitud, afectará la rentabilidad del sector e incidirá negativamente en los incentivos a producir e invertir en tecnología, frenando el desarrollo del sector agro exportador y en forma indirecta en la generación de mayor empleo. Estas medidas atentan además contra la seguridad jurídica al cambiar las reglas de juego de acuerdo a la coyuntura y en especial porque la experiencia muestra la tendencia permanente a la suba y sin que se vuelva a la situación anterior a dicha coyuntura”, afirmó.

Su par Iván Sasovsky dijo que “utilizar a la propiedad privada mediante resoluciones, que no justifiquen tal decisión de carácter fundamental, con efectos parafiscales genuinos, y no meramente especulativos implica una irrupción sobre el estado de derecho de derecho sin tener potestades constitucionales sino meras motivaciones especulativas”.

“Las gallinas cuando están estresadas no ponen huevos; tomar éste tipo de medidas (que se pueden judicializar pero sin efectos inmediatos) va a poner nerviosa a nuestra gallina de los huevos de oro y si el campo no quiere, el gobierno no puede”.

“Cristina ya sufrió la fuerza y enojo del campo; quizás el gobierno tiene memoria sólo de corto plazo, como pretende que todos la tengamos. Pero meterse con el campo, en temporada de liquidación, puede ser una decisión suicida para un gobierno acéfalo de poder pero con mucho poder de daño con este tipo de medidas”, expresó.

A su vez, su par Mariano Ghirardotti consideró que si bien los productores sabían que “la medida iba a llegar, genera igualmente mucha bronca y tal vez frente en un primer momento las liquidaciones; habrá protestas por tener al Estado cada vez más presente como socio”.

“Lo más lamentable es que, aunque se tome la medida por los altos precios, luego aunque bajen quedarán en pie estas nuevas alícuotas”, opinó el tributarista.

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